La representación legal de la Universidad Sudamericana –ante el escándalo del supuesto título falso del diputado Hernán Rivas– alegó que la carrera de Derecho que cursó el actual miembro de la Cámara Baja en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná, entre los años 2010 y 2015, es totalmente legal y no hay punto que cuestionar ni a la universidad, ni a la persona porque el título es legal. Esto echa por tierra los cuestionamientos al legislador quien es representante de la Cámara Baja ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
La carrera de Derecho de la Universidad Sudamericana fue habilitada en el 2010, bajo el amparo de la Ley N° 2529/2006 (que modifica la Ley Nº 136/93 De universidades), antes de la creación del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), con la Ley N° 4995/2013 “De educación superior”, que si bien no se encuentra en el registro de catastro de universidades del Cones, porque la carrera cerró en el 2015, su creación fue legal por las leyes en ese entonces vigentes, explicó Hermann Weisensee Samson, abogado y vicerrector académico de la institución educativa, en comunicación con La Nación.
“Categóricamente todo lo que se está diciendo es errado. Se confundió mucho lo que es ‘habilitación’ y ‘catastro de carreras’. El primer cuestionamiento es que la carrera de Derecho no estaba catastrada por el Cones, así nació este dilema. Se hizo una investigación donde se le pregunta al Cones si nosotros teníamos habilitada la carrera de Derecho o no, y el Cones respondió que no. Ese es el motivo de este problema”, refirió Weisensee.
En este contexto, el vicerrector académico de la universidad relató que, en el 2015, Hernán Rivas terminó la carrera de Derecho en Ciudad del Este, con su promoción, la carrera fue cerrada. En el 2017, el Cones sacó la Resolución N° 78/2017, en la que solicitaba a todas las universidades catastrar sus carreras para tener un registro de las carreras habilitadas bajo el amparo de la Ley N° 2529/2006, bajo la condición de que esas carreras se encuentren activas.
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No habrá paro de transporte, afirma viceministro Fernández
El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, confirmó que no hay conversación alguna sobre un eventual paro del transporte público, desmintiendo por completo los rumores ante supuestas desavenencias con la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión. El funcionario trasmitió tranquilidad a la ciudadanía sobre el punto. No obstante, señaló que sí existen negociaciones con los transportistas, pero ninguna amenaza de paro de transporte publico.
En comunicación con el programa Cuenta Final Radio, de Universo 970Am/Nación Media, el viceministro Fernández explicó que está en constante comunicación con todos los transportistas y no hay ninguna conversación de paro.
“Quiero darle esa tranquilidad a la ciudadanía, estamos sí trabajando con los transportistas en muchos temas, que estamos trabajando con mucha fuerza. Pero en absoluto hay algún tipo de conversación sobre paro en esta oficina. No hay ningun documento oficial sobre ese tipo de comunicación”, remarcó.
Indicó que desconoce por completo de donde salió ese tipo de información, pero para tranquilidad a la ciudadanía aseguró que no existe ninguna intención de llevar adelante alguna huelga de transportista.
El viceministro Fernández que asumió recientemente el cargo, indicó que al día siguiente de ocupar su despacho ya se reunió con los representantes de los tres gremios de transportistas, así como con representantes de la sociedad civil denominados “Opama” y “Colectivo”, así como también ya dialogó con las empresas del billetaje electrónico.
“Yo no quise perder ningún tiempo en comenzar a trabajar, y que me conozcan y señalar en forma personal sobre lo que vamos a hacer y los planes que tiene el presidente Santiago Peña. Les transmití confianza, y quiero trabajar en una reforma definitiva de un sistema de transporte público. Este sistema ya no da más, ya no aguanta más, está fallido y la única forma de construir es con todos los actores”, indicó.
El viceministro señaló que entre los primeros planes de acción está atacar a uno de los principales “dolores” de la ciudadanía que tiene que ver con la regulada, que significa esperar mucho para el ciudadano.
“Este es el dolor más fuerte que sufre la ciudadanía y es lo que pude captar de todas las entrevistas que tuve, de las notas que recibimos. Estas primeras semanas fue en esto lo que comenzamos a trabajar y le dije a los transportistas que estaría yendo a cada empresa para ver como están las flotas y por qué no pueden sacar los buses”, precisó.
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“No hay nada oculto”: designaciones de carácter político están contempladas dentro de la ley
“Entiendo que hay una gran confusión respecto a lo que es la carrera diplomática, consular, administrativa y técnica y lo que es el espacio político”, manifestó el canciller Rubén Ramírez Lezcano con relación a las denuncias sobre la contratación de familiares de políticos en las embajadas paraguayas.
“La ley bajo la cual se administra todo el sistema, el escalafón y las designaciones en el servicio diplomático de la República es la 6935 del año 2022. La ley establece la posibilidad de que se incorpore hasta un 20 % de las designaciones de carácter político. Existen funciones en el servicio exterior que están ocupadas por designaciones de carácter político como ocurre en todo el mundo”, puntualizó.
Asimismo, Lezcano manifestó que por decreto se establecen designaciones para ocupar cargos en las embajadas o consulados, tanto en áreas administrativas y técnicas. Señaló también que en la norma se establece un contrato por tiempo determinado.
Las afirmaciones del alto funcionario de Estado surgieron tras ser consultado sobre el caso de la joven de 24 años, Magida Esgaib, hija del diputado Yamil Esgaib, quien figura como funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente en la embajada paraguaya ante el Reino Unido, con un salario de G. 21 millones.
“Ella es una administrativa, que tiene un contrato determinado. Existen servicios que no exigen un título académico, como por ejemplo, conductores de vehículos para el servicio de las embajadas, limpiadores, auxiliares administrativos. A todos se les evalúa de acuerdo a su conducta, el contrato tiene una duración de 3 meses y se va renovando de acuerdo a la calidad del servicio”, indicó.
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Ramírez Lezcano acotó: “Acá no existe nada oculto, hay designaciones de carácter político. Está contemplado dentro de la ley y por lo tanto no existe ningún impedimento para que esto se produzca desde el punto de vista de la ley”.
Embajadas cubiertas
Por otra parte, manifestó que de un total de 17 embajadas que encontraban vacantes, el gobierno de Santiago Peña ya logró cubrir 14 sedes diplomáticas. En la fecha se produjo el juramento de 10 embajadores paraguayos.
“Realmente destacamos que la inserción de Paraguay en el mundo como prioridad de la gestión del gobierno del presidente Santiago Peña se va cumpliendo. Desde el principio abordamos estos desafíos de una manera integral y oportuna para que nuestro país esté de pie ante el mundo. Los próximos días estaremos enviando al Congreso Nacional los próximos pedidos de acuerdo constitucional una vez recibido los beneplácitos de los países donde estamos acreditando embajadores”, dijo en una entrevista con los medios de prensa.
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Proyecto de ley busca modificar el Código Penal y combatir la mora judicial
El diputado Derlis Rodríguez prevé próximamente la realización de una audiencia pública con el objetivo de generar debate entre los representantes del Poder Judicial, gremios de abogados y la ciudadanía en general sobre el proyecto que busca erradicar la mora judicial proponiendo la modificación del Código Penal y optimizar los plazos procesales.
“Hoy tenemos casi 20.000 personas privadas de su libertad en las penitenciarías del país, de los cuales 5.000 solo tienen condenas y un total de 15.000 personas están privadas de su libertad sin ser condenadas. Toda esta población penal vive junta y esto no tendría que ser así. La gran mayoría tiene juicios hace años, tiene un proceso que no corre, los plazos están congelados en la Corte Suprema de Justicia o en algún tribunal hace años”, indicó.
En entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media el parlamentario sostuvo que “mirando todo esto, hoy tenemos una superpoblación en nuestras penitenciarías, estamos teniendo una mora judicial en donde los procesos penales tienen un plazo más allá de lo que se establece en nuestras propias leyes que dice que un proceso tiene que durar solo hasta 4 años, máximo 5 años, pero, sin embargo, tenemos procesos que duran 14 o 15 años”.
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Rodríguez detalló que mediante la iniciativa se plantea establecer taxativamente un plazo para la resolución de los procesos penales. Agregó que la iniciativa ya se encuentra siendo evaluada tanto en la Comisión de Asuntos Constitucionales y en la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados para dictamen correspondiente y posterior tratamiento en el pleno.
Duración del proceso
“Lo que buscamos es que la mora judicial pueda terminar, que cualquier investigación, proceso que se tenga pueda durar solamente 3 años, nada más, máximo 4 y que no estemos sometidos a 10 o 15 años a un proceso judicial”, expresó.
El legislador añadió que “la mora judicial lo único que nos trae es que la independencia judicial esté en juego, en riesgo en cuanto a los sesgos que puedan tener tanto el meter la mano el poder político, económico, mediático y por sobretodo el manoseo que pueda sentir la gente en cuanto a sus derechos humanos. Con esta ley buscamos poner un plazo taxativamente”.
Rodríguez remarcó que es consciente que el proyecto “será un motivo de debate en la ciudadanía, con los gremios de abogados, los representantes de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. Alguien tiene que ponerse el saco de la responsabilidad y cumplir con lo que la ley dice”.
El parlamentario lamentó que “la prisión preventiva se ha convertido hoy en una constante”. “Nuestra Constitución busca la rehabilitación de las personas una vez que se le dé la pena, es por eso que ponemos los plazos taxativamente en las leyes para que los jueces no puedan decir el día de mañana que no se les dijo que si en ese tiempo no cumplían con el plazo que la causa pueda prescribir, extinguirse”, indicó.
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Diputado destaca la política de seguridad del Gobierno
El diputado independiente Rubén Rubin celebró este miércoles la incursión de una nueva camada de 507 agentes del Grupo Lince y solicitó al gobierno de Santiago Peña impulsar una constante capacitación de los agentes para el cumplimiento efectivo del combate contra la inseguridad.
“El Gobierno está cumpliendo su promesa de triplicar el grupo Lince, también en lugar de sacar 1.000 nuevos policías al año vamos a comenzar a sacar al año 5.000 nuevos policías; esto es un ritmo que realmente el país nunca tuvo”, puntualizó. Durante su intervención en la sesión ordinaria de la Cámara Baja de este miércoles el legislador sostuvo que “el gobierno anterior sacaba más o menos 50 linces por año, este gobierno acabó de sacar 1.200 en ocho meses, sin dudas el ritmo es el adecuado”.
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Los agentes linces se incorporarán inmediatamente a las filas de la Policía Nacional para reforzar la lucha contra la inseguridad tanto en las zonas urbanas como rurales. “No tenemos que convertir la lucha en contra de la inseguridad en una simple estadística, esto tiene que ser real y para eso la capacitación tiene que estar en el centro de la modernización de la Policía Nacional”, indicó el dirigente político de la oposición.
Reglamentar uso de videocámaras corporales
Por otra parte, el congresista urgió al Poder Ejecutivo reglamentar la ley 6757 que establece el uso obligatorio de cámaras corporales en los procedimientos de allanamientos, detenciones, secuestros y otros operativos que realicen agentes del Ministerio del Interior, de la Fiscalía, de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y municipios.
Agregó que su inmediato cumplimiento contribuirá en el proceso de modernización de la Policía Nacional. “Hablé con el ministro del Interior Enrique Riera y le manifesté que presentaré un proyecto de declaración que le insta al Ejecutivo a reglamentar la implementación de cámaras en el pecho de los efectivos. Esto me parece muy importante porque hoy existe una desconfianza para con la fuerza pública, la corrupción también llegó a esta institución (Policía Nacional)”, indicó.
La norma fue promulgada en junio del 2021 por el entonces gobierno de Mario Abdo Benítez, sin embargo, su cumplimiento aún no es efectivo, lamentó Rubin. “Creo que le dará tranquilidad al pueblo paraguayo su reglamentación e implementación. Esta mal decir que esta ley se encuentra activa porque no vemos policías con cámaras de seguridad en el pecho. Se estará grabando todo el procedimiento, será una forma de transparencia”, remarcó.
El organismo regulador será el Ministerio del Interior, que debe proponer la reglamentación de la ley en coordinación con el Ministerio de Tecnologías de la Información (Mitic), el Ministerio Público y la Secretaría Anticorrupción (Senac).