El juez de Delitos Eco­nómicos, Humberto Otazú, fijó para el próximo 10 de marzo, a las 10:30, la audiencia preliminar para Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira, accionista y presidenta de la firma Imedic SA, ambos acusados por con­trabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos por la compra fallida de insumos médicos para el Ministerio de Salud durante la pandemia. El Minis­terio Público pidió que el caso se eleve a juicio oral y público. El magistrado deberá analizar en la citada diligencia judicial si se eleva a juicio oral y público el proceso penal. En caso de ser así será un tribunal de senten­cia el que tendrá que juzgar la conducta de los acusados en el presente caso.

Además de Ferreira y su hija, fueron acusados el aduanero Carlos Alberto Gamarra y los funcionarios de Aduanas, Guillermo Molinas y Gustavo Adolfo Acosta, por presunta complicidad. Igualmente, el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento definitivo de Lauri Marcio Pool y Mario Joel Olmedo. La causa guarda relación con la compra de 400 camas hospitalarias manuales y 50 camas hospitalarias eléc­tricas, que no contaban con la autorización técnica de la Dirección Nacional de Vigilan­cia Sanitaria, ni la documen­tación legal correspondiente. Los fiscales de la Unidad Especializada de Anticorrup­ción, Osmar Legal, Francisco Cabrera, Jorge Arce y Diego Arzamendia, solicitaron pri­sión preventiva para todos los imputados en el caso de los insumos médicos chinos.

En su momento las empresas Eurotec e Imedic consiguie­ron un contrato con el Estado por G. 85.000 millones para la provisión de insumos médicos en el marco de la pandemia del covid-19, pero durante el pro­ceso fueron saltando varias irregularidades y terminaron siendo rechazados por no reu­nir las condiciones.

La primera tanda rechazada fue de mascarillas quirúrgicas y trajes de protección. El 23 de abril se rechazó otra partida de trajes de protección y el 27 de abril camas hospitalarias. Pos­teriormente se comprobó que algunos insumos eran falsifi­cados, no tenían las etiquetas al ingresar al aeropuerto, pero ya contaban al llegar al depó­sito del Ministerio de Salud, detectado por la misma Comi­sión de Compras Covid-19.

La misma comisión creada por el Poder Ejecutivo recomendó la rescisión de contratos con las empresas del clan Ferreira, pero en su informe final alegó que no hubo daño patrimonial, a pesar de los insumos falsificados, los precios alzados y el millonario monto recibido como anticipo, unos G. 17.000 millones, de los 85.000 millones del monto total del contrato.