El titular de la Asociación Rural del Paraguay, Pedro Galli, manifestó que el gremio sigue con preocupación toda la crisis sanitaria, social y económica que genera la segunda ola de contagio del covid-19 en el país. Al respecto, manifestó que el sector empresarial no considera oportuno sumarle una nueva crisis política al Gobierno, instalando el debate del juicio político.
En comunicación con La Nación, el empresario señaló que si bien es una herramienta constitucional del Poder Legislativo para remover de sus cargos a autoridades en caso de falta de acciones concretas para paliar la crisis sanitaria y social, no considera oportuno el momento, ya que sumaría una crisis política en medio de la pandemia.
“No nos parece a nosotros que en este momento, que está en su peor crisis la parte sanitaria de la pandemia, se tenga que producir también una crisis política. No creemos conveniente un quiebre del proceso democrático en este momento. Aunque es una herramienta constitucional que se tiene, sería una medida extrema, que, considerando la situación, creemos que el remedio sería peor que la enfermedad”, expresó el titular de la ARP.
No obstante, remarcó que sí le parece correcta la presión que puedan llevar adelante los legisladores al Ejecutivo a fin de que puedan buscar la manera de satisfacer las necesidades de la gente, no solo en términos de salud, sino de poner algún tipo de control sobre la reinante corrupción y, sobre todo, evitar la impunidad en los hechos de corrupción.
DIÁLOGO CON EL EJECUTIVO
Indicó que, desde la ARP y los distintos sectores de la producción, están en contacto permanente no precisamente con el presidente de la República, Mario Abdo, pero sí con los ministros de su gabinete, conversando sobre los intereses de los diferentes gremios. “Pedimos al gobierno que tome medidas drásticas y que solucione los problemas para evitar el escalamiento de esta crisis”, abogó.
MANIFESTACIÓN
Por otra parte, señaló que desde la ARP están siguiendo el desarrollo de la movilización ciudadana, cuyos reclamos consideran en cierta manera legítima porque representan la desesperación de la gente, ante la escalada de la pandemia y, sobre todo, ante las numerosas denuncias de corrupción en el sistema sanitario del país.
No obstante, indicó que lo que genera preocupación es que, dentro de esa movilización legítima de la ciudadanía, se estén filtrando personas con ánimos de generar violencia y enturbiar la manifestación.
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