El juez de Delitos Eco­nómicos Humberto Otazú remitió un informe al Jurado de Enjui­ciamiento de Magistrados (JEM), que en la sesión pasada solicitó copias del expediente judicial caratu­lado “Justo Ferreira sobre contrabando”, donde se analizará la actuación del magistrado Mirko Vali­notti, quien interinó a su colega Otazú y concedió el arresto domiciliario a Justo Ferreira, accionista de la firma Imedic SA y a su hija Patricia, presidenta de la referida empresa. Ambos están procesados penal­mente por contrabando, asociación criminal y pro­ducción de documentos no auténticos.

Días atrás, el JEM pidió copias al agente fiscal Osmar Legal de la carpeta de investigación en la que están imputados Ferreira y su hija. Igualmente, el representante fiscal ten­drá que remitir el informe correspondiente sobre todas las actuaciones que realizó en el presente caso.

Una vez que la asesoría jurí­dica del Jurado de Enjui­ciamiento de Magistrados tenga la carpeta fiscal y el expediente judicial, se ana­lizará y, en caso de existir irregularidad del juez como del fiscal, ambos se expo­nen a un enjuiciamiento y la suspensión en sus fun­ciones.

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En el presente proceso penal llama la atención la actuación del fiscal Legal debido a que imputó a Justo Ferreira y a su hija Patricia, pero no solicitó la orden de detención de los imputados, por lo que estos comenza­ron a presentar varias chi­canas para evitar some­terse al proceso penal.

En tanto, se duda de la actuación del magistrado Valinotti en vista de que este estaba interinando a su colega Humberto Otazú y fijó la audiencia de impo­sición de medidas con abso­luta celeridad y, a su vez, con el privilegio de reali­zar la diligencia judicial vía telemática, ahorrando que el clan Ferreira pise los pasillos del Poder Judicial. También otro hecho irre­gular es que Valinotti no tuvo en cuenta las chica­nas que presentó Ferreira para evitar someterse a la Justicia.

El accionista de la firma Imedic SA, Justo Ferreira, y su hija Patricia están impu­tados por contrabando, pro­ducción de documentos no auténticos y asociación cri­minal tras la fallida compra de insumos médicos para el Ministerio de Salud Pública en el marco de la pandemia por el covid-19.

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