En numerosas ocasio­nes, Guillermo Duarte Cacavelos ha recusado a los distintos jueces que han sido designados para llevar adelante el caso del asesi­nato de Rodrigo Quintana, el joven liberal que murió la noche del denominado 31-M. De esta manera el jurista se ha encargado de interponer la mayor cantidad de obstácu­los al proceso judicial y evitar de esta manera que la verdad del asunto salga a la luz.

Como ejemplo de estas arti­mañas se puede mencionar que el pasado mes de noviem­bre cuando debía llevarse a cabo la audiencia preliminar el abogado del Partido Libe­ral Radical Auténtico (PLRA) decidió recusar a la jueza penal de Garantías Hilda Benítez Vallejo; utilizando para esto el argumento de supuesta par­cialidad en el presente proceso penal. Esto paralizó una vez más la mencionada audiencia.

Así en reiteradas oportunida­des el abogado ha metido chi­canas en el pleito para que no se pueda avanzar. Lo mismo ocurrió con la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera, quien también fue recusada. Todo esto no deja dudas de las intenciones de esconder la realidad de lo sucedido en aquella noche.

En este sentido, cabe recor­dar que durante años se ocul­taron reveladoras imágenes de la escena del crimen del extinto dirigente liberal que comprometían a adherentes del líder azul, que movieron varios elementos en el lugar.

Recién a través de una inves­tigación del diario La Nación se pudo comprobar efectiva­mente que los propios miem­bros del PLRA fueron quienes transformaron la escena del crimen. Actualmente los acu­sados en el caso y que aguardan su audiencia preliminar son: el suboficial Gustavo Florentín, principal sospechoso; el subo­ficial Guido Amarilla y el comi­sario Tomás Paredes Palma.

Después de mediatizarse las imágenes, fueron impu­tados Olga María Paredes, Ramona Mabel Cantero, Fernando Cáceres, Stiben Patrón y Efraín Alegre Irún, hijo del presidente del PLRA. Este último, igual que Patrón, fue imputado por la Fiscalía debido a que intentó inutili­zar varios datos almacena­dos magnéticamente en las CPUs del PLRA, con las cua­les podían ser visualizadas las imágenes de las cámaras del lugar.

Si bien en un principio se dijo que el crimen de Rodrigo Quintana, ocurrido el 1 de abril del 2017, se debió a un asesinato a sangre fría por parte de la Policía Nacional, gracias a las imágenes con­seguidas posteriormente se logró ampliar el proceso y con­trarrestar el discurso del titu­lar del PLRA, Efraín Alegre, que usó el nefasto acto para apuntalar su cruzada política con miras a las elecciones pre­sidenciales del 2018.