Varios rostros conocidos se vieron involucrados en el caso de la demanda de Texos SRL contra Petropar, que data del 2010 y que recientemente derivó en un escándalo por el “acuerdo” de US$ 7 millones entre la petrolera estatal y la empresa que se filtró en los medios y cuya existencia era desconocida por el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez. El hecho que compromete seriamente al gobierno de Fernando Lugo se da precisamente en una coyuntura de amistad entre el ex mandatario y el oficialismo.
La licitación con la empresa argentina se registró en el 2009 durante la gestión de Juan González Meyer al frente de Petropar. Como jefa de la Unidad Operativa de Contrataciones en ese entonces estuvo Mesmima Jiménez, reemplazada luego por Avril Paredes M. Villamayor y quien aparece en los archivos de la Contraloría respondiendo los cuestionamientos sobre el caso Texos.
Entre los principales actores de aquella época y que ocuparon grandes cargos se encuentra el ex director jurídico de Petropar Adolfo Ferreiro, quien también se convirtió luego en senador de la República mediante la concertación Avanza País. Cuando Adolfo se encontraba dentro de Petropar se dio la polémica adjudicación a la firma Texos que posteriormente derivó en el impúdico pacto a oscuras.
Según los archivos de la Contraloría, fue precisamente Adolfo Ferreiro junto con el abogado Félix Chávez (jefe de Contratos y Licitaciones) quienes sugirieron al entonces presidente de Petropar la aprobación del pliego de bases y condiciones para la “continuidad del procedimiento de referencia”.
La problemática licitación se dio durante la era del gobierno de Fernando Lugo. Exactamente un 10 de diciembre del 2009 Petropar adjudicó a la empresa argentina Texos Oil la provisión de gasoil en camiones a Villa Elisa y Hernandarias. Sin embargo, en abril del 2010, la propia Petropar canceló la firma de contrato al percatarse de que la empresa solo contaba con 3.000 dólares de patrimonio neto acreditado. Además, Texos no presentó documentos de referencias comerciales de sus principales proveedores ni referencias bancarias.
Luego de la determinación de Petropar, Texos inició una demanda contra la estatal por un mínimo de US$ 30 millones por pérdida de chance, que estuvo patrocinada por el abogado Javier Balbuena, titular de la Conajzar hasta el 2018. En conversación con este medio, Balbuena dijo que solo estuvo por un año con Texos y que fue contratado por recomendación de otros clientes argentinos que tenía en ese entonces. Dijo que solo llegó a presentar la demanda y no estuvo involucrado en el proceso posterior. Posteriormente, le reemplazó Enrique García, ex contralor general.
Este último había asumido el cargo al frente de la Procuraduría General de la República en setiembre del 2008 con la misión de representar, asesorar y defender judicial y extrajudicialmente los intereses patrimoniales de la República. Sin embargo, luego de dejar el cargo en junio del 2012, pasó a convertirse en uno de los defensores de los intereses de la empresa Texos que quería perjudicar al patrimonio del Estado paraguayo.
Como se mencionó, tras 10 años, el pasado 2 de diciembre se celebró un acuerdo de US$ 6.898.750 entre Petropar, encabezado por Denis Lichi y la firma Texos, representada por Sergio Marsiletti, que supuestamente era beneficioso para el país debido al enorme monto que exigía la empresa argentina.
Llama poderosamente la atención que el pacto secreto se haya hecho cuando algunos de los principales representantes del oficialismo como la senadora Lilian Samaniego (ANR - Añetete) y Óscar “Cachito” Salomón (ANR - Añetete) junto con otros personajes de la oposición como el senador Fernando Lugo y Sixto Pereira (Frente Guasu) se encuentran aparentemente en buenos términos. Hace pocos días se los vio a ambos sectores compartiendo un almuerzo en la casa de la ex modelo Zuny Castiñeira.