Desde el 2012 hasta el mes de febrero de este este año, el Ministerio Público ha orde­nado en cinco oportunida­des a la Policía Nacional hacer cumplir la orden de desalojo contra los ocupantes ilega­les de la Agroganadera Pindó ubicada en Curuguaty, depar­tamento de Canindeyú, pero hasta la fecha las autoridades policiales no han ejecutado la orden de la Fiscalía.

En fecha 6 de marzo del 2012 el entonces fiscal de Curuguaty Miguel Ángel Rojas remitió el oficio N° 318 donde solicitó tres pelotones con refuerzo del personal de Orden de Seguridad con una cantidad de 50 agentes poli­ciales de la Agrupación Montada para realizar una cons­titución en la estancia Pindó y proceder a la detención de los invasores que se encuen­tran en flagrancia en el citado inmueble. Este pedido no tuvo eco en las autoridades policiales de aquel entonces.

Asimismo, el fiscal de la zona de Curuguaty Diosnel Gimé­nez en fecha 26 de abril del 2012 remitió un nuevo oficio fiscal N° 526 al jefe de Poli­cía Departamental de Canin­deyú a los efectos de solici­tarle la cantidad suficientes de efectivos policiales para dar cumplimiento al desalojo de los invasores de la estan­cia Pindó. Este pedido tam­poco tuvo retorno favorable de parte del alto jefe policial del referido departamento.

Posteriormente el 29 de abril del 2013 el representante del Ministerio Público Jalil Rachid vía oficio fiscal N° 264 vuelve a pedir gran cantidad de uniformados para poder realizar el desalojo de unas 200 personas que están de forma irregular en el esta­blecimiento denominado Pindó. Rachid al igual que los demás agentes fiscales men­cionan que se debe dar cum­plimiento al plan de acción conjunta donde se estable­ció que los ocupantes iban a salir del inmueble en un plazo razonable pero como no sucedió tal situación se pide refuerzo a los jefes poli­ciales para hacer respetar la propiedad privada. Así como los demás pedidos fiscales, los agentes policiales no cum­plieron el pedido de Rachid.

En el 2015 el fiscal de Salto del Guairá, Lorenzo Lezcano, remitió el oficio fiscal N° 732 al ministro del Interior donde se solicitó la comisión de agentes policiales para poder realizar el desalojo de la estancia Pindó que cuenta con 4.499 hectáreas.

Posteriormente, en febrero de este año el fiscal del caso Cristian Bartomeu volvió a enviar una nota N° 300 al comandante de la Policía Nacional, Francisco Resquín, donde pone a conocimiento de la alta autoridad poli­cial que 150 personas están ocupando de forma ilegal la estancia Pindó y las mismas están armadas con armas de grueso calibre, escope­tas, rifles, revólver, pistolas y armas blancas, por lo que se pide una buena dotación de agentes policiales para poder realizar la expulsión de los ocupantes ilegales del citado predio. Hasta el momento el comandante ni el Ministe­rio del Interior han dado res­puesta al presente oficio fis­cal por lo que demuestran un total desinterés.