Por supuestos hechos punibles en la matadería municipal de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, fue denunciado ante el Ministerio Público el intendente local José Carlos Acevedo. La denuncia fue presentada ante el fiscal adjunto de la Fiscalía, César Augusto González Velázquez, por el concejal de la comuna Ivo Lezcano.
El edil colorado indicó que la denuncia presentada va acompañada de los antecedentes para que sea investigada la existencia de hechos punibles en la matadería municipal encargada de vender carne para consumo humano.
Entre las denuncias presentadas por la Junta Municipal, resueltas en la sesión del lunes 13 de julio, se mencionan varias irregularidades en materia de salubridad y medio ambiente. Primeramente, presentaron materiales audiovisuales donde se constata que no hubo refacciones en la matadería municipal. Existe un contrato vigente firmado por el intendente José Carlos Acevedo para la realización de las obras, informó el concejal.
Como antecedentes de la denuncia adjuntan una copia de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en la que figura el estado de las licitaciones nacionales y se especifica qué se tiene ejecutado de obra adjudicada. Además de la copia de las mejoras a ser introducidas y costo unitario por ítems, firmados por el contratista, el ingeniero Luis Alberto González Sánchez.
La denuncia se realiza tras la constatación de que los residuos de la matadería municipal son arrojados al arroyo denominado Marco Choro, contaminando así directamente el cauce hídrico, ya que los residuos no reciben tratamiento.
El concejal instó a la Justicia a que sea diligente y actúe sobre los cuestionamientos hacia el intendente José Carlos Acevedo.
INTERVENCIÓN
Un grupo mayoritario de concejales de Pedro Juan Caballero solicitó a la Cámara de Diputados la intervención de la Intendencia de José Carlos Acevedo. Alegan varias irregularidades en la gestión de Acevedo. Mientras que otro grupo de concejales, afines a Acevedo, llegó hasta la capital del país para solicitar el rechazo del pedido, alegando que según este grupo no existen evidencias de las denuncias presentadas y que se trataría de una “suerte de chantaje”, como indicó el concejal liberal Agustín Torres.
Entre los puntos cuestionados a la gestión comunal se encuentran los G. 10.000 millones destinados únicamente a pagos de salarios y la compra de combustible por G. 3.000 millones para flota de 12 vehículos, entre topadoras, motoniveladoras y tractores. Destacan además el desembolso de G. 4.600 millones para comisiones vecinales solo para el 2019, además de los G. 9.000 millones correspondientes al 2018.