El abogado Jorge Bogarín, defensor de Lucio Romero, uno de los denominados “caseros de oro” vinculados al diputado Tomás Éver Rivas, expresó que su cliente junto con otros dos ciudadanos son acusados de forma incorrecta por la Fiscalía de haber percibido dinero público, cuando no desempeñaban labores en el Congreso Nacional.

Pese a la serie de desprolijidades en la investigación, según señaló la defensa de Romero así como la de Reinaldo Chaparro y Nery Franco, se llevó adelante el juicio oral por la acusación de que el diputado colorado Rivas los hizo figurar como parte del plantel del Poder Legislativo, percibiendo salarios, a pesar de que supuestamente se encontraban trabajando en las propiedades del legislador. La defensa sustentó su pedido bajo la postura de que el Ministerio Público no cumplió con los requisitos procesales al formular su acusación.

En tanto, el parlamentario Tomás Rivas no forma parte de este proceso, ya que el colorado tuvo que pasar antes por el proceso del desafuero. “Estas personas ya llegaron a juicio oral, el cual se está desarrollando ahora y en el caso del diputado Tomás Rivas está todavía para audiencia preliminar, la cual aún no se realizó, por lo que la causa fue dividida”, sostuvo.