El juez de Delitos Económicos, José Delmás, por segunda vez, volvió a intimar a los fiscales Francisco Cabrera y Osmar Legal para que dentro del plazo de 24 horas determinen la titularidad del cuadro secuestrado y fije el monto de los embargos solicitados por el Ministerio Público, así como las inhibiciones de gravar y vender contra el actual senador colorado Rodolfo Friedmann y su esposa Marly Figueredo, imputados por lavado de dinero y asociación criminal. Ahora los fiscales deberán responder a la nueva intimación del juez Delmás.
Desde octubre del 2020, los fiscales mencionados no han cumplido con la primera intimación que realizó el magistrado Delmás, por lo que luego de un informe firmado por la actuaria del citado juez, el mismo decidió volver a intimar a los representantes del Ministerio Público para que fijen el monto del embargo y la titularidad del cuadro secuestrado en varios allanamientos ejecutados por los investigadores.
Con la grave falencia de los fiscales Cabrera y Legal en relación con cuantificar el monto que debe ser embargado, a estas alturas los dos imputados ya pudieron haber vaciado sus cuentas bancarias, así como haber transferido sus inmuebles a terceros.
Es importante mencionar que el Tribunal de Apelación integrado por Bibiana Benítez, Emiliano Rolón Fernández y Arnulfo Arias, en fecha 30 de octubre del año pasado, revocó las resoluciones donde se ordenó el embargo y bloqueo de las cuentas bancarias de Friedmann y su esposa. El fundamento del Tribunal de Apelación fue que no se estableció un monto específico en cuanto a los bloqueos de cuentas bancarias.
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Aumento en recaudaciones ayudará a alcanzar planes de convergencia fiscal
El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, explicó que el aumento en la recaudación a través de la fusión de Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) en USD 457 millones es un resultado esperado, pero mucho más rápido que lo proyectado inicialmente.
El hecho otorga tranquilidad para alcanzar a fin de año los planes de convergencia fiscal previstos. “Esta parte de los impuestos es fundamental para hacer frente a los gastos o los planes de Gobierno. Lógicamente, el hecho de estar recaudando esta suma, que es bastante importante, da un poco más de tranquilidad”, comentó.
El ministro estuvo en comunicación con el programa “Arriba hoy”, emitido por Canal GEN/970, y también señaló que la recaudación permitirá tener recursos para gastar en los sectores prioritarios como salud, educación, seguridad y transferencias sociales.
Sobre la optimización del gasto público, acotó que acciones como haber fusionado el Ministerio de Hacienda con la Secretaría Técnica de Planificación y la Secretaría de la Función Pública permitieron eliminar más de 80 cargos gerenciales que se tenían.
“El ahorro que se tiene en el rubro de salarios es de alrededor de 9 millones de dólares. Creemos que vamos en la dirección correcta a través de las fusiones de las entidades”, manifestó.
Valdovinos remarcó que otra cuestión es la nueva Ley de Compras Públicas, que será implementada entre el MEF, la Contraloría General de la República, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), y el Banco Central del Paraguay (BCP).
“Entre todos vamos a ser los encargados de la implementación que hará las compras públicas mucho más rápidas, eficientes, transparentes y baratas”, agregó.
PASOS GRADUALES
Expresó que estos son pasos graduales con los que se avanza en la dirección correcta y que permitirán que con los recursos que se dispongan tengamos más bienes.
Acerca de la creación de empleos, dijo que el Estado tiene que generar las condiciones adecuadas para que el sector privado pueda invertir. “De a poco está dando resultados todo lo que se está haciendo para demostrar al Paraguay como ese país que es previsible y tiene un esquema tributario competitivo”, puntualizó.
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Senadora apelará resolución que la obliga a desbloquear de X a abogada
Tras la resolución del juez Rubén Darío López que obliga a la senadora Norma Aquino “Yamy Nal” a desbloquear de X a la abogada Alejandra Peralta Merlo, la legisladora adelantó que apelará esta resolución judicial. La parlamentaria se sostiene en que tiene potestad de restringir su cuenta a quien considere pertinente dado que ella no es fuente de información pública.
“Mañana estaríamos presentando el recurso de apelación. Un juez no puede desconocer la ley, el sentido de la misma y es claro yo no soy fuente de información pública, según lo que dice la ley de transparencia N° 5282, entonces lastimosamente se debe subsanar el error cometido”, aseveró Aquino en conversación con La Nación/Nación Media.
Asimismo añadió, “si ellos se mantienen en esto que no está bien, voy a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia si es necesario”. Para la senadora, este fallo judicial deja un mal precedente puesto que obliga a los funcionarios públicos de cualquier jerarquía a someterse al amedrentamiento a través de redes sociales.
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“Lo que hoy se produjo fue un adefesio jurídico que sienta un precedente horrible para la justicia porque quiere decir que si de por ahí hay una persona que te está molestando en tu perfil personal, le tenes que aceptar y no bloquear porque de lo contrario te pueden hacer un recurso de amparo”, cuestionó.
Aquino recordó que hay una diferencia entre un perfil personal y una cuenta institucional, por lo que ella puede restringir sus redes sociales para ciertas personas si así lo desea. La senadora afirmó que se ceñirá a lo dispuesto por el juez y que desbloqueará momentáneamente a la abogada Peralta Merlo, esto en tanto, se resuelve el recurso de apelación.
“Yo persisto en mi postura en que está equivocada esta señora, imagínense que esto se siente como jurisprudencia, esto atenta contra al derecho a la privacidad de las personas. Creo que es la primera vez en que todo el mundo está de acuerdo conmigo, inclusive periodistas de varios medios me han dado la razón por primera vez”, expresó.
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Emiliano Rolón designa a nuevo fiscal para investigar a Abdo Benítez y su gavilla
El fiscal Osmar Segovia, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, conformará el equipo de agentes encargados de investigar al exmandatario Mario Abdo Benítez y otros ocho altos funcionarios de su administración por siete posibles hechos punibles en el marco de la denuncia por persecución política durante su gobierno con el uso de las instituciones públicas.
La decisión fue dada conocer en el transcurso de este viernes mediante la Resolución n.° 986 firmado por el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón. De esta forma, Segovia se integra al equipo conformado por Fabiola Molas y Guillermo Sanabria para continuar con las investigaciones en torno a las supuestas filtraciones de informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
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Segovia reemplazará en el proceso investigativo a su colega de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Luis Said. Hay que señalar que la imputación inicial contra el líder del movimiento Fuerza Republicana y su gavilla estuvo a cargo de los agentes Aldo Cantero y Giovani Grisetti, quienes terminaron siendo apartados de la causa.
Además de Abdo están imputados: Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda, Francisco Pereira y el diputado Mauricio Espínola. Los supuestos delitos cometidos atribuidos a los mismos son: revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
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Conmebol urge a Fiscalía accionar contra Atlas por caso de lavado
La matriz del fútbol sudamericano exige que el Ministerio Público paraguayo avance en la investigación penal, que actualmente está paralizada. Luego de seis años de presentada la denuncia documentada y de haberse realizado algunos allanamientos, no hubo avances.
A través de su abogado, Claudio Lovera, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) reiteró al Ministerio Público un urgimiento para que esta institución se pronuncie e inicie una acción penal en torno a la denuncia presentada hace ya más de seis años por operaciones sospechosas de lavado de dinero, que involucran a la matriz del fútbol sudamericano de años anteriores y al banco Atlas SA. El urgimiento fue presentado en fecha 11 de marzo pasado ante la Fiscalía.
“En atención al tiempo de investigación transcurrido, los elementos acompañados en su oportunidad, así como los que fueran recopilados en el marco de la actividad fiscal preparatoria, se solicita que el Ministerio Público emita un pronunciamiento en el marco de los hechos acontecidos y acorde con el ejercicio e impulso de la acción penal pública”, señala el documento presentado ante el Ministerio Público.
Tras dar apertura a una investigación penal, el Ministerio Público llegó a recabar evidencias sobre el asunto, mediante allanamientos a la sede del banco Atlas SA y a la Superintendencia de Bancos ante la negativa de estas instituciones en proveer información. En estos procedimientos se incautó una serie de documentos.
Estas diligencias realizadas en el pasado dan cuenta que el órgano investigador sostiene que en determinados lugares podrían hallarse indicios de un hecho punible.
Pese a esas primeras medidas, la Conmebol señala que la Fiscalía se llamó a silencio y abandonó cualquier otra iniciativa tendiente al esclarecimiento de la denuncia. Hay que recordar que la Conmebol presentó la denuncia en tiempo y forma, en fecha 4 de febrero de 2021. La primera denuncia había sido presentada ya en el año 2017.
ANTECEDENTES DEL CASO
Los fiscales que llevaron el caso fueron Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, y la causa incluso estuvo paralizada en la Seprelad, en el tiempo en que Carlos Arregui estaba al frente de la citada institución.
La Conmebol quiere recuperar los fondos que le pertenecen (alrededor de unos USD 200 millones) que se esfumaron de la Confederación en administraciones anteriores; ya se recuperaron USD 128 millones gracias a la ayuda de la Justicia norteamericana y Suiza. Desde la matriz del fútbol sudamericano se aguarda que la Justicia paraguaya también haga lo que le corresponde.
El banco de la familia Zuccolillo se expone a sanciones penales y sanciones administrativas. La Ley n.º 1015 Previene y Reprime los Actos Ilícitos Destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes, en su artículo 4.° Sanción Penal señala que el delito de lavado de dinero o bienes será castigado con pena penitenciaria de dos a diez años.