El senador liberal Fer­nando Silva Facetti lamentó que la Jus­ticia sea benevolente con el sector efranistia, que realiza movilizaciones exigiendo la liberación del presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, quien está recluido en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional. Ante la amenaza de Miriam Irún de Alegre, esposa del preso, de tomar medidas más drás­ticas si no se da la liberación del político, dijo que si fuera cualquier otro ciudadano hoy ya estaría imputado.

Fernando Silva Facetti.

“Parece que tenemos que resignarnos que sea así, por­que no tienen ninguna con­secuencia. Ni la Fiscalía ni la Policía, ellos tienen una liber­tad para cometer hechos tipi­ficados como delitos y a ellos no se les aplica”, dijo al recor­dar que quienes se manifies­tan exigiendo la libertad de Alegre son los mismos que incendiaron el Congreso Nacional en el 2017.

COMISIÓN GARROTE

Ante la orden de reclusión de la jueza Cynthia Lovera, un grupo de legisladores oposi­tores en la Cámara de Dipu­tados intentó conformar una mesa de denuncias contra la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, al solo efecto de buscarle una cau­sal de juicio político.

Legisladores ven con preocupa­ción la insistencia de sectores de izquierda, en su mayoría de la concertación Frente Guasu, un sector del Partido Liberal Radi­cal Auténtico y organizaciones sociales, que están buscando crear “una comisión garrote” desde el Congreso Nacional, atropellando todo principio de legalidad.

Silva Facetti sostiene que no existe argumento para enta­blar un juicio político a la fis­cala general por la orden de arresto emitida a raíz del incumplimiento de las medi­das sustitutivas de parte de Alegre. Estos sectores buscan encontrar una causa política y es por ello que están llevando adelante movilizaciones con grupos de 20 a 30 personas, llevando ese mensaje para confundir a la gente.

PROCESO PENAL CORRECTAMENTE APLICADO

“Están tratando de crear una causa política a partir de una causa jurídica que está bien llevada. Como jurídica­mente es imposible sostener que exista alguna irregulari­dad en el caso. Yo tengo más causales para iniciar un juicio político ante la falta de acción de la Fiscalía ante una denun­cia presentada en febrero del año pasado por la Subsecreta­ría de Estado de Tributación por las facturas falsificadas por valor de G. 1.500 millo­nes y que hasta ahora no se hizo nada al respecto”, indicó.

Asimismo, señaló que todas las instancias jurídicas se han manifestado respecto al proceso penal de Efraín Alegre y todas coincidieron en señalar que se enmarca dentro del aspecto legal. Sobre la intención de enta­blar una mesa de recepción de denuncias contra Qui­ñónez, se aproxima más a lo que en el Código Penal se establece como “coacción a un órgano del Estado”. “Te dicen ‘te voy a hacer un juicio político’, y a la consulta de por qué, ‘y por qué lo veré cuando abra la mesa receptora de denuncias por 180 días y cuando tenga un motivo voy a presentar el pedido de jui­cio político’. Esto es un cháke, que está mal, porque afecta la institucionalidad de la Repú­blica”, explicó. Insistió en que el proceso de juicio a Efraín Alegre no sirve como motivo para llevar adelante el juicio político a Sandra Quiñónez porque el proceso penal está correctamente aplicado.

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