El asesor jurídico de la Presidencia de la República, Hernán Huttemann, anunció que el Ejecutivo presentó ante la Cámara de Diputados el pro­yecto de ley con las modifica­ciones en la ley de uso obliga­torio de tapabocas. Con esta nueva normativa se prevén sanciones más elevadas para las personas, locales y trans­portes públicos si se incumple la obligatoriedad del uso de la protección facial en el marco de la lucha contra el covid-19.

Días atrás, ya se había anun­ciado la presentación de una nueva propuesta, atendiendo que la ley que se encuentra vigente sobre el uso obligato­rio de mascarillas no especi­fica sanciones a personas par­ticulares que incumplan con la ley. En este sentido, pro­ponen que las personas que incumplan con la ley sean sancionadas de 5 a 20 jorna­les mínimos, lo que sería entre G. 421.000 y G. 1.686.000; ya en caso de reincidencia, de acuerdo al anuncio del ase­sor jurídico de la Presidencia.

Huttemann explicó además la utilización obligatoria de mascarillas para las personas mayores de 10 años en todos los lugares cerrados, más allá que los lugares sean de propie­dad pública o lugares privados y de uso público. Con respecto a la aplicación de las sancio­nes, se establece que quedará a cargo de un juez. “En cuanto a los particulares, la sanción estará a cargo de un juez que será requerido por la Policía Nacional que en cada caso labrará acta de lo sucedido con la presencia de dos testi­gos, y comunicará a la Justicia en el plazo de 24 horas”, refirió en conferencia de prensa en el Palacio de López.

Con respecto a los locales, se prevé la sanción en un pri­mer caso de un cierre tempo­ral de 10 días y en caso de rein­cidencia el cierre permanente del local. Para los locales, la sanción queda a cargo de las municipalidades de cada ciu­dad. Asimismo, se establece que la aplicación de las sancio­nes para los locales quedará a cargo de las municipalidades de cada ciudad, con los proce­dimientos ya detallados.

En tanto, en lo que respecta a vehículos, se establece que será obligatorio el uso tanto en el transporte público y/o particular, en este caso se apli­carán sanciones también a la empresa de transporte donde se encuentra la persona que incumpla con la normativa. “En el caso de los transportes públicos, se establece la san­ción a los propietarios de las líneas que van de 5 a 200 jor­nales mínimos. La aplicación de la sanción quedará a cargo del Viceministerio de Trans­porte o la Dinatran, según el caso”, mencionó.

El Sindicato Nacional de Directores (Sinadi) denunció ayer ante la Fiscalía Gene­ral del Estado la “urgente intervención, investigación, imputación y castigo al dipu­tado por Alto Paraná, Jorge Brítez, por haber presentado un proyecto de ley para el uso opcional de tapabocas. La denuncia penal es por la inmi­nente exposición al peligro y de la vida de las personas, por el contagio comunitario del coronavirus. La decisión fue teniendo en cuenta el incre­mento de casos positivos que se reportan a diario, y la satu­ración del sistema sanitario.

El diputado compartió una ima­gen desde el Congreso con un cartel que decía: “No al tapa­boca”. Al respecto, el presidente del Sinadi, Miguel Marecos, calificó de “descabellado” tanto las declaraciones del legislador, como su proyecto de ley.