El senador Sergio Godoy sostuvo que este año se ha consolidado un nuevo frente dentro de la Cámara Alta entre el oficialismo Colorado Añetete y los partidos de la oposición, el Frente Guasu, PDP y el bloque del PLRA que responde al efrainismo. En este sentido, el legislador mencionó que la consolidación de esta alianza se dio durante la pandemia para apoyar los proyectos del Gobierno.
“Se solidificó una mayoría en el Senado por el eje gobernante que es Añetete, PDP y los efrainistas, que por más discurso que hagan en contra siempre terminan apoyando las propuesta del Ejecutivo, en la mayoría de los casos fueron acompañados luego también por el Frente Guasu”, mencionó el parlamentario.
En este sentido, Godoy indicó que se deben dividir los periodos en el Congreso Nacional, y explicó que antes de la pandemia todos los proyectos provenientes del Poder Ejecutivo pasaban por detallados y críticos análisis. “Había un trabajo minucioso, mucho de lo presentado por el Ejecutivo fueron objeto de amplio debate, análisis, informes, modificaciones, algunos aceptados”, mencionó.
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Legisladores que renunciaron a sus partidos desde julio a hoy
Una publicación del portal digital hoy.com.py indica que Cruzada Nacional, el PLRA, el Partido Encuentro Nacional (PEN), Hagamos y Patria Querida son los partidos que perdieron representaciones en el Parlamento, luego de que legisladores quienes llegaron a sus bancas bajo dichas banderas decidieran abandonar sus respectivas nucleaciones para ir a otras, en algunos casos, o para ser independientes, en otros.
La fuga la inició muy temprano Cruzada Nacional, a través del diputado Jatar Fernández, quien al asumir ya advirtió que ni Paraguayo Cubas ni nadie le marcaría la agenda, declaraciones que ya generaron los primeros conflictos internos, que luego terminaron por diezmar el partido, aunque Fernández sostiene que sigue perteneciendo a Cruzada.
EL PASO A LA ANR
El que también adelantaba su distanciamiento desde que juró en vez de Rafael Esquivel, alias Mbururu, fue Javier Vera, alias Chaqueñito, quien asumió semanas después del 1 de julio y, de entrada, ocupó el sector asignado a la bancada A de la ANR, para posteriormente oficializar su salida y pase al Partido Colorado.
También presentó su renuncia el diputado Miguel Martínez. Lo hizo el 7 de setiembre durante la sesión de la Cámara Baja. En la ocasión anunció que crearía un “partido libertario” y que Paraguayo Cubas fue el mejor candidato presidencial, pero que resultó “víctima del sistema”.
Para completar las bajas en Cruzada Nacional, las senadoras Zenaida Delgado y Norma Aquino, alias Yami Nal, también renunciaron y, a la vez, fueron expulsadas. Ambas pasaron a carpas coloradas.
LIBERALES, A LA CARGA
Por otro lado, en toldos liberales también se produjo una resta. El 29 de noviembre pasado, el senador Eduardo Nakayama comunicó su renuncia al PLRA, alegando que estaba harto de los liberales leales al oficialismo. En la ocasión, anunció que crearía otro partido.
En cuanto al de por sí débil Partido Hagamos, el senador Patrick Kemper presentó su renuncia el 9 de marzo pasado y anunció su retorno a la ANR. Lo hizo durante la última convención colorada, donde le dieron la bienvenida. Con esto, Hagamos quedó sin representantes en el Senado y con un único sobreviviente en Diputados, a través de Rubén Rubin.
Finalmente, la salida más reciente y la que también dejó sin representantes a una nucleación fue la renuncia de Orlando Penner a Patria Querida, quien habló de la necesidad de tener apoyo para los proyectos que desde un inicio planteó para el Chaco. Con su dimisión, la diputada Rocío Vallejo es la única parlamentaria de Patria Querida, partido que en los últimos comicios perdió muchos escaños.
SALIDAS QUE SUMARON A LA ANR
Las bajas de otros partidos que terminaron en altas para la ANR son: Javier Vera, Zenaida Delgado y Norma Aquino, alias Yami Nal, provenientes de Cruzada Nacional, Patrick Kemper, quien llegó a su banca a través de Hagamos.
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Desestiman denuncia del presidente liberal
La denuncia por prevaricato presentada por el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hugo Fleitas, en contra de los camaristas electorales Santiago González Bibolini, Myriam Cristaldo y Teresita Martínez fue desestimada por el juez Humberto Otazú. La decisión del juez se dio por pedido del fiscal Leonardi Guerrero.
La acción presentada por el titular del PLRA fue por la decisión tomada por los camaristas electorales que dejó sin efecto la suspensión de los senadores Dionisio Amarilla, Édgar López, Hermelinda Alvarenga y Noelia Cabrera, resuelta por el Directorio.
La resolución del juez Otazú señala que la conducta de los camaristas denunciados no puede encuadrarse dentro del tipo penal de prevaricato, argumentando para que se configure este tipo de hecho punible. Los mismos debían “torcer la norma” en la cuestión jurídica para favorecer o perjudicar a una de las partes.
Desde el PLRA señalan que “la desestimación de la denuncia por prevaricato concedida por el juez Humberto Otazú fue a pedido de los apoderados del PLRA”. “La misma no tiene nada que ver con la expulsión de los 4 senadores, y solo es por prevaricato cuando los jueces del Tribunal Electoral concedieron trámite de riesgo a favor de los senadores contra la decisión del Directorio de suspenderlos antes de la Convención”, menciona la aclaratoria desde prensa del Partido Liberal.
En febrero de este año el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) se pronunció a favor de los senadores expulsados del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Dionisio Amarilla, Hermelinda Alvarenga, Édgar López y Noelia Cabrera, reponiéndolos en su carácter de afiliados a la nucleación política.
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El Gobierno apuesta todo en su lucha contra la inseguridad y la delincuencia
Uno de los retos más duros para el Gobierno es el incremento de asaltos a entidades financieras y transportadoras de caudales que se ha intensificado en los últimos meses, en varios sitios del interior del país. La violencia demostrada y el gran aparato de combate que tienen estos grupos delincuenciales dan muestra que se está ante un enemigo mucho más temible. No porque sean diferentes a los otros, sino porque el extraordinario poder de fuego que ostentan y la capacidad de organización y destrucción que han demostrado indican que es un adversario más peligroso y aterrador.
El departamento del país más castigado es Itapúa, una zona de economía pujante y anteriormente tranquila, que últimamente ha sufrido el embate de los criminales que aprovechan la indefensión de la zona para hacer sus asaltos. Como dicha región fue siempre muy calma, no tiene los organismos de seguridad ni fuerzas públicas en suficiente cantidad como otros departamentos que tradicionalmente contaban con antecedentes más violentos. Por ello está casi en la indefensión, porque anteriormente no se hizo mucho para su defensa, hecho que esta administración estatal ha constatado y que va a remediar con su trabajo.
La crónica policial indica que en los últimos seis meses en Itapúa se produjeron varios hechos criminales contra entidades financieras que demuestran la alta peligrosidad y poder criminal de los delincuentes. Dejando de lado las dos incursiones contra sucursales del Banco Regional en las localidades de Pirapó y Carlos A. López de 2022, desde noviembre de 2023 hasta el último domingo 27 de abril se registraron cinco golpes que piden una urgente actuación del Estado.
En noviembre pasado, en la localidad de General Delgado se asaltó a un transportador de caudales que dejó grandes sumas de dinero tiradas en la calle. Un mes después, en diciembre de 2023, se atacó una sucursal del Banco Sudameris, en Pirapó. En enero de 2024 una sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF), de Carlos A. López, fue víctima del accionar criminal. A comienzos de abril, en Yatytay, se robó un cajero automático del BNF. Y el domingo último, en Natalio, la sucursal del BNF local fue destruida con explosivos y se robaron centenares de millones de guaraníes.
Estos datos de lo acontecido en los últimos meses hablan de que la historia reciente es muy alarmante. No se puede darles más tiempo ni oportunidades a las bandas de malhechores que están preparadas para el delito. Y requiere que se actúe con rapidez y eficiencia, como las autoridades nacionales están planificando hacer.
Por eso el Ejecutivo está combinando la actuación de las fuerzas públicas, con la intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. El Consejo de Defensa Nacional (Codena) está coordinando esta actividad y se aguarda que la conjunción de estas fuerzas pueda dar la respuesta que se requiere.
El presidente Santiago Peña señaló que el Codena está trabajando para realizar nuevas inversiones para el equipamiento logístico y en armamentos. Dijo que una de las tareas es aumentar el número de efectivos policiales, a razón de 5.000 hombres anualmente, para alcanzar 25.000 nuevas incorporaciones en los cinco años de su mandato presidencial. Se estima que en materia de equipamiento se requerirán inversiones por valor de 100 millones de dólares.
Teniendo en cuenta el éxito alcanzado por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en los departamentos de San Pedro y Concepción, se está analizando la posibilidad de extender su intervención en otros departamentos. En la actualidad se está iniciando el trabajo en Canindeyú, así como se hizo en Amambay, para extenderlo más adelante a los departamentos de Alto Paraná e Itapúa. “Tenemos que ir expandiendo este criterio del uso de las fuerzas conjuntas, donde los militares tienen un rol y las fuerzas policiales tienen también otro”, manifestó el primer mandatario, para resumir el criterio de trabajar de manera unificada contra los delincuentes.
La preocupación que causa el avance de la inseguridad hace pensar a muchos que todo cuanto se haga para contrarrestarla será poco. Y así como el departamento últimamente más castigado, Itapúa, ya se ha declarado en estado de emergencia, otras jurisdicciones tienen que tomar medidas de alta protección. Todo eso para darle un apoyo firme al Gobierno central en la guerra contra la delincuencia y la inseguridad.
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La “represión” se acentúa bajo el gobierno de Maduro, según ONG
- Caracas, Venezuela. AFP
Las fuerzas públicas de Venezuela cometieron más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales, 1.652 torturas y unos 15.000 arrestos políticos durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro, según oenegés que alertan sobre un aumento en la represión de cara a las presidenciales de julio.
Los reportes, presentados por las organizaciones especializadas Provea y Foro Penal, coinciden con otro informe presentado por expertos de Naciones Unidas en Ginebra sobre el “alarmante aumento de desapariciones forzosas” en el país.
“Estos 10 años de gestión de Nicolás Maduro, entre 2013 y 2023, hemos registrado 10.085 personas asesinadas por los cuerpos del Estado venezolano”, dijo la coordinadora de investigación de la ONG Provea, Lissette González, durante la presentación del informe “Maduro, una década oscura para los derechos humanos”.
La organización, con 35 años defendiendo los derechos humanos, documentó también 1.652 víctimas de tortura en el mismo periodo.
“El Estado no solo reprime al liderazgo político, social, organizado, sino reprime y controla a esos miembros más vulnerables, más excluidos, a los que más están padeciendo las consecuencias de esta crisis económica y social”, sostuvo González.
Foro Penal, dedicada a la representación judicial de presos políticos, señaló que entre 2014 y 2024 ha contabilizado 15.827 arrestos. Hoy registran 273 personas tras las rejas.
“No vemos que se estén presentando signos o evidencias de que la represión, particularmente la represión por motivos políticos, esté cesando. Hemos visto una arremetida, una intensificación significativa en la persecución de activistas o militantes” de “fuerzas políticas distintas de las del Gobierno”, dijo Gonzalo Himiob, abogado y vicepresidente de Foro Penal.
Himiob hizo este llamado de atención tras las recientes detenciones de tres activistas políticos el fin de semana que la oposición y activistas de derechos humanos relacionan a una “persecución” de cara a las elecciones del 28 de julio en las que Maduro buscará un tercer mandato de seis años.