Para el ex ministro de Justicia Julio Javier Ríos, pesó más el interés de los empresarios que protestaron en la licitación que descomprimir el sistema penitenciario para cancelar llamado clave al asumir el cargo.
Si es que no se hubiera cancelado la licitación para la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios en Emboscada, que se inició en el 2017, se podrían haber evitado muchas tragedias dentro de las cárceles nacionales, incluyendo el último motín en Tacumbú, que dejó siete fallecidos, ya que se pudo haber solucionado el problema del hacinamiento en las prisiones.
De acuerdo con los datos del llamado anterior que fue cancelado, el 27 de diciembre del 2017 el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) publicó una licitación para la contratación de empresas para la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios en la ciudad de Emboscada, bajo la modalidad de licitación pública internacional. El monto estimado del llamado era de G. 384.983 millones, que iba a ser financiado con fondos de los bonos soberanos.
Esta obra debía ser adjudicada en el primer semestre del 2018 y el contrato debía ser firmado dentro de los 20 días posteriores a la resolución de adjudicación, que jamás se dio, ya que el proceso fue truncado antes de ser adjudicado. Según el pliego de bases y condiciones, la construcción de la obra iba a durar 12 meses, es decir que en el primer semestre del 2019 ya iba a estar concluida la nueva cárcel.
Sin embargo, gracias a que se ponderaron los reclamos de empresarios por encima de la necesidad de contar con un nuevo centro de rehabilitación, el 16 de agosto del 2018, un día después de la asunción del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, el ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, mediante la Resolución N° 1320 dispuso cancelar el llamado teniendo en consideración una nota recibida por el entonces ministro de Justicia, Julio Javier Ríos.
Según este documento, se tomó la decisión de cancelar la licitación para verificar a cabalidad el llamado hecho por el anterior titular del MOPC, Ramón Jiménez Gaona. “Basada en las nuevas políticas del Gobierno entrante y a fin de realizar una mayor profundización del proceso a los efectos de garantizar que su ejecución reúna los presupuestos de transparencia, eficiencia e igualdad de oportunidades consagrada en la legislación positiva vigente”, reza la resolución.
Muchos especialistas han coincidido en que una de las principales problemáticas de nuestras cárceles es precisamente el hacinamiento de personas. En este sentido, según los datos del Ministerio de Justicia, hay una sobrepoblación crítica del 80% en las cárceles, mientras que de acuerdo a los datos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en realidad existe una sobrepoblación del orden del 98%, según datos actualizados a enero del 2021.
DILATACIÓN
Ante estos números, es innegable que es más que urgente descongestionar los centros de privación de libertad como Tacumbú. Aun así, el gobierno de Mario Abdo Benítez prefirió dilatar el proyecto, que bien pudo haber estado concluido al día de hoy. Consecuentemente, con la terminación de esta obra también se podría haber evitado la muerte de las siete personas en el último motín registrado en la penitenciaría.
De hecho, no solo pudo evitarse la tragedia en Tacumbú, también podría haberse impedido la masacre en la cárcel de San Pedro ocurrida en el 2019, en la que murieron nueve presos, cinco de ellos decapitados. Aun así, recién el 8 de febrero del 2019, seis meses después de la cancelación del primer llamado, el MOPC volvió a licitar la construcción de cárceles, esta vez dos en Emboscada y una en Minga Guazú.
La apertura de ofertas se realizó el 10 de junio del 2019 y el 29 de julio del mismo año se firmó el contrato de construcción de nuevas penitenciarías. El primer lote fue adjudicado a la firma Aponte Latorre, por G. 62.324 millones, y el lote 2 al Consorcio Cordillera –integrado por Edivi SA y Constructora Heisecke– por G. 62.299 millones.
Cabe recordar que en esta última licitación se presentaron 16 empresas, en su mayoría proveedores nacionales. El llamado se dividió en 3 lotes (pabellones), de los cuales, como se mencionó anteriormente, dos son para Emboscada y uno para la ciudad de Minga Guazú. Según el último reporte, las obras tienen un 62% de avance.
Es decir, Mario Abdo y su gabinete perdieron un año y siete meses para firmar el contrato para la construcción de las nuevas cárceles que ya se había planeado en diciembre del 2017.