El jefe de Gabinete de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, manifestó este martes que no hubo daño patrimonial en el caso de las licitaciones canceladas por el Ministerio de Salud para la compra de insumos médicos. La cartera sanitaria dio un anticipo del 20% a las empresas Eurotec e Imedic, vinculadas al empresario Justo Ferreira.
“Al no haber aceptado el producto y al no haber pagado, no debería haber daño patrimonial. Si se quiere investigar desde otro punto de vista, naturalmente, se puede hacer, pero el daño patrimonial, como esencia del problema, no se puede producir cuando no se recibe el producto y no se paga”, señaló Villamayor.
Sostuvo que la empresa deberá hacerse cargo de los gastos por incumplir el contrato, que es de “naturaleza civil”. A su criterio, si el Ministerio Público considera que hay algo más para investigar, ya queda a su cargo continuar con las pesquisas contra las firmas del clan Ferreira.
Mencionó que al hablar de “intento” se confirma que tal delito no existe, pero si la “intención” tiene derivación penal, es la Fiscalía la que debe investigar. El jefe de Gabinete considera que administrativamente no se juzgan las intenciones, sino el perjuicio ocasionado. “El daño técnicamente, según la comisión (compras covid), no existe. Hay un perjuicio, eso no quiere decir daño patrimonial. El patrimonio, entendiendo que es el conjunto de bienes de la administración pública, no ha sido dañado”, agregó.
Con el pretexto de la emergencia sanitaria, Eurotec e Imedic SA obtuvieron un contrato millonario y un anticipo indebido para la provisión de insumos médicos, que al final fueron cancelados y rescindidos ante las irregularidades. Ambas firmas obtuvieron un contrato de US$ 13 millones y el anticipo fue del 20%. El monto total que debería recuperar el ministerio es de G. 25.000 millones. Eurotec recibió G. 7.400 millones y la garantía de fiel cumplimiento es de G. 3.700 millones. Imedic obtuvo G. 9.590 millones como anticipo y la garantía de fiel cumplimiento G. 4.795 millones.