Informe del CIAT: desvirtúan versión de Natalia Zuccolillo
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El Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), ubicado en Panamá, contestó el exhorto remitido por el juzgado a cargo de Elio Ovelar en el marco de la querella presentada por la ex viceministra de Tributación Marta González contra Zuccolillo, directora del diario Abc Color, y el periodista Juan Carlos Lezcano.
Los abogados de la directora de Abc Color pretendían que un organismo internacional se involucre en una cuestión privada, pero la respuesta del CIAT fue que no pueden involucrarse en situaciones judiciales donde el CIAT no es parte, y además alegan que son cuestiones privadas.
Con relación a la contestación del referido organismo internacional, el abogado querellante Jacinto Santa María señaló: “Con esto desaparece el pretexto principal de los acusados para seguir pidiendo la postergación del inicio del juicio oral. Los abogados de Abc siempre sostuvieron que esta respuesta constituía una prueba vital para el ejercicio de la defensa. Ahora espero ansioso que la presenten en el juicio porque es una prueba más que les salió al revés, y constituye un verdadero misil que impacta directamente en la línea de flotación de los ridículos argumentos de la defensa”.
Agregó: “Siento vergüenza ajena por el papelón internacional al que han expuesto a nuestro país los abogados de Natalia Zuccolillo y Juan Carlos Lezcano, quienes recibieron una soberana paliza literaria, diplomática pero contundente, como respuesta de este organismo internacional al que, con fines exclusivamente dilatorios, han molestado innecesariamente para que remitiera nuevamente los mismos datos y documentos ya repetidamente contenidos en el expediente”.
ARGUMENTOS
La mencionada nota del CIAT, fechada en Ciudad de Panamá el 5 de octubre del 2020, en algunas de sus partes señala: “Como organismo internacional, tenemos la política de no involucrarnos institucionalmente en casos judiciales en los que el CIAT ni siquiera es parte, y menos aún cuando se trata de un caso de acción privada, como es este caso”.
Añade: “Sí, hemos intervenido con toda nuestra energía, interés y colaboración el año pasado en Paraguay, en defensa del buen nombre de este organismo de más de 50 años de intachable trayectoria a nivel mundial, cuando una lamentable e irresponsable publicación periodística, después desvirtuada tras la investigación, puso públicamente en tela de juicio la conducta ética del personal del CIAT, y hasta mencionó la supuesta complicidad de esta institución en un hecho supuestamente irregular, que luego fue declarado inexistente”.
Igualmente, menciona el escrito que ya está agregado al expediente judicial. “En esa oportunidad, apenas recibimos la notificación del inicio de la investigación por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) del Paraguay nos sometimos al proceso, proporcionando todo lo que nos han solicitado las autoridades paraguayas, y hemos prestado nuestra máxima colaboración hasta el total esclarecimiento de los hechos, lo cual ocurrió en el mes de agosto del año pasado. Afirma que en dicha ocasión, “cuando recibimos la notificación oficial de la Resolución DNCP Nº 3.247/19, que determinó la absoluta inexistencia de irregularidades en el relacionamiento contractual entre el CIAT y la SET, con lo cual consideramos cerrado ese desagradable episodio, sin precedentes en la historia de nuestra organización”.
Es por eso que ahora no encontramos ningún motivo para que una de las partes en este juicio dé acción privada entre particulares (…). Por esa razón, nos limitaremos en esta oportunidad a señalar, a título de colaboración, que las respuestas a todas las preguntas contenidas en el cuestionario que se nos ha hecho llegar están contenidas en la documentación que se encuentra en poder de las autoridades del Paraguay, y que ya había sido proveída anteriormente por nosotros. La nota, que es más extensa, está firmada por Marcio F. Verdi, secretario ejecutivo del CIAT.
En la última edición del Índice de Mejores Trabajos realizada por el BID queda en evidencia que el 70 % de la fuerza laboral en la región está ocupada, pero a 3 de cada 10 trabajadores no les alcanza para tener los ingresos necesarios para superar el umbral de la pobreza, además el 55 % trabaja en la informalidad. Foto: Archivo
Trabajo de calidad es una “deuda urgente” en América Latina, según informe del BID
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Cuando este 1 de mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores, un contundente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) revela que a pesar de que en América Latina y el Caribe hay empleo, sin embargo, destaca que “es urgente aumentar su calidad”, más aun teniendo en cuenta que la última edición del Índice de Mejores Trabajos de la organización internacional coloca a la calidad del empleo en la región en 41,2 en una escala del 1 al 100.
La misma fuente agrega que el estudio realizado incluye recomendaciones de políticas para mejorar la calidad del empleo cultivando y fortaleciendo las habilidades de la fuerza laboral, entre otras.
Por si fuera poco, el documento también evidencia un hecho de injusticia: las mujeres de América Latina tienen empleos de peor calidad que los hombres con una brecha de 16 puntos en el Índice de Mejores Trabajos.
La informalidad
A pesar de todos los avances sociales y laborales conquistados en las últimas décadas, aun falta mucho por lograr teniendo en cuenta que según las cifras casi un 55 % de los trabajadores de América Latina y el Caribe tiene un empleo informal, sin contrato ni cobertura de seguridad social, y 3 de cada 10 no alcanzan a tener los ingresos necesarios para superar el umbral de la pobreza, esto según la más reciente edición del Índice de Mejores Trabajos del BID, que cada dos años mide la calidad y cantidad del empleo en América Latina.
El estudio que abarca datos para 17 países de la región indica que el 70 % de las personas en edad productiva trabajan, pero con el índice la calidad del empleo es apenas de 41,2 sobre 100. “La dimensión de calidad del índice está compuesta por los indicadores de formalidad laboral y suficiencia salarial para superar la pobreza”, reza el dossier.
“Si bien la dimensión de calidad del Índice se ubica en su nivel histórico más alto desde 2010, su bajo nivel promedio subraya la urgencia de mejorar la calidad del empleo en la región. El Índice de Mejores Trabajos 2024 también refleja importantes brechas en los mercados laborales de la región. Las mujeres de América Latina tienen empleos de peor calidad que los hombres con una brecha de 16 puntos en el Índice de Mejores Trabajos. A su vez, los jóvenes de la región tienen empleos de peor calidad que los adultos con una brecha de 15 puntos en esa dimensión del Índice de Mejores Trabajos.
Grandes brechas
A continuación el informe deja en claro que los países con puntajes elevados en el Índice global presentan las mayores brechas en esos grupos vulnerables. Costa Rica, por ejemplo, que ocupa el número tres en el ranking de la última edición del Índice de Mejores Trabajos, presenta a la vez una de las mayores brechas de género y la menor brecha entre adultos y jóvenes en la región. Uruguay, por su parte, lidera en el Índice de Mejores Trabajos en la región, pero presenta la brecha más grande de calidad y cantidad entre adultos y jóvenes.
Para Laura Ripani, jefa de la División de Mercados Laborales y Seguridad Social del BID, “en una región en la que 70 % de las personas dependen exclusivamente de su trabajo para vivir y mantener a sus familias, la calidad del empleo tiene que aumentar rápidamente. Eso significa generar y conectar a más personas con más empleos formales que les permitan ahorrar para el retiro y tener coberturas de seguridad social frente a riesgos”.
Evolución de la calidad del empleo
En el estudio, según el informe Índice de Mejores Trabajos 2024, la evolución de la calidad del empleo ha sido lenta desde 2010 y, al ritmo actual de crecimiento, llegar a unos 70 puntos tomaría casi 48 años. La dimensión de cantidad ha tenido un comportamiento más o menos estable con una caída en 2020 producto de los efectos de la pandemia en el empleo, recuperándose para 2022.
Recomendaciones
Algunas de las soluciones e iniciativas que impulsa el BID para aumentar la calidad del empleo en la región se refieren a equipar al capital humano con habilidades alineadas a las necesidades de talento de los sectores productivos de cada país, promover el empleo formal con menores costos haciendo universal parte de la seguridad social, e impulsar el acceso a empleos fortaleciendo los servicios públicos de empleo
“En Bolivia, por ejemplo, el Programa de Apoyo al Empleo ha facilitado el acceso a empleos de calidad en empresas a más de 50.000 personas trabajadoras, la mayoría mujeres y jóvenes, con capacitaciones laborales en planta”, refiere el informe.
Indicadores
El Índice de Mejores Trabajos es una de las herramientas del BID para identificar las áreas de oportunidad para desarrollar e impulsar la productividad en América Latina y el Caribe. Evalúa cómo son los empleos de los países a través de dos dimensiones: cantidad y calidad.
La dimensión de cantidad está compuesta por dos indicadores: la tasa de participación laboral y la de ocupación. La de calidad se construye con las tasas de formalidad y de trabajos con salario suficiente para superar la pobreza. Así, el índice es la media ponderada de estos cuatro indicadores y sus puntuaciones van de 0 a 100. Para que un país obtenga 100 puntos, todas las personas que participan en la fuerza laboral deben estar empleadas con un trabajo formal que les aporte un salario suficiente.
Filtraciones: desmontan mentiras de Abc que defienden a Marito y gavilla
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Funcionarios de instituciones que colaboraron para destapar el operativo garrote montado en la Seprelad en la era Abdo son blanco de ataques por parte de la defensa mediática del exmandatario. Liliana Alcaraz, actual ministra de Seprelad, y Juan Patricio Vallejos, director de investigación de la institución, refutan las mentiras de Abc.
Por Cinthia Mora
La estrategia mediática instalada desde el Grupo Zuccolillo para defender al expresidente de la República Mario Abdo Benítez y exmiembros de su gabinete consiste en sistemáticas campañas de desprestigio contra funcionarios que colaboraron para esclarecer el operativo de montaje y filtración de informes de la Seprelad con fines políticos.
En todas las publicaciones realizadas por el medio abdista, que amplifican la versión de los abogados defensores de los imputados sobre la causa penal abierta por las filtraciones, existen más cuestionamientos y ataques al trabajo de la Seprelad y la Fiscalía antes que hacer mención a los graves hechos mencionados en el acta de imputación.
Una de las afectadas por la campaña de ataques es Liliana Alcaraz, actual ministra de la Seprelad, quien al llegar al cargo en el mes de agosto de 2023 ordenó una investigación interna para poner en orden la casa y colaborar con la investigación de la Fiscalía.
La funcionaria fue acusada, sin fundamentos, por el diario Abc de ser “partícipe” de las filtraciones en el mes de enero de 2022, ya que la misma, supuestamente, ejercía el rol de “punto de contacto” del sistema que recibió el pedido de información de la Fiscalía de Panamá sobre Cartes.
Resolución de la FGE donde se prueba que el funcionario Juan Patricio Vallejos, de la Seprelad, gozaba de un permiso sin goce de sueldo.FOTO: GENTILEZACopia del correo donde se prueba que Gafilat otorgó contraseña de acceso a Liliana Alcaraz recién el 8 de marzo de 2022.FOTO: GENTILEZA
Documentación mediante, se desmonta una de las tantas mentiras de Abc y se prueba la versión de Alcaraz, quien afirmó que recién tuvo acceso al sistema mencionado el 8 de marzo de 2022, dos meses después de haberse registrado la filtración a los medios Abc Color y Última Hora, y de la declaración del entonces ministro del Interior Arnaldo Giuzzio, quien fue el responsable de revelar públicamente el contenido del pedido de cooperación de la Fiscalía panameña.
La investigación interna de la Seprelad proveyó a la Fiscalía datos del registro informático de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad, testimonios de funcionarios e información precisa sobre los partícipes del montaje de una oficina paralela dentro de la institución exclusivamente para perseguir a los enemigos políticos del gobierno de turno.
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN TAMBIÉN REFUTA MENTIRA DE ABC
Juan Patricio Vallejos Riart, actual director de Investigación Jurídica de la Seprelad, desmintió las publicaciones del diario Abc donde se aseguraba que el mismo cobró doble remuneración.
La versión difundida por Abc es que, entre julio de 2022 y julio del año pasado, este funcionario cobraba simultáneamente en dos entes públicos. Uno de ellos era el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, como director de Gestión Interna, mientras que el otro era el Ministerio Público, como asistente fiscal.
El funcionario acreditó, documento de por medio, que nunca se benefició cobrando doble salario. La resolución 2161 de fecha 15 de junio de 2022 de la Fiscalía General del Estado le otorgaba permiso sin goce de sueldo desde el 1 de julio de 2022 hasta julio de 2023.
Sobre el desempeño de sus funciones al frente de la Dirección de Investigación Jurídica de la Seprelad y los resultados de la investigación interna sobre las filtraciones señaló, en contacto con nuestro medio, que solo se limitó a realizar sus funciones en el marco de lo que la ley establece.
El número de personas en situación crítica aumentó en 24 millones respecto a 2022, según este informe elaborado conjuntamente por 16 agencias de la ONU y organizaciones humanitarias. Foto: AFP
La inseguridad alimentaria aumentó a 282 millones de personas en 2023
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La inseguridad alimentaria empeoró en el mundo en 2023 y cerca de 282 millones de personas necesitaron ayuda de emergencia a causa de los conflictos, especialmente en Gaza y Sudán, así como por episodios climáticos extremos y crisis económicas, según un informe divulgado el miércoles.
El número de personas en situación crítica aumentó en 24 millones respecto a 2022, según este informe elaborado conjuntamente por 16 agencias de la ONU y organizaciones humanitarias. En América Latina destaca el caso de Haití, donde la violencia y la inestabilidad política provocan que 1,8 millones de personas se encuentren en una situación de extrema vulnerabilidad alimentaria, es decir 200.000 más que en 2022.
Globalmente es el quinto año consecutivo en el que el número de personas en estado de inseguridad alimentaria aguda aumenta en el mundo. Unas 700.000 personas se hallaban al borde de la hambruna en 2023, de las cuales 600.000 en Gaza. Una cifra que aumentó en ese territorio palestino en los últimos meses a causa de la guerra entre Hamás e Israel.
Peor es la situación en Sudán, protagonista de la peor crisis de refugiados mundial y en guerra desde hace un año, y donde otros 8,6 millones de personas se añadieron a la lista de afectados por la inseguridad alimentaria (20,3 millones en total en el país). “Hay un claro deterioro en el contexto de crisis alimentarias clave como Sudán y la Franja de Gaza”, explicó a la AFP Fleur Wouterse, directora adjunta de la oficina de urgencia y resiliencia de la agencia de Naciones Unidas para la agricultura (FAO).
Desde el lanzamiento del informe en 2016 por parte de la Red Mundial contra las Crisis Alimentarias, una alianza que reúne a organizaciones de la ONU, la Unión Europea, los Estados Unidos y otras organizaciones humanitarias, “el número de personas en situación de inseguridad alimentaria ha aumentado de 108 millones a 282 millones, mientras que la prevalencia (la proporción de la población afectada dentro de las áreas concernidas) ha aumentado del 11% al 22%”, señala Fleur Wouterse.
La vulnerabilidad de los refugiados
Y la crisis alimentaria ha persistido desde entonces en Afganistán, la República Democrática del Congo, Etiopía, Nigeria, Siria y Yemen, destaca. En América Latina, la llegada constante de migrantes y refugiados a Colombia, Perú y Ecuador constituye una fuente de preocupación, además del impacto del fenómeno climático El Niño.
En Colombia, por ejemplo, mientras que solamente el 3 % de la población autóctona se enfrentó a una situación alimentaria severa (1,6 millones de personas), el 62 % de los migrantes y refugiados (2,9 millones) se hallaba en esa situación de vulnerabilidad. Venezuela también es uno de los países “que ha sido identificado como preocupante en todas las ediciones” de este informe, recuerdan los autores.
A pesar de que la producción de cereales aumentó, la inflación fue el gran problema del país caribeño, donde “el precio de la cesta básica siguió siendo cuatro veces más alta que el salario mensual”. “En un mundo de abundancia, los niños mueren de hambre. Las guerras, el caos climático y la crisis del costo de vida, combinados con una acción inadecuada, resultan en cerca de 300 millones de personas enfrentando una crisis alimentaria aguda en 2023″, lamenta el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, en el prólogo del informe.
“Los fondos no están a la altura de las necesidades. Los gobiernos deben fortalecer los recursos disponibles para el desarrollo sostenible”, insta. Especialmente porque los costos de distribución de la ayuda han aumentado. Para 2024, el desarrollo “dependerá del cese de las hostilidades”, señala Fleur Wouterse. “Tan pronto como los accesos humanitarios” a Gaza y Sudán sean posibles, por ejemplo, la ayuda podría “mitigar rápidamente” la crisis alimentaria, dice.
Grupo Zuccolillo, metido en negocio de criptomonedas sin pagar tarifa fijada por Ande
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En medio de la fiebre por la criptomoneda y los allanamientos que se realizan a las granjas mineras que operan de manera ilegal en el país, una investigación periodística del programa “La caja negra” reveló que el Grupo Zuccolillo estuvo metido en el negocio a través de su empresa Esur SA (Energías del Sur), usando como pantalla a un shopping para no abonar la garantía ni la tarifa especial establecida por la Ande. La pérdida ocasionada ronda los USD 300.000.
Fuente: “La caja negra”.
De acuerdo a su página web, la empresa Esur SA forma parte del Grupo Azeta de la familia Zuccolillo. Esta firma inició sus operaciones en el año 2011 con el objetivo de desarrollar negocios en el sector energético, a través de la administración y distribución de energía eléctrica en algunos centros comerciales, entre ellos el Shopping Mariscal y Abasto Norte, pertenecientes al mismo grupo empresarial.
En setiembre de 2019, la empresa encabezada por Micky Zaldívar incluyó en sus negocios la minería de datos, específicamente criptomonedas, para utilizar la tecnología de Blockchain, lo cual consta en la página web del Grupo Azeta.
Luego de la pandemia, al registrarse el “boom” de la criptominería y el alto consumo que conllevaba este negocio, la Ande comenzó a tomar medidas contra las actividades de las empresas como Esur SA que utilizaban mucha electricidad, pero que pese a ello pagaban un módico monto, por lo que fijó una tarifa especial y comenzó a regularizar esos emprendimientos.
Fue así que en setiembre de 2023, el Departamento de Gestión de Grandes Clientes de la Ande remitió una notificación a la empresa Penta SA, de los Zuccolillo, que se encarga del Shopping Mariscal, al detectar “fuertes indicios de que en el sitio se estaban desarrollando actividades asociadas a la minería de criptoactivos”.
En esa oportunidad llamó la atención a la Ande que la actividad comercial que funcionaba en el lugar bajo la categoría de shopping y edificio corporativo no cuadraba con el alto consumo que registraba en la práctica durante las 24 horas. Este factor hizo presumir que se utilizaba el mismo NIS del centro comercial como pantalla para la actividad de minería, al hacer pasar la elevada demanda eléctrica como una fachada industrial.
En su misiva, la Ande puso en conocimiento de los Zuccolillo que estaba en vigencia la Resolución n.° 47191/2022 y su modificación 47708/2023, por la cual se crea el Grupo de Consumo Intensivo Especial, y aprueba las tarifas para los usuarios abastecidos en Muy Alta Tensión (220 kV), Alta Tensión (66 kV) y Media Tensión (23 kV), que desarrollan el procesamiento de datos, provisión de servicios de almacenamiento de información, incluyendo la minería de criptoactivos, blockchain, token y data centers.
Notificación remitida por la Ande a la empresa Penta SA por fuertes indicios de que en el sitio se estaban desarrollando actividades asociadas a la minería de criptoactivos.
Ese mismo mes, en una nota enviada por el director del establecimiento, Jorge Mendelzon, al titular de la Ande, Félix Sosa, la respuesta dada fue que la empresa Penta no se dedica a la actividad de minería; sin embargo, sí lo hacía en sus instalaciones la firma Esur SA, la cual realizaba además la “gestión interna” de la energía eléctrica en algunos centros comerciales. En su escrito, Mendelzon explicó que el NIS 1293023 correspondía a Esur hasta el 5 de julio de 2022, fecha en la cual transfirió el mismo a Penta, por discontinuidad de este modelo de negocio, quedando vinculado a Penta como cliente por el suministro de energía.
Además, de acuerdo con el documento, por las nuevas tarifas fijadas por la Ande, Esur tomó la decisión de cesar las actividades de minería en el predio de Penta en el mes de marzo de 2023.
De acuerdo con el importe facturado por la Ande, en el año 2022, la empresa Esur registró consumos de entre 650.000 y más de 1 millón de kWh, abonando un promedio de 300 millones de guaraníes al mes, cuando operaba en el shopping. Desde el cambio de titular, cuando ese NIS pasó a nombre de Penta, este cliente presenta consumos similares hasta la fecha, promediando1 millón de kWh y abonando por dicho suministro poco más de 300 millones de guaraníes mensuales a la Ande.
En la actualidad, la empresa Esur SA no tiene ningún suministro asociado en el Sistema de Gestión Comercial en estado activo con la Ande, según confirmaron desde esa institución. Mientras que su anterior NIS figura a nombre de Penta SA, del Shopping Mariscal, a través de un contrato en la categoría de Media Tensión, con Potencia de Contrato 2.800 kW desde el 3 de agosto de 2022.
TARIFA ESPECIAL
En octubre del año 2022, la Ande estableció la tarifa especial por el consumo de las granjas de criptomonedas, y recién en marzo de 2023 la empresa de los Zuccolillo terminó con las actividades de minería dentro de las instalaciones del shopping, por lo que se puede notar que por varios meses siguió explotando el negocio sin pagar a la Ande el monto que correspondía.
PÉRDIDA PARA LA ANDE
La Administración Nacional de Electricidad (Ande) sufrió una pérdida de 300 mil dólares a finales de 2022 e inicios de 2023, ocasionada por la empresa Esur SA (Energías del Sur), del Grupo Zuccolillo, firma que explotaba el rubro de las criptomonedas sin pagar la tarifa fijada para ese negocio. La nueva tarifa de la Ande para el negocio de las criptomendas exige un contrato especial y el pago de una tarifa especial más el depósito de una garantía de USD 104.000.
En noviembre de 2022, cuando ya regía la tarifa especial por el consumo de las granjas de criptomonedas, este cliente abonó G. 291.215.000 al seguir en la categoría 412 de menor consumo, cuando en realidad debía figurar en la categoría 912 de consumo Intensivo Especial en Media Tensión (aplicable a su negocio) y tenía que pagar G. 549.729.000.
En diciembre, Esur desembolsó la suma de G. 304.619.000, pero el monto que debió pagar fue G. 560.725.000. En enero de 2023, abonó G. 364.319.000, siendo que el importe tuvo que haber sido el doble, de G. 640.992.000. En febrero, el monto facturado fue de G. 348.542.000, muy por debajo de los G. 624.617.000 que debió pagar. En marzo, el importe abonado fue de G. 323.398.000, y no el monto previsto para esta actividad, que fue de G. 584.701.000. Finalmente, en el mes de abril se facturó el total de G. 316.455.000, cuando la cifra tuvo que haber sido G. 572.657.000.
Haciendo la sumatoria de las diferencias entre el monto de la tarifa eléctrica que pagaba cada mes y el que realmente debía hacerlo, la pérdida ocasionada a la Ande fue de G. 1.584.873.000, que al cambio actual da USD 214.846.
Respuesta del gerente de Penta SA, Jorge Mendelzon, donde admite que explotaban criptominería en el mismo predio del Shopping Mariscal
LA PRESIÓN DEL GRUPO CONTRA LA ANDE
Revisando los antecedentes de la empresa Esur, se encuentra que la misma pretendió en el pasado que la Administración Nacional de Electricidad (Ande) tercerice a su favor el suministro de energía, pero obtuvo la negativa del Gobierno de ese entonces. En una nota del 15 de setiembre de 2014, Miguel Ángel “Micky” Zaldívar –esposo de Natalia Zuccolillo– manifestó que su firma Esur SA estaba interesada en realizar negocios en materia energética. “Estamos interesados en realizar inversiones en infraestructura, en nuevas subestaciones de áreas urbanas construidas con recursos propios, operadas y mantenidas por nuestros profesionales”, decía el escrito.
Ante el rechazo al pedido realizado, el Grupo Zuccolillo empezó una abierta campaña en contra de la Ande a través del diario Abc Color, al no haber prosperado el negocio que tenía entre manos.
APOYO DE ABC AL NEGOCIO CRIPTO
En la actualidad, el medio de comunicación del Grupo Zuccolillo presenta una posición favorable al negocio de las criptomonedas, tal como puede observarse en el abordaje que le da al tema, con la seguidilla de publicaciones sobre los beneficios de este rubro, como por ejemplo las inversiones que pueden realizarse en el país, y el elevado monto que manejan estos emprendimientos, además de exponer que al país le conviene vender el excedente de las binacionales a las criptominerías en vez de ceder a los países vecinos.