Varios gremios de la producción se unieron y emitieron un comunicado por el cual exigen al Poder Ejecutivo que vete el proyecto de ley sancionado recientemente por el Congreso Nacional, respecto al caso Marina Cué, actualmente reserva Yberá, que permite la regularización de la tenencia de las tierras a favor de los campesinos víctimas de la masacre de Curuguaty. Advierten que esta ley sancionada que expropia las tierras a favor de los ocupantes ilegales viola leyes ambientales vigentes.
Al respecto, el ex ministro de la ex Secretaría del Medio Ambiente, hoy Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Rolando de Barros Barreto así como el titular de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Pedro Galli, coincidieron en señalar que esta situación crea un precedente nefasto para la conservación de los recursos naturales, teniendo en cuenta que esas tierras que se pretende expropiar corresponden a un área silvestre protegida declarada en el 2015.
De Barros Barreto cuestionó la incoherencia de los legisladores que recientemente sancionaron la Ley de Deforestación Cero, posteriormente promulgada por el Poder Ejecutivo, extendiendo su vigencia por 10 años. Sin embargo, tras un acuerdo político coyuntural aprobaron la expropiación a favor de los ocupantes ilegales de Marina Cué una reserva forestal de más de 2.000 hectáreas que son la única posibilidad de recuperar la conexión entre las reservas Mbaracayú y Morombí.
“Este proyecto de ley no solo va en contra de la Ley de Deforestación Cero, sino también contra la Ley de Área Silvestre Protegida, en contra de la Ley Forestal 422. Se están violando tres leyes nacionales que defienden nuestros recursos y no se está afrontando el problema de fondo, y tampoco estamos en contra de que la población más vulnerable tenga un espacio y una mejor calidad de vida”, indicó el ex ministro.
En tanto, el titular de la ARP señaló que los gremios de la producción unieron su voz para exigir al Ejecutivo el veto de este proyecto de ley, que fue “cocinado entre gallos y medianoche”, y que a su consideración está aplastando todos los principios constitucionales.
“Esto sería un nefasto antecedente, teniendo en cuenta que se trata de un área silvestre protegida, como tierras públicas a cargo del Mades. Si esto ocurre quiere decir que solo es la punta del ovillo y que irán por más. Lo cual nos pone como un país en el que no existen las garantías sobre el destino de las tierras”, cuestionó Galli.
Igualmente, en el comunicado de los diversos gremios de la producción señalan que con este precedente nefasto que se genera con esta expropiación se admitiría “un modus operandi que a partir de ahora será una práctica admitida por los poderes del Estado: invadir reservas forestales y áreas protegidas, deforestar, instalar asentamientos y luego exigir la expropiación. Más todavía cuando se trata de atropellos violentos como en este caso en particular recordado como la masacre de Curuguaty”, expresa parte del documento.