Los fiscales Mar­celo Pecci y Susy Riquelme no acep­tarían la irrisoria pro­puesta del abogado Andrés Casati, defensor de las imputadas Patricia Ferreira y Nidia Godoy, presidenta y directora de la firma Imedic SA impu­tadas por producción y uso de documentos no autén­ticos, asociación crimi­nal y la comercialización no autorizada de medi­camentos, quien ofreció donar 600.000 mascari­llas al Ministerio de Edu­cación y 50 camas de tera­pia intensiva para evitar ir a un juicio oral y público.

Pecci y Riquelme, quienes lle­van adelante la causa, argu­mentaron la improcedencia expresando que los hechos que son atribuidos a las dos procesadas son graves. De esta manera, no correría el escrito presentado por Casati en representación de las dos imputadas en el presente proceso penal.

Ferreira y Godoy están imputadas por falsificar facturas de la firma Euro­farma, que posibilitaron el ingreso de medicamentos sin control.

La imputación se basa en la sospecha de producción y uso, en asociación criminal, de facturas y guías aéreas falsas para la importación de principios activos, medi­camentos al país y su comer­cialización no autorizada. El Ministerio Público detectó nueve facturas falsas de Eurofarma, que habrían sido utilizadas por la empresa Insumos Médicos SA (Ime­dic) para importar medica­mentos desde India y China.

Patricia Ferreira enfrenta otro proceso penal por con­trabando, en el que el juez Mirko Valinotti le bene­fició con el arresto domi­ciliario a pesar de que se había pedido la prisión de la mujer y de su padre, Justo Ferreira. A raíz de dicha resolución, el Jurado de Enjuiciamiento de Magis­trados (JEM) solicitó informe al juzgado para analizar la actuación del magistrado y determinar si se ajustó o no a derecho. En caso contrario, podría ser enjuiciado y suspendido en sus funciones.

Asimismo, el juez de Deli­tos Económicos Humberto Otazú fijó para el próximo 10 de marzo, a las 10:30, la audiencia preliminar para Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira. El Minis­terio Público pidió que el caso se eleve a juicio oral y público. El magistrado deberá analizar en la citada diligencia judicial si se eleva a juicio oral y público el pro­ceso penal. En caso de ser así, será un Tribunal de Sen­tencia el que tendrá que juz­gar la conducta de los acu­sados en el presente caso.