A pesar de tener a su disposición los informes de la Dirección Nacional de Con­trataciones Públicas, de la Contraloría General de la República y de otras depen­dencias donde se llegó a la con­clusión que existió irregulari­dad en la compra fallida que realizaron las firmas Imedic SA y Eurotec, cuyos accionis­tas son Justo Ferreira, y sus hijos, el fiscal Osmar Legal ignora dichos documentos y sigue sin formular la imputa­ción contra el clan Ferreira.

En el caso se investiga a las citadas dos firmas por inten­tar vender insumos médi­cos de dudosa procedencia al Ministerio de Salud que tenía que abonar la suma de G. 86 mil millones por los pro­ductos cuando que estos no eran para uso médico. Con todos los informes contun­dentes que cuenta la Fiscalía sobre la tentativa de estafa de los denunciados, existen sobrados indicios que el clan Ferreira quiso aprovecharse de la pandemia y pretendían lucrar con la salud del pueblo.

En una parte del documento de la DNCP dice claramente que “el incumplimiento de la firma denunciada frustró a la convocante, es decir el Minis­terio de Salud, de los insumos en tiempo y forma, privándola de la satisfacción de las nece­sidades de la institución y que esto deriva en el perjuicio que ocasionó al sistema de Salud Pública en plena situación de emergencia sanitaria al dejar desabastecida a la contra­tante de los elementos objeto llamado cuya naturaleza era urgente”, menciona una parte del contundente informe de la referida institución.

Por su parte la Contraloría General de la República fue lapidaria en la conclusión de su informe señalando que “la adquisición se encuentra viciada de irregularidades en todas sus etapas, teniendo en cuenta el proceder según los datos publicados y regis­trados en el sistema de infor­mación de las contrataciones públicas”, menciona parte del documento que cuenta en su poder el fiscal Legal, pero hace caso omiso al mismo y sigue beneficiando al clan Ferreira.

Asimismo, la denuncia del Ministerio de Salud y de la comisión parlamenta­ria creada para hacer segui­miento al citado caso, quienes mencionaron que la impor­tación no reunía los requisi­tos de una compra con todas las de la ley. Del mismo modo se pudo comprobar que los insumos no eran para que los profesionales de la salud pue­dan utilizar en la lucha con­tra el covid-19, por lo que exis­ten sospechas de que Justo Ferreira y sus hijos represen­tantes de las firmas Imedic SA y Eurotec intentaron estafar al Estado con los insumos chi­nos.

Lo que llama poderosamente la atención al Ministerio Público es que los mismos ponen trabas al presente caso excusándose en que faltan algunos informes de la Uni­versidad Nacional de Asun­ción sobre las mascarillas para luego imputar al clan Ferreira. Igualmente es fuerte la ver­sión que circula por los pasillos de la Fiscalía Anticorrupción que un abogado que asesora externamente a Justo Ferreira sería el nexo con el fiscal Legal en vista a que este profesio­nal del derecho fue abogado de la familia del agente fiscal y que habría un acuerdo entre ambos para tratar de congelar la investigación por tentativa de estafa al Estado.

El fiscal de la Unidad de Deli­tos Económicos Osmar Legal, quien imputó al accionista de la firma Imedic SA Justo Ferreira, a su hija Patricia Ferreira y a otras cinco per­sonas más por contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación crimi­nal, violó el artículo 240 del Código Procesal Penal, que habla sobre la detención y los requisitos para que la autori­dad competente pueda orde­nar la detención de un impu­tado.

La omisión de solicitar que sean buscados y detenidos por parte del fiscal Legal contra los imputados posibilitó que los abogados de los Ferreira puedan presentar varias chi­canas y evitar someterse a la Justicia. Este hecho pareciera ser ideado por el propio Legal en vista a que tendría nexos de amistad con un abogado que asesora externamente al clan Ferreira.

Debido a las chicanas que presentó la defensa de Justo Ferreira, el mismo su hija y los demás imputados en el presente caso, siguen gozando de la libertad. Es sumamente llamativo y sospechoso que un fis­cal haya imputado y haya pedido la prisión de los imputados, pero no pidió la orden de detención de los procesados. Ahora será el juez Humberto Otazú quien tendrá que fijar la fecha para la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se defi­nirá si el clan Ferreira y demás imputados pisan la cárcel de Tacumbú, Buen Pastor u otra penitencia­ría de nuestro país.