Varios gremios de la producción se unieron y emitie­ron un comunicado por el cual exigen al Poder Ejecutivo que vete el proyecto de ley san­cionado recientemente por el Congreso Nacional, res­pecto al caso Marina Cué, actualmente reserva Yberá, que permite la regularización de la tenencia de las tierras a favor de los campesinos víc­timas de la masacre de Curu­guaty. Advierten que esta ley sancionada que expropia las tierras a favor de los ocu­pantes ilegales viola leyes ambientales vigentes.

Al respecto, el ex ministro de la ex Secretaría del Medio Ambiente, hoy Ministerio del Medio Ambiente y Desarro­llo Sostenible, Rolando de Barros Barreto así como el titular de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Pedro Galli, coincidieron en seña­lar que esta situación crea un precedente nefasto para la conservación de los recursos naturales, teniendo en cuenta que esas tierras que se pre­tende expropiar correspon­den a un área silvestre pro­tegida declarada en el 2015.

De Barros Barreto cuestionó la incoherencia de los legislado­res que recientemente sancio­naron la Ley de Deforestación Cero, posteriormente promul­gada por el Poder Ejecutivo, extendiendo su vigencia por 10 años. Sin embargo, tras un acuerdo político coyuntural aprobaron la expropiación a favor de los ocupantes ilega­les de Marina Cué una reserva forestal de más de 2.000 hec­táreas que son la única posibi­lidad de recuperar la conexión entre las reservas Mbaracayú y Morombí.

“Este proyecto de ley no solo va en contra de la Ley de Defo­restación Cero, sino también contra la Ley de Área Silves­tre Protegida, en contra de la Ley Forestal 422. Se están violando tres leyes naciona­les que defienden nuestros recursos y no se está afron­tando el problema de fondo, y tampoco estamos en con­tra de que la población más vulnerable tenga un espacio y una mejor calidad de vida”, indicó el ex ministro.

En tanto, el titular de la ARP señaló que los gremios de la producción unieron su voz para exigir al Ejecutivo el veto de este proyecto de ley, que fue “cocinado entre gallos y medianoche”, y que a su con­sideración está aplastando todos los principios constitu­cionales.

“Esto sería un nefasto antece­dente, teniendo en cuenta que se trata de un área silvestre protegida, como tierras públi­cas a cargo del Mades. Si esto ocurre quiere decir que solo es la punta del ovillo y que irán por más. Lo cual nos pone como un país en el que no existen las garantías sobre el destino de las tierras”, cuestionó Galli.

Igualmente, en el comunicado de los diversos gremios de la producción señalan que con este precedente nefasto que se genera con esta expropia­ción se admitiría “un modus operandi que a partir de ahora será una práctica admitida por los poderes del Estado: inva­dir reservas forestales y áreas protegidas, deforestar, instalar asentamientos y luego exigir la expropiación. Más todavía cuando se trata de atropellos violentos como en este caso en particular recordado como la masacre de Curuguaty”, expresa parte del documento.

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