La Comisión de Legislación y Codificación de la Cámara de Diputados dictaminó con modificaciones el proyecto de ley “Que modifica el artículo 113 de la Ley Nº 5016/14 - Nacional de Tránsito y Seguridad Vial”.
Se pretende modificar la normativa a fin de corregir una omisión que afectó al artículo 217 del Código Penal, en cuanto a la calificación del hecho punible de “exposición al peligro en el tránsito terrestre”, no estableciendo con claridad la “falta gravísima” en cuanto al porcentaje de alcohol en sangre, explicó el diputado Jorge Ávalos Mariño. Mencionó que se sugiere la modificación del artículo a fin de evitar que este tipo de hechos punibles siga sin castigo, siendo claramente necesario que los infractores cumplan con una pena en esos casos.
GRADUACIÓN
“Recibimos el parecer de la Fiscalía General del Estado, con el que nos recomiendan establecer una graduación; establecer falta gravísima hasta 0,799 (miligramos de alcohol por litro de sangre), donde sigue siendo falta administrativa; pero de 0,800 en más, ya como un tipo de hecho punible que debe ser comunicado al Ministerio Público.
Consideramos pertinentes las recomendaciones, por lo que aprobamos con modificaciones, estableciendo estas sugerencias”, expresó el legislador.
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Buscan a adolescente que abandonó refugio
- Ciudad del Este. Agencia regional.
A las 13:40 del sábado 27 de abril desapareció un menor de 13 años de un refugio que funciona como Dispositivo de Respuesta Inmediata (DRI) del Ministerio de la Niñez y Adolescencia, en Ciudad del Este. Se trata de Juan David Irala Martínez, quien no apareció hasta ahora, según reportó el comisario Mariano Sosa, jefe de la Comisaría 7.ª donde fue realizada la denuncia.
El caso fue reportado por la funcionaria del refugio Cristina Ortiz (51), funcionaria del DRI, el domingo 28 de abril a las 10:30. El refugio DRI está ubicado sobre la calle Niños Mártires de Acosta Ñu, del barrio San José de Ciudad del Este. El personal policial de la Comisaría 7.ª y de la División Búsqueda y Localización de Personas de la Policía Nacional informó que no tiene información alguna al respecto.
El niño salió del albergue llevando su celular y no volvió, según se informó al personal policial. Consultada por La Nación/Nación Media, la directora del DRI, Mónica Velázquez, dijo que se trata de un refugio que funciona como un centro abierto, donde no tienen la potestad de prohibir la salida a los niños y adolescentes.
Juan David llegó a la casa que funciona como refugio el jueves 25 y al día siguiente ya dejó de nuevo el sitio. Fue un juzgado de la ciudad de Capiatá el que ordenó el resguardo del niño en un hogar de acogida, pero la directora desconoce la causa que afecta al niño, hoy sin localización y por el cual se lo había destinado a un refugio. Ya habría estado antes en otros hogares de acogida.
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Conmebol urge a Fiscalía accionar contra Atlas por caso de lavado
La matriz del fútbol sudamericano exige que el Ministerio Público paraguayo avance en la investigación penal, que actualmente está paralizada. Luego de seis años de presentada la denuncia documentada y de haberse realizado algunos allanamientos, no hubo avances.
A través de su abogado, Claudio Lovera, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) reiteró al Ministerio Público un urgimiento para que esta institución se pronuncie e inicie una acción penal en torno a la denuncia presentada hace ya más de seis años por operaciones sospechosas de lavado de dinero, que involucran a la matriz del fútbol sudamericano de años anteriores y al banco Atlas SA. El urgimiento fue presentado en fecha 11 de marzo pasado ante la Fiscalía.
“En atención al tiempo de investigación transcurrido, los elementos acompañados en su oportunidad, así como los que fueran recopilados en el marco de la actividad fiscal preparatoria, se solicita que el Ministerio Público emita un pronunciamiento en el marco de los hechos acontecidos y acorde con el ejercicio e impulso de la acción penal pública”, señala el documento presentado ante el Ministerio Público.
Tras dar apertura a una investigación penal, el Ministerio Público llegó a recabar evidencias sobre el asunto, mediante allanamientos a la sede del banco Atlas SA y a la Superintendencia de Bancos ante la negativa de estas instituciones en proveer información. En estos procedimientos se incautó una serie de documentos.
Estas diligencias realizadas en el pasado dan cuenta que el órgano investigador sostiene que en determinados lugares podrían hallarse indicios de un hecho punible.
Pese a esas primeras medidas, la Conmebol señala que la Fiscalía se llamó a silencio y abandonó cualquier otra iniciativa tendiente al esclarecimiento de la denuncia. Hay que recordar que la Conmebol presentó la denuncia en tiempo y forma, en fecha 4 de febrero de 2021. La primera denuncia había sido presentada ya en el año 2017.
ANTECEDENTES DEL CASO
Los fiscales que llevaron el caso fueron Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, y la causa incluso estuvo paralizada en la Seprelad, en el tiempo en que Carlos Arregui estaba al frente de la citada institución.
La Conmebol quiere recuperar los fondos que le pertenecen (alrededor de unos USD 200 millones) que se esfumaron de la Confederación en administraciones anteriores; ya se recuperaron USD 128 millones gracias a la ayuda de la Justicia norteamericana y Suiza. Desde la matriz del fútbol sudamericano se aguarda que la Justicia paraguaya también haga lo que le corresponde.
El banco de la familia Zuccolillo se expone a sanciones penales y sanciones administrativas. La Ley n.º 1015 Previene y Reprime los Actos Ilícitos Destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes, en su artículo 4.° Sanción Penal señala que el delito de lavado de dinero o bienes será castigado con pena penitenciaria de dos a diez años.
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Buscan que hurto de energía sea crimen
“No podemos seguir tolerando el hurto del bien de todos los paraguayos”, afirmó el viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, con relación a la utilización irregular de energía eléctrica por parte de las granjas clandestinas de criptomonedas.
“Lo que estamos planteando desde el Poder Ejecutivo junto con la Administración Nacional de Electricidad es un proyecto de ley para aumentar las penas para el hurto de energía eléctrica, incluso criminalizarlo para que sea una sanción severa y que no vuelva a acontecer”, manifestó en una entrevista con el programa “La caja negra”, emitido por Unicanal.
El robo de energía eléctrica acarrea grandes pérdidas económicas a la Administración Nacional de Electricidad y genera inconvenientes para el suministro del servicio, ya sea con cortes constantes o problemas de baja tensión.
Las declaraciones de Bejarano surgen tras participar de una audiencia pública en el Congreso Nacional para analizar los proyectos de ley referentes a la criptominería en Paraguay.
Una de las propuestas presentada en la Cámara Alta se centra en la prohibición temporalmente, la creación, conservación, almacenamiento y comercialización de activos virtuales o criptoactivos, criptomonedas y la instalación de granjas de criptominería en territorio paraguayo.
Mientras que en Diputados surge la propuesta que pretende regular la moneda virtual, así como la creación de una divisa digital nacional y el régimen de los activos digitales. También se encuentra el proyecto que plantea penas de 6 a 10 años por el robo de energía para criptominería.
“Categóricamente la posición del Ejecutivo es que busquemos y analicemos la mejor manera en la cual tenga una acogida la inversión criptominería, no suspenderla ni satanizarla. Existen dos debates sobre la mesa, está la demanda de energía eléctrica que tienen estas empresas y, por el otro lado, está el debate financiero”, indicó Bejarano en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El viceministro señaló que la discusión que también involucra al Ministerio de Industria y Comercio (MIC) se centra “en qué condiciones queremos y cómo queremos que esta actividad de la criptominería venga a instalarse en el Paraguay, de aquí para el futuro en el corto, mediano y largo plazo”.
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Caso tía Chela: Prieto entregó kits a personas que residían en el exterior
Una imputación fiscal de casi imposible impugnación, sustentada en documentos e informes oficiales de Tributación, Contraloría General de la República, análisis periciales de Laboratorio Forense del Ministerio Público, etc., dejan al descubierto el esquema de compra-venta simulada en las compras de víveres covid que articuló el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, gracias a una estructura que involucra a expareja y familiares de esta. El resultado más perjudicial, además del fraudulento proceso licitatorio de su administración es que no se habrían entregado la totalidad de las mercaderías ya que varios supuestos beneficiarios residirían en el extranjero y en otros departamentos del país, alejados de Ciudad del Este.
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
La amañada licitación de las compras covid de alimentos para personas de escasos recursos que con el sonado caso Tía Chela había dejado anonadada principalmente a la población esteña que depositó la confianza en el intendente Miguel Prieto, no se reduce solamente al simulado proceso de contratación sino a la compra-venta simulada de mercaderías no existentes en el stock de las firmas adjudicadas que perjudicó con la no entrega de la totalidad de las mercaderías requeridas conforme al contrato.
La sustanciosa imputación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia incorporan informes de trazabilidad de operaciones de la Subcretaría de Tributación, análisis de procedimientos administrativos de la Contraloría General de la República, informes de Contrataciones Públicas, periciales del laboratorio Forense del Ministerio Público hasta datos de inteligencia policial que revelan un simulacro poco antes visto en un proceso de compra pública y entrega de alimentos para personas vulnerables.
Recordemos que el primer gran escándalo desatado con las compras covid de alimentos de Miguel Prieto es la apurada contratación del autoservice Tía para la provisión del 25.000 kits de alimentos por G. 2.949 millones, siendo el adjudicado un pequeño negocio sin la capacidad financiera ni de stock requerido. Para facilitar el negocio y adjudicar contrato a Fermín Ávalos, dueño de Tía Chela, la licitación por vía de la excepción incluyó invitaciones al papá de este y una confitería que en ese momento acababa de ganar un contrato importante para provisión de almuerzo escolar.
Dicho por la mamá de Ávalos, el padre de este no estaba interesado en ninguna licitación y con el contrato que tenía en ejecución la confitería Yrupe, el camino estaba allanado a favor de Tía Chela, pese a que no disponía lo que ofertaba a la municipalidad. Aquí entra el rol facilitador que jugó Vanessa Florentín Paez, expareja de Prieto, actualmente funcionaria contratada por su administración.
Vanessa, a través de su empresa Vanemi SA se incluyó en el proceso como subproveedora de Tía Chela en el intento de blanquear las operaciones con la administración Prieto. Sin embargo, las declaraciones juradas tributarias del movimiento comercial habitual de ambas estructuras jurídicas Tia Chela SRL y Vanemi SA no se corresponderían con la inversión económica realizada entre los meses de marzo y abril del 2020, periodo en que se desarrolló el proceso de adquisición y entrega de los bienes ofertados a la comuna. Ambas empresas tuvieron un movimiento económico superando su capacidad financiera y operativa en el periodo de marzo y abril del 2020, y sus compras informadas a la SET habrían presentado inconsistencias, describe el acta de imputación basado en informes tributarios.
“Si bien existió una operación de compra-venta entre la firma proveedora Tía Chela SRL y la Municipalidad de Ciudad del Este (Licitación Vía Excepción ID 382.177), esta empresa en realidad no contaba con los bienes a proveer. Por consiguiente se cuentan con elementos de sospecha suficiente que permiten suponer que Fermín Ávalos Britos de Tía Chela SRL habría posibilitado a Miguel Prieto llevar a cabo la compra ficticia de 25.000 kits de cestas básicas para familia de escasos recursos, quien le habría pagado en tal concepto G. 1.769.790.000, cuya adquisición se habría documentado sin que aparentemente hayan ingresado tales productos a la institución”, señala la imputación fiscal.
EN EL EXTRANJERO
Según la pesquisa fiscal, existen fuertes indicios de que las planillas de beneficiarios fueron fraguadas. Es decir que figuran entrega de víveres a personas que en realidad no recibieron los kits.
“Una verificación aleatoria de los datos de las personas consignadas como supuestos beneficiarios de los kits de alimentos que figuran en las planillas de entrega de cestas básicas remitidas al Ministerio Público por la Municipalidad de Ciudad del Este elaborados por funcionarios del municipio, de cuyo informe resultó que varios de estos supuestos beneficiarios son personas que residirían en el extranjero y en otros departamentos del país, alejados de Ciudad del Este, Dpto. de Alto Paraná”, refiere el documento que cita algunos nombres a continuación de personas que residían fuera de los límites esteños, a kilómetros de distancia, en otros departamentos.
Otro informe técnico pericial calígrafo del Laboratorio Forense del Ministerio Público realizado de forma aleatoria de las planillas de beneficiarios confirma que algunas “fueron llenadas y firmadas por la misma persona, lo que nos permite suponer que estas planillas fueron creadas a los efectos de aparentar la supuesta entrega de estos kits de alimentos a supuestos beneficiarios”.