Para el abogado constitucionalista Jorge Vasconsellos no existe una justificación jurídica para no publicar los datos de las personas vacunadas contra el covid-19, ya que el objetivo es transparentar todo el proceso y evitar hechos ocurridos en otros países.
“He tratado y no logré identificar ningún tipo de norma que justifique el secreto en este caso, ni desde el punto de vista de la intimidad ni desde el punto de vista del secreto médico”, dijo el abogado en comunicación con Universo 970 AM.
Sostuvo que el artículo 147 del Código Penal puede ser analizado, ya que regula la relevación del secreto de carácter privado, pero que la vacunación anticovid no reúne las condiciones porque las dosis son adquiridas con dinero de los contribuyentes y el proceso debe ser transparente.
Vasconsellos indicó que el artículo 143 del mismo Código Penal hace referencia a la lesión de la intimidad de las personas, pero que la inmunización, por más que esté vinculada a la salud, no revela la existencia de enfermedades, sino que se trata de un tratamiento preventivo y ante esta situación no hay justificación jurídica para no transparentar el proceso. El Ministerio de Salud emitió un comunicado días pasados sobre la vacunación contra el covid-19 y anunció la publicación de la lista de inmunizados, buscando transparentar el proceso. En su momento alegó “confidencialidad” para no dar a conocer los datos de los beneficiados.
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Betha Borba recurre a abogado tras polémica edición: ¿accionará contra fotógrafo?
La influencer y exreina de belleza Bethania Borba desató polémica por criticar públicamente la edición que realizó el fotógrafo Josué Otazú para su imagen. Se trata de una campaña que realizó la también modelo hace ya dos años para la revista Aleiram Chic, pero que se volvió a viralizar luego de que el profesional compartiera recientemente el detrás de cámara. En medio del revuelo en redes, el joven reveló que fue contactado incluso por el abogado de la famosa.
Invitado al programa Aire de Todos, de Montecarlo FM y el canal GEN, Josué Otazú se mostró sorprendido por la reacción de Bethania Borba a la publicación. Según comentó el profesional, la exreina de belleza prefirió comentar el posteo criticando públicamente su edición, “denigrando” su trabajo, antes de contactarlo personalmente.
“Luego ella me escribió al privado pidiendo que baje la publicación. Si hubiera hecho esto antes de dejar el comentario, sin ningún problema lo hubiera hecho. Todo se soluciona conversando”, expresó. Ya esta tarde, el abogado de la influencer se contactó con el profesional tras la polémica.
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Fue en este contexto que Otazú explicó que, como profesional, tiene contrato con la productora que hizo la campaña de Bethania Borba para Aleiram Chic. De ahí que la decisión de lo que pasará con el posteo de la controversial edición no recae exclusivamente en él. “Es la gente de la revista la que tiene los derechos. Ella firmó con ellos. A quien corresponde decidir eso (lo que pasará) es a la revista”, agregó.
El fotógrafo explicó que su única intención con el posteo era mostrar el despliegue que conlleva esta clase de producción y realizar un estudio acerca de lo que prefieren sus seguidores. ”Sé que el arte es subjetivo. Lo que quería es mostrar cómo hacer un estudio de marcado a la gente que me sigue. Quiero aprender qué le gusta a mi público”, añadió.
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Arnaldo Giuzzio se quedó sin defensor privado, pero sería estrategia para dilatar inicio de juicio oral
El exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, quien estará sentado en el banquillo de los acusados por cohecho pasivo agravado por mantener vínculos con el presunto narcotraficante detenido en Brasil, Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, estará representado por el defensor público Francisco Acevedo, debido a que su abogado particular, Guillermo Duarte, renunció a seguir ejerciendo su representación legal.
Se manejan varias hipótesis sobre la renuncia de Duarte a la defensa de Giuzzio debido a que se menciona que dicha situación sería a los efectos de poder dilatar el inicio del juicio oral y público atendiendo a que el día que se llegue a querer realizar el juicio oral, Giuzzio designará a un abogado particular para que le asista y por ende la audiencia oral se tendrá que posponer nuevamente.
Ahora el tribunal de Sentencia que preside la jueza Adriana Planás deberá fijar la fecha para el inicio del juicio oral para Giuzzio.
Acusación
El 16 de agosto del 2023, los agentes del Ministerio Público, Jorge Arce y Diego Arzamendia, presentaron acusación contra Giuzzio por la supuesta comisión del ilícito de cohecho pasivo agravado y solicitaron juicio oral y público.
El exministro ocupó la titularidad del Ministerio del Interior hasta el 22 de febrero de 2022, cuando fue destituido por el presidente Mario Abdo Benítez, luego de trascender pruebas del trato que mantenía con el presunto narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, hoy procesado en Brasil.
Se había comprobado cómo Giuzzio viajó en el vehículo prestado del capo-narco brasileño para ir a Brasil en plan de vacaciones. Esto sin mencionar que Espíndola pretendía convertirse en proveedor de equipos de blindajes y chalecos antibalas para el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, cuando Giuzzio seguía al frente de la cartera.
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Abogado afirma que sacar o devolver fueros a legisladores es una atribución del Congreso
El abogado Óscar Tuma se refirió sobre la reciente decisión del Senado en restituir sus fueros a Erico Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizzola. Para el exdiputado, la medida no constituye un atropello a la Carta Magna ni al principio de la separación de los poderes del Estado.
“La injerencia de un poder del Estado sobre otro se refiere a la intromisión inapropiada de una rama del gobierno en las funciones que constitucionalmente corresponden a otra rama. En un sistema de gobierno, donde coexisten poderes separados, como el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, es fundamental mantener su independencia para asegurar un equilibrio democrático”, indicó mediante sus redes sociales oficiales.
En ese contexto, Tuma argumentó: ”la facultad de retirar o no la inmunidad parlamentaria a un legislador, permitiendo o no que este se enfrente a procesos judiciales, es una prerrogativa exclusiva del Poder Legislativo. Esto implica que solo la cámara correspondiente, ya sea el Senado o la Cámara de Diputados, según el caso, puede decidir sobre la remoción o el restablecimiento de dichos fueros. Por lo tanto, esta acción en sí misma no constituye una violación al principio de separación de poderes establecido en el artículo 248 de la Constitución Nacional, ya que está prevista dentro de las competencias legislativas”.
Asimismo, dijo que en el artículo 191 de la Constitución no se encuentra explícitamente fijado el proceso de restablecimiento de los fueros. No obstante, argumenta que “en la práctica y según la lógica del sistema legal y parlamentario, si se puede suspender la inmunidad de un legislador para permitir un proceso judicial, implícitamente se entiende que se debe aplicar ese mismo mecanismo para su restablecimiento, y esto ocurre una vez que se resuelvan las causas que llevaron a dicha suspensión, especialmente si el legislador es encontrado no culpable o si el proceso judicial concluye sin una condena”.
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De esta manera, afirma que el restablecimiento de los fueros puede interpretarse como un “retorno al estado de protección original que gozaban los legisladores antes del proceso de desafuero”. Agrega, a la vez, que “la falta de una mención explícita sobre el restablecimiento de fueros en el artículo 191 no impide que este se lleve a cabo; más bien, la capacidad para restablecer los fueros se entiende como parte integral del principio de inmunidad parlamentaria, que busca proteger la independencia del legislativo y asegurar que sus miembros puedan realizar sus funciones sin temor a represalias injustas”.
Tuma argumenta que el restablecimiento de los fueros a un parlamentario se puede considerar como “una consecuencia lógica y necesaria del sistema de inmunidades parlamentarias, siempre y cuando se realice siguiendo los procedimientos adecuados y bajo las circunstancias que justifiquen dicha acción”.
La situación refleja a una interpretación constitucional, prosiguió con su argumento. “Por un lado, algunos argumentan que, si la Constitución no menciona expresamente la posibilidad de restablecer los fueros, entonces tal acción no estaría permitida. Por otro lado, debemos usar la lógica y entender que no todos los procedimientos y facultades necesitan estar detallados explícitamente en el texto constitucional para ser válidos”.
Sostiene que “desde esta perspectiva, si el Congreso tiene la facultad de desaforar a un miembro, implícitamente debe tener la facultad de revertir esa decisión si las circunstancias que llevaron al desafuero cambian, especialmente si la finalidad de la inmunidad parlamentaria es proteger la función legislativa y la independencia del Poder Legislativo”.
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Argentina supera 180.000 casos de dengue, con 129 fallecidos
Argentina atraviesa una epidemia de dengue con cifras históricas que representan más de 6 veces que lo registrado en la temporada anterior 2022/2023. Entre fines de junio del año pasado hasta el 23 de marzo último, el Ministerio de Salud del vecino país contabilizó 180.529 casos, de los cuales 163.419 corresponden solo al 2024, y 129 fallecidos. Además, 398 casos fueron clasificados como dengue grave.
El boletín epidemiológico publicado el 2 de abril señala que el 90 % de los casos son autóctonos, 7 % en investigación y 3 % importados en lo que va de la temporada 2023/2024 (SE 31/2023 hasta la SE 12/2024). La incidencia acumulada hasta el momento para el total país es de 384 casos cada cien mil habitantes.
El panorama resulta crítico pese a que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) de Argentina aprobó en abril del 2023 la vacuna Qdenga contra el virus del dengue, desarrollada por el laboratorio japonés Takeda, que empezó a aplicarse en noviembre pasado para mayores de 4 años. Aprobado en la Unión Europea, Indonesia, Reino Unido, Islandia, Noruega y Brasil, el antígeno requiere de dos dosis, con un intervalo de tres meses, para obtener la protección contra los cuatro serotipos de la enfermedad.
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Brasil, Paraguay y Bolivia
En el mismo boletín se incluyen datos de la Plataforma de Información de Salud para las Américas (PLISA) de la Organización Panamericana de Salud (OPS) sobre la situación del dengue en otros países. En Brasil, hasta el 16 de marzo se reportaron 2.464.265 casos de dengue, tres veces el número registrado en el mismo período del 2023, y 561 fallecidos.
Bolivia informó 11.221 casos de dengue desde inicios del año actual hasta el 24 de febrero, un 82% menos que lo reportado el año pasado, y 9 fallecidos. Mientras que, en Paraguay, hasta el 9 de marzo se notificaron 176.664 casos de dengue, 22 veces lo registrado para el mismo tiempo en 2023. Los fallecidos para el período correspondiente a 2024 fueron 50.
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