Con el solo hecho de favorecer los intereses del abogado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Guillermo Duarte Cacavelos, quien además es representante legal de los padres de Rodrigo Quintana, el 4 de diciembre del 2018 la Cámara de Apelaciones Segunda Sala, integrada por José Agustín Fernández, Delio Vera Navarro y Bibiana Benítez, canceló la personería jurídica de Ana Mora, abogada de la hija y heredera del joven dirigente liberal, muerto el 1 de abril. Para el efecto camuflaron dicha resolución dentro de la orden de entregar el disco duro del circuito cerrado de la sede partidaria a los abogados defensores del suboficial privado de su libertad, Gustavo Florentín. 

Según el abogado Fabián Ramírez, quien ejerce con Mora la defensa de la hija de la víctima, Víctor Raúl y Ricardo Estigarribia, además de Sandra Barrios, abogados del acusado por el crimen de Rodrigo Quintana, habían solicitado al juez Alcides Corbeta la entrega de dicho elemento magnetofónico, sin embargo, este se había negado, por lo que los mencionados profesionales recurrieron a la Cámara. 

Para poder seguir en este proceso y ordenar la entrega de las copias del disco duro a la defensa, el mencionado tribunal de alzada debería de cancelar la personería jurídica de Ana Mora, quien tiene motivos de excusación con la camarista Bibiana Benítez, que data del 2010, cuando dicha jueza aún era jueza penal de Garantías. 

Y fue así que la Cámara de Apelaciones Segunda Sala, antes de inhibirse al haber motivos, se fue por el camino más corto que es el de cancelar la personería jurídica de la mencionada profesional, representante de la heredera de Quintana. 

Ante esta situación, dos días después de la resolución, el 6 de diciembre del 2018, el abogado Fabián Ramírez Mora apela la resolución que cancelaba la personería jurídica de Ana Mora, lo que ahora se encuentra en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, y la semana pasada se integró para estudiar el caso con los ministros Alberto Ramírez Simón, César Diesel y Carolina Llanes. 

“Yo apelé dicha cancelación de la personería jurídica, ya que los mencionados camaristas no pueden actuar en esta causa porque existe una enemistad manifiesta entre Ana Mora y Bibiana Benítez y no sabemos qué intenciones tienen los mencionados magistrados para no querer apartarse del proceso”, dijo Ramírez. 

Según Ramírez, en marzo de este año, el abogado Guillermo Duarte Cacavelos y la fiscala de la causa Marlene González habían pedido su sanción, por lo que asegura que tanto la Fiscalía, como la otra querella, que responde a los intereses del PLRA, como la Cámara de Apelaciones le intentan sacar del medio a los abogados de la heredera de Quintana, quien debería ser prioridad en la presente causa. 

SE PREVÉN IMPUTACIONES POR ALTERACIÓN DE LA ESCENA DEL CRIMEN 

Esmilda Álvarez, la fiscala que investiga una posible frustración a la persecución penal, tras la alteración de la escena del crimen que se observa en las nuevas imágenes que salieron a la luz del caso del crimen de Rodrigo Quintana, había manifestado que esta semana habría novedades respecto al tema y se espera que llame primero a declarar a las personas que fueron observadas en los videos, para luego empezar a imputar por los hechos mencionados. 

La mencionada agente del Ministerio Público había dicho que por cuestiones de investigación no iba a adelantar ninguna información, pero aseguró que ya avanzó en lo que es el caso. 

El pasado 13 de julio, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, designó a la agente Álvarez en la investigación de una posible frustración a la persecución penal tras la aparición de nuevos videos de lo ocurrido en la trágica madrugada del 1 de abril del 2017 en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). 

PRELIMINAR SUSPENDIDA

Cuando ya todo estaba previsto para realizarse la audiencia preliminar en el caso del crimen de Rodrigo Quintana el 24 de junio pasado, uno de los acusados, el suboficial Guido Amarilla recusó a la jueza Cynthia Lovera, ya que el procesado considera que la causa ya está arreglada y que el caso irá a juicio oral y público. 

La mencionada apelación nuevamente fue a la Segunda Sala, que también ya está con un pedido de recusación por parte de la querella, los representantes de la hija de Quintana, por lo que la Corte Suprema de Justicia debe resolver. 

En esa misma fecha, la jueza Lovera también rechazó el pedido de liberar a Gustavo Florentín, argumentando peligro de fuga y frustración a la persecución penal. 

Por último, el 6 de julio el suboficial Arnaldo Báez fue beneficiado con libertad ambulatoria, además el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento definitivo del mencionado policía.