La representante del departamento de Canindeyú en la Cámara Baja, la diputada Cristina Villalba, del Par­tido Colorado, dijo que tiene información de que algu­nos de los supuestos líderes campesinos que promueven la invasión de tierras priva­das con frecuencia invocan los nombres de los senadores de la Nación. Estos legislado­res coincidentemente serían aquellos que están relaciona­dos a la reunión que mantu­vieron con los ocupantes de la estancia Pindó.

La legisladora señaló que cuenta con documentos y audios de conversaciones de esos líderes campesinos con senadores de la Nación. “Lo que a mí me informaron es que estas personas invocan el nombre de algunos sena­dores de la República en sus reuniones, que conversa con ellos. Tengo grabaciones de conversaciones entre esos líderes y senadores. Enton­ces, creo que tienen un tipo de respaldo y eso hace que se afiancen para llevar adelante estas invasiones. Coinciden­temente con los documentos que yo tengo, son los senado­res que estuvieron días atrás por la estancia”, precisó.

Asimismo, la diputada colo­rada insistió en la necesidad de que el Gobierno tome car­tas en el asunto y de una vez busque una solución al pro­blema de la tierra. Esto aten­diendo que se debe identificar a cada una de esas personas a fin de lograr separarlas de aquellas familias que real­mente no tienen una tierra para trabajar, de aquellos que ya están siendo identifi­cados como invasores y que se mudan de un asentamiento a otro fomentando la invasión de la propiedad privada.

“Hay un grupo de ciudadanos que se hacen llamar campe­sinos sin tierra, pero es obli­gación del Estado conocer quiénes son esa gente. Saber si en algún momento ya no tuvo acceso a la tierra propia o si realmente necesita y ver la posibilidad, ya sea aquí en el departamento o en otras regiones, algún terreno que el Estado puede comprar a tra­vés del Indert o del Ministerio de Acción Social, ver y reubi­carle a esa gente y respetar la propiedad privada”, sostuvo.

Confirmó que mientras no se solucionen estos problemas de los asentamientos, pasa el tiempo, el Estado no hace respetar las leyes y en tanto la comunidad se va consoli­dando en el lugar. “Mientras pasa el tiempo se va estructu­rando la comunidad, abriendo caminos, instalando escue­las, llevando tendido eléc­trico, agua, etc., y así van solicitando servicios de otras instituciones y así se va ins­talando toda una comunidad y eso hace que se agrave cada día más el problema. Enton­ces, cómo luego salimos a defender el tema de la segu­ridad jurídica sobre la propie­dad privada”, sostuvo.

Respecto a la estancia Pindó, dijo que es una tierra histó­rica que fue adquirida hace más de 40 años por la fami­lia Bendlin. “Era una pro­piedad privada que tenía un monte maravilloso, una reserva forestal increíble, que hoy gran parte de esa reserva está perdida. Era un patrimonio ambiental para nosotros, hoy en día hemos perdido esa biodiversidad. No hay una proyección vamos a decir para una ciudad organi­zada, sino que pareciera ser que una situación circunstan­cial para sacar todo el carbón, los rollos, la leña y parece que después no saben dónde van a ir. Por eso es necesario dar una solución a esto y dar segu­ridad al que tiene el título de propiedad”, insistió.

Finalmente reiteró que como autoridades de la zona son conscientes de que entre los ocupantes ilegales de la estancia Pindó exis­ten personas que realmente tienen problemas de falta de tierra, pero es necesario que el Estado tome conoci­miento de cada caso, acceda a sus documentos, al histó­rico de esas familias a fin de descartar a aquellos que se dedican a ir de un asenta­miento a otro al solo efecto de sacar provecho de las ocupaciones.

“Necesitamos traer de vuelta la paz, devolverle al propieta­rio legítimo sus tierras y con eso brindar seguridad jurídica, dar seguridad de inversión en nuestro departamento, que­remos creación de empleos, queremos industrializar nues­tro departamento, pero estas condiciones no nos permiten. Por eso, pedimos por favor al Estado paraguayo hacer caso a esas denuncias”, concluyó.

Los senadores del Frente Guasu (FG) Hugo Richer y Sixto Pereira, además de su colega del Partido Democrático Progresista (PDP) Pedro Santa Cruz, fueron denunciados por supuesta instigación a invadir propiedad privada. Así lo afirmaron Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción y el propio senador Fidel Zavala.

Cristaldo, por su parte, calificó a los supuestos instigadores de “irresponsable e hipócritas”, conside­rando su labor como legisladores.

A raíz de este hecho, la UGP, la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y la Unión Industrial del Para­guay (UIP) solicitaron la pérdida de investidura de Richer, Pereira y Santa Cruz.