Días atrás, La Nación expuso una denuncia contra el ex ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Miguel Óscar Bajac, quien estaría orques­tando un esquema jurídico para apropiarse de una estan­cia de 22.500 hectáreas en Fuerte Olimpo, Chaco para­guayo. Esta redacción recibió notas aclaratorias por parte de los abogados mencionados y del propio ex magistrado, negando dichas denuncias y asegurando que son falsas las declaraciones de las denunciantes.

En ese sentido, los aboga­dos Juan Carlos Ávila Meza y Rodrigo Francisco Bram­billa Arestivo, representan­tes legales de la señora Isabel Quintana Vda. de Barreto, quien demanda el derecho de usucapión de una estancia de 22.500 hectáreas en la zona de Fuerte Olimpo, distrito de Alto Paraguay, valuada en US$ 8,5 millones, propiedad de la señora Alexa Brítez Breuer y cuya abogada Mirta Feltes fue la que realizó la denuncia de una supuesta rosca judicial y política para apropiarse de dichas tierras.

Al respecto, los citados aboga­dos aclaran en primer lugar que ellos forman un estudio jurí­dico independiente con más de 10 años. “Es falso que supues­tamente integremos el estudio jurídico del ex ministro Bajac. Son falsas todas las manifesta­ciones realizadas por la denun­ciante y abogada Mirta Feltes, ante los resultados adversos obtenidos en el juicio de des­alojo que fuera planteado por ella, en representación de la señora Alexa Brítez”, expresa parte del documento remitido a esta Redacción.

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Por su parte, el ex ministro de la Corte Suprema, Miguel Óscar Bajac, también asegura que son falsas las declara­ciones de la denunciante, al vincularle en el proceso de usucapión de las tierras en Fuerte Olimpo. En ese sen­tido, asegura que no tiene ninguna actuación en la tra­mitación del juicio. “Como el mismo medio reconoce en su publicación que no ostento ningún cargo judicial y me acogí a los derechos jubila­torios en el 2018. Razón por la cual no tengo ninguna inter­vención en la Circunscrip­ción Judicial del Chaco. Tam­bién es falso que mi persona sea parte de una rosca judi­cial y política que opera para apoderarse de un inmueble en el Chaco”, expresa parte del documento.

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