La Cámara de Diputa­dos ha resuelto poster­gar hasta marzo, a la vuelta del receso parlamen­tario, el tratamiento del veto del Ejecutivo al proyecto de ley que transfiere los gastos sociales de las binacionales al Presupuesto General de la Nación, atendiendo a que, en la Cámara Baja, hay discre­pancia tanto jurídica como política respecto al cuestio­nado proyecto.

Tanto el presidente de la Cámara Baja, Pedro Alliana, como legisladores de la ban­cada de Honor Colorado, mani­festaron que existen posturas políticas, que por el momento hacen complicado llevar su tratamiento en el plenario del polémico proyecto vetado por el Ejecutivo. No obstante, desde esta bancada coincidieron en manifestar que ellos acompa­ñan el veto, porque consideran inconstitucional y a la vez vio­latorio de tratados internacio­nes, la intención de transferir los recursos de las binaciona­les, al presupuesto general. El cuestionado proyecto de ley objetado, tiene sanción ficta el 6 de abril del 2021.

Al respecto, el diputado Der­lis Maidana, que preside la Comisión de Asuntos Consti­tucionales indicó que existen dos dictámenes en la comi­sión, una por aceptar el veto y otra por rechazar. “Son más bien posturas políticas, que jurídicas. En cuanto al tema de tratamiento, ya lo afirmó el presidente Alliana, e igual­mente el líder de la bancada, que esto se va estar tratando en marzo. Mientras tanto, los gastos sociales siguen igual, hasta marzo, donde se tendrá que tomar una decisión defi­nitiva”, acotó.

Por su parte, las autoridades del departamento de Misiones manifestaron su rechazo a tra­vés de un comunicado firmado por el gobernador Carlos Arre­chea e intendentes de la zona. Sostienen que la inclusión de los gastos sociales en el plan de gastos de la nación podría afectarlo. Consideran que los programas sociales, de becas, para la producción y la salud quedarían sin recursos.

Los beneficios que reciben serían: becas universitarias, asistencia a pequeños produc­tores, mejoramiento del sistema de salud, donaciones, viviendas sociales, infraestructura de escuelas y universidades, asis­tencia alimentaria, sistema de agua potable. “Tenemos pro­gramas de becas de las que se benefician más de 1.500 jóve­nes, no se tiene en cuenta afi­liaciones partidarias, tampoco hay queja por parte de beneficia­rios”, comentó Carlos Arrechea.