La diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González reiteró que el titular de Petróleos Para­guayos (Petropar), Denis Lichi, debe ser destituido del cargo por el mandatario Mario Abdo Benítez tras el polémico acuerdo entreguista entre la institución y la firma Texos Oil, que pretendía cerrarse con el pago de unos US$ 7 millones.

“Denis Lichi debe ser des­tituido de Petropar, una empresa lastimada por la secuencia de autoridades corruptas e impunes. El pro­blema cultural de indecen­cias sucesivas de la petrolera debe terminar y eso signi­fica que no puede seguir en manos de quienes justifican el latrocinio”, mencionó la legisladora.

Por otra parte, González cri­ticó la actuación de la Jus­ticia ante hechos similares, trayendo a colación una de las obras clásicas y más céle­bres del siglo de oro español, “Fuenteovejuna”, de Lope de Vega, publicada en 1618, la cual sugiere a un prota­gonista colectivo, los habi­tantes del pueblo de Fuen­teovejuna, como asesinos del comendador mayor de Calatrava, Hernán Pérez de Guzmán, por agravios acu­mulados, opresión y abuso del poder.

“¿Cuántas veces tenemos que equivocarnos y levantarnos? ¿Cuántas veces la Justicia fir­mará con su ceguera salvo­conductos e indultos? Hasta que el pueblo grite Fuenteo­vejuna, señor”, mencionó.

Desde diciembre del 2011, Petropar mantiene una puja judicial con la empresa argen­tina Texos Oil, que planteó una demanda por daños y perjuicios por responsabili­dad contractual reclamando su derecho a cobrar, sin fun­damento, poco más de US$ 30 millones, monto que des­angraría las arcas de la petro­lera estatal.

El equipo de “La caja negra” obtuvo de forma exclusiva el documento en el que se plasma un sospechoso acuerdo conci­liatorio de carácter extrajudi­cial para la entrega de US$ 7 millones a favor de la empresa argentina. El documento lleva la firma del procurador gene­ral Sergio Coscia; el titular de Petropar, Denis Lichi, y Ser­gio Guillermo Marssiletti en representación de la firma Texos Oil SRL. El mismo estipula poner fin al conflicto judicial y concretar “concesio­nes recíprocas”.