Varios gremios de productores pre­sentaron ante la fis­cala general del Estado una denuncia penal por la con­ducta irregular de los sena­dores Hugo Richer, Sixto Pereira y Pedro Santa Cruz, quienes incitaron a los inte­grantes del asentamiento 1° de Marzo de la localidad de Naranjito, distrito de Ybyra­robaná, departamento de Canindeyú, actuales inva­sores de la estancia Pindó, a seguir con las invasiones de inmuebles de sojeros.

Estuvieron por la Fisca­lía General, Gustavo Volpe, titular de la Unión Industrial Paraguaya (UIP); Pedro Galli Romañach, presidente de la Asociación Rural del Para­guay (ARP); el Ing. Héctor Cristaldo, titular de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), y Eugenio Schöller, de la Federación de Coope­rativas de Producción (Feco­prod).

Luego de la presentación de la denuncia, Pedro Galli, titular de la ARP, manifestó a La Nación que se basan en hechos registrados en la estancia Pindó, donde com­parecieron tres senadores de la República. “Entende­mos que sus actuaciones no se ajustan a la ley. Instiga­ron a invasores u ocupantes ilegales a permanecer en la propiedad privada. Instiga­ron a desobedecer las leyes, violando varios artículos de la Constitución Nacional, como por ejemplo el artículo 8 de la libertad y seguridad de las personas, el artículo 15 de la prohibición de hacer justicia en mano propia, el artículo 47 de la igualdad de todos ante la ley, y el 109 de las garantías de la propie­dad privada. Además, tene­mos el artículo 98 del esta­tuto agrario, que prohíbe expresamente las expropia­ciones de tierras en benefi­cio de ocupantes ilegales de tierra”, refirió Galli.

El dirigente gremial explicó que adjuntaron con la denun­cia los videos donde supues­tamente se observan a los citados parlamentarios incurriendo en varios deli­tos denunciados. “Esperamos que se inicie una investiga­ción para deslindar responsa­bilidades. La denuncia es con­tra personas innominadas, pero señalamos las actua­ciones de los senadores Hugo Richer, Sixto Pereira y Pedro Santa Cruz”, indicó.

Galli agregó que estos legisla­dores, bajo la excusa de hacer una verificación in situ en representación de una comi­sión asesora para un proyecto de ley de expropiación, “aren­garon a los ocupantes insti­gándolos a seguir contravi­niendo las leyes”, acotó.

“Los incitaron a seguir con la ocupación ilegal, diciéndoles que era una cuestión de sobe­ranía el hecho de seguir ocu­pando la propiedad privada. Ignorando delitos de defores­tación de un área protegida. Es un conjunto de cosas que dan la impresión de inseguridad y debilitamiento de institucio­nes que hace 8 años no han podido cumplir con el desalojo de esa ocupación ilegal”, señaló el titular de la ARP.

Por su parte, la fiscala gene­ral del Estado Sandra Qui­ñónez prometió iniciar una investigación fiscal sobre lo sucedido en la estancia Pindó, donde los parlamentarios incitaron a los campesinos a seguir invadiendo tierras de empresarios.