La Cámara de Apela­ción, integrada por los jueces Gustavo Santander, Cristóbal Sán­chez y José Waldir Servín, de forma llamativa apartó al juez de Delitos Económi­cos José Delmás del proceso penal por contrabando, pro­ducción de documento no auténtico y asociación cri­minal que soporta el accio­nista de la firma Imedic SA Justo Ferreira, su hija Patri­cia Ferreira y otras cinco personas más. Ahora el expediente judicial deberá pasar al juzgado a cargo del magistrado Humberto Otazú, quien deberá rea­lizar la audiencia de impo­sición de medidas caute­lares, donde se tendrá que definir si miembros del clan Ferreira van a la cárcel o no.

El abogado Andrés Casati, defensor de Justo Ferreira, recusó al juez Delmás bus­cando jueces a medida y que respondan a los intereses de los directivos de la firma Ime­dic SA. Por su parte, el Tribu­nal de Alzada advirtió al pro­fesional del derecho Casati que no abuse con la presen­tación de chicanas en el pre­sente caso o de lo contrario podría ser sancionado.

APRIETE DEL JEM

En su momento, con posibles fines de apriete, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistra­dos (JEM) solicitó informe al juez de Delitos Económi­cos José Delmás en el marco de la causa caratulada “Justo Ferreira Servín c/ Contra­bando”. Este pedido podría considerarse como una pre­sión al magistrado judicial. El escrito lleva la firma del criticado miembro del JEM Adrián Salas, quien en su momento quiso impedir que se inicie una investigación en el caso de las narcoavionetas.

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FISCAL SIGUE SIN IMPUTAR

A pesar de contar con todos los elementos de sospecha sobre la tentativa de estafa al Estado, el fiscal Osmar Legal sigue sin formular la impu­tación contra Justo Ferreira y otros, en el marco de la investigación por la compra fallida de insumos médicos para la pandemia del covid-19, donde se pretendía entre­gar al Ministerio de Salud productos de dudosa proce­dencia por valor de G. 86 mil millones.

NO ORDENÓ DETENCIÓN

El fiscal de la Unidad Espe­cializada de Delitos Eco­nómicos y Anticorrupción Osmar Legal, quien imputó al accionista de la firma Imedic SA Justo Ferreira, su hija Patricia Ferreira y a otras cinco personas más por contrabando, pro­ducción de documentos no auténticos y asociación cri­minal, violó el artículo 240 del Código Procesal Penal, que habla sobre la deten­ción y los requisitos para que la autoridad competente pueda ordenar la detención de un imputado.

La omisión de solicitar que sean buscados y detenidos por parte del fiscal Legal contra los imputados posibilitó que los abogados de los Ferreira puedan presentar varias chi­canas y evitar someterse a la Justicia. Este hecho pareciera ser ideado por el propio Legal en vista a que tendría nexos de amistad con un abogado que asesora externamente al clan Ferreira.

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