El proyecto anterior contemplaba cuatro prisiones con capacidad para más de 5 mil presos, mientras que el proyecto actual es para tres cárceles con capacidad total de solo 3.960 reos.

El hacinamiento en las cárceles nacionales sigue siendo uno de los mayores problemas den­tro de nuestro sistema peni­tenciario y para revertir esto se está llevando adelante la construcción de tres nue­vas cárceles en la ciudad de Emboscada y Minga Guazú; sin embargo, en medio de esta acuciante situación el Minis­terio de Justicia canceló una licitación anterior al asumir este gobierno. El proyecto inicial planteaba la construc­ción de cuatro prisiones en Emboscada con mayor capa­cidad y que iban a terminarse en menos tiempo pero final­mente adjudicaron un pro­yecto para albergar a menor cantidad de reclusos.

El llamado que fue cancelado se había iniciado en diciem­bre del 2017 y contemplaba la construcción de un complejo penitenciario con cuatro cár­celes en un predio de 137.500 metros cuadrados (m2). Iba a tener una capacidad total para albergar a 5.020 perso­nas privadas de libertad. Asi­mismo, se prevía un área total de construcción de obras civi­les de 108.416 m2, que abar­caba los cuatro centros de rehabilitación y reinserción de 27.104 m2 cada uno.

Mientras que las tres peni­tenciarías que están siendo construidas actualmente en las ciudades de Minga Guazú abarcarán en total 105.000 m2 de construcción y tendrán una capacidad para albergar a 3.960 reclusos entre las tres cárceles, una diferencia de 1.060 reos con respecto al proyecto anterior. Es decir que las nuevas obras que se están llevando a cabo por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) tendrán menos capacidad que el proyecto impulsado en el gobierno anterior.

El monto estimado del lla­mado cancelado era de G. 384.983 millones, y del actual es de G. 230.271 millo­nes. Otro dato llamativo es el plazo de ejecución de las obras, ya que en el caso del proyecto cancelado se pre­tendía finiquitar la obra en 12 meses, mientras que las obras actuales tienen un plazo de 24 meses y culminarán en julio de este año. A pesar de esto, el 16 de agosto del 2018, a 24 horas de haber asumido el nuevo gobierno de Mario Abdo Benítez, el ministro del MOPC, Arnoldo Wiens, mediante resolución can­celó el llamado, teniendo en consideración una nota reci­bida por el entonces minis­tro de Justicia, Julio Javier Ríos. El argumento para la anulación del proceso fue que se debía realizar una mayor profundización del mismo para garantizar que su eje­cución reúna los presupues­tos de transparencia, eficien­cia e igualdad de oportunidad consagrada en la legislación positiva vigente.

Lo que no se explica es el por qué achicaron el proyecto que fue dividido finalmente en tres lotes, ya que como se mencionó inicialmente, hay una diferencia de 1.060 reclusos, lo que equivale a la población de una peniten­ciaría completa como la de Pedro Juan Caballero, que alberga a 1.058 personas pri­vadas de su libertad, según los datos más recientes del Ministerio de Justicia.

Por tanto, se puede concluir que el equipo de Mario Abdo Benítez prefirió retardar el proyecto –que ya podía estar concluido– en un plazo de más de un año, y con el que bien se podía haber evitado los motines en las cárceles de San Pedro en el 2019, en el que fallecieron nueve per­sonas, y más recientemente en Tacumbú, donde murieron siete internos. Ya hace un año se hubiera contado con más penitenciarías, se hubiera descomprimido el sistema y no hubiera colapsado el haci­namiento, lo que favorece la proliferación del crimen organizado y los esquemas en las cárceles.

Según los datos oficiales del MOPC, los contratos del lla­mado que se está ejecutando actualmente fueron firmados el 29 de julio del 2019. El pri­mer y segundo lote para las cárceles de Emboscada fue­ron adjudicados a la empresa Aponte Latorre por G. 62.324 millones, y al Consorcio Cor­dillera –integrado por Edivi SA y la Constructora Hei­secke– por G. 62.299 millo­nes, respectivamente.

El plazo establecido para esta obra, como se mencionó, es de 24 meses y según el convenio modificatorio Nº 2, deberá concluir a más tardar para julio de este año.