El abogado Jorge Bogarín, defensor del diputado Tomás Rivas, se refirió al informe del perito del Ministerio Público que se dio a cono­cer el viernes. En este sen­tido, mencionó que antes de comprometer a los acusados, pone en duda las afirmacio­nes de la Fiscalía que soste­nía desde un principio de la investigación.

“Esa es una opinión la cual no compartimos. La acusa­ción es una afirmación en este caso de la Fiscalía que tiene que ser confirmada o desvirtuada por las prue­bas, lo que se dio ayer (por el viernes) es un elemento de prueba, que en lugar de com­plicar la situación de los acu­sados en este juicio, lo que hace es más bien desmeritar lo que dice la Fiscalía”, refi­rió el abogado.

En su declaración, Darío Benítez, perito del Ministe­rio Público, detalló que dos personas distintas comple­taron las planillas de asisten­cia a la Cámara de Diputados.

Este perito participó del juicio oral contra Lucio Romero Caballero, Nery Antonio Franco y Reinaldo Chaparro, imputados por presuntos hechos de cobro indebido de honorarios y estafa, quienes supuesta­mente figuraban como fun­cionarios de la cámara; sin embargo, cumplían funcio­nes en la casa del diputado, según las denuncias.

Sin embargo, para la defensa de Rivas, esta afirmación es contraria a todo lo que viene sosteniendo la Fisca­lía sobre el caso.

“La Fiscalía afirmaba ini­cialmente que estas perso­nas no trabajaban en el Par­lamento y en algún momento firmaban todos en un mismo momento las planillas”, dijo Bogarín.

Mencionó además que la pericia no cuenta teniendo en cuenta que “en realidad fue una pericia documen­tológica, que más bien se refiere al tipo de tintas uti­lizadas, hablan de los ele­mentos suscriptores, lo que no confirma absoluta­mente nada en ninguno de los extremos expuestos por la acusación; al contrario, introduce el elemento duda”.

Agregó que no se trató de una pericia caligráfica; es decir, no se puede hablar de que estas firmas sean de puño y letra de los acusados. “El perito lo que encuentra son unas diferencias en los números que registran la entrada y salida de estas per­sonas, y, al contrario, dicen que estas firmas son con­sistentes. No estaba habili­tado que son firmas falsas o autenticadas porque no es un perito calígrafo y, en segundo lugar, desmiente lo que la Fiscalía afirma en su acusación”, sentenció.