Para el ex ministro de Justicia Julio Javier Ríos, pesó más el interés de los empresarios que protestaron en la licitación que descomprimir el sistema penitenciario para cancelar llamado clave al asumir el cargo.

Si es que no se hubiera cancelado la licita­ción para la cons­trucción de nuevos estable­cimientos penitenciarios en Emboscada, que se ini­ció en el 2017, se podrían haber evitado muchas tra­gedias dentro de las cárce­les nacionales, incluyendo el último motín en Tacumbú, que dejó siete fallecidos, ya que se pudo haber solucio­nado el problema del haci­namiento en las prisiones.

De acuerdo con los datos del llamado anterior que fue cancelado, el 27 de diciem­bre del 2017 el Ministerio de Obras Públicas y Comu­nicaciones (MOPC) publicó una licitación para la contra­tación de empresas para la construcción de nuevos esta­blecimientos penitenciarios en la ciudad de Emboscada, bajo la modalidad de lici­tación pública internacio­nal. El monto estimado del llamado era de G. 384.983 millones, que iba a ser finan­ciado con fondos de los bonos soberanos.

El motín que causó la muerte de siete personas en Tacumbú pudo haberse evitado con una reorganización que permita descomprimir el sistema penitenciario.

Esta obra debía ser adjudicada en el primer semestre del 2018 y el contrato debía ser firmado dentro de los 20 días poste­riores a la resolución de adju­dicación, que jamás se dio, ya que el proceso fue trun­cado antes de ser adjudicado. Según el pliego de bases y con­diciones, la construcción de la obra iba a durar 12 meses, es decir que en el primer semes­tre del 2019 ya iba a estar con­cluida la nueva cárcel.

Sin embargo, gracias a que se ponderaron los reclamos de empresarios por encima de la necesidad de contar con un nuevo centro de rehabili­tación, el 16 de agosto del 2018, un día después de la asunción del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, el minis­tro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, mediante la Resolu­ción N° 1320 dispuso cancelar el llamado teniendo en consi­deración una nota recibida por el entonces ministro de Justi­cia, Julio Javier Ríos.

Según este documento, se tomó la decisión de cance­lar la licitación para verifi­car a cabalidad el llamado hecho por el anterior titular del MOPC, Ramón Jiménez Gaona. “Basada en las nue­vas políticas del Gobierno entrante y a fin de realizar una mayor profundización del proceso a los efectos de garan­tizar que su ejecución reúna los presupuestos de trans­parencia, eficiencia e igual­dad de oportunidades consa­grada en la legislación positiva vigente”, reza la resolución.

Muchos especialistas han coincidido en que una de las principales problemáticas de nuestras cárceles es pre­cisamente el hacinamiento de personas. En este sentido, según los datos del Minis­terio de Justicia, hay una sobrepoblación crítica del 80% en las cárceles, mien­tras que de acuerdo a los datos del Mecanismo Nacio­nal de Prevención de la Tor­tura en realidad existe una sobrepoblación del orden del 98%, según datos actualiza­dos a enero del 2021.

DILATACIÓN

Ante estos números, es inne­gable que es más que urgente descongestionar los centros de privación de libertad como Tacumbú. Aun así, el gobierno de Mario Abdo Benítez pre­firió dilatar el proyecto, que bien pudo haber estado con­cluido al día de hoy. Conse­cuentemente, con la termi­nación de esta obra también se podría haber evitado la muerte de las siete personas en el último motín registrado en la penitenciaría.

De hecho, no solo pudo evi­tarse la tragedia en Tacumbú, también podría haberse impe­dido la masacre en la cárcel de San Pedro ocurrida en el 2019, en la que murieron nueve pre­sos, cinco de ellos decapitados. Aun así, recién el 8 de febrero del 2019, seis meses después de la cancelación del primer llamado, el MOPC volvió a lici­tar la construcción de cárce­les, esta vez dos en Emboscada y una en Minga Guazú.

La apertura de ofertas se rea­lizó el 10 de junio del 2019 y el 29 de julio del mismo año se firmó el contrato de construc­ción de nuevas penitenciarías. El primer lote fue adjudicado a la firma Aponte Latorre, por G. 62.324 millones, y el lote 2 al Consorcio Cordillera –inte­grado por Edivi SA y Cons­tructora Heisecke– por G. 62.299 millones.

Cabe recordar que en esta última licitación se presenta­ron 16 empresas, en su mayo­ría proveedores nacionales. El llamado se dividió en 3 lotes (pabellones), de los cuales, como se mencionó anterior­mente, dos son para Embos­cada y uno para la ciudad de Minga Guazú. Según el último reporte, las obras tienen un 62% de avance.

Es decir, Mario Abdo y su gabinete perdieron un año y siete meses para firmar el contrato para la construcción de las nuevas cárceles que ya se había planeado en diciem­bre del 2017.

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