El Poder Ejecutivo ins­talará mañana la mesa técnica con los sindi­catos para consensuar la pro­puesta respecto a la función pública y el servicio civil, la cual pretende establecer varios cambios en la estruc­tura del Estado.

La convocatoria está fijada para las 14:00, y se encuen­tra encabezada por el vice­presidente de la República, Hugo Velázquez. El objetivo del encuentro es presentar un proyecto de ley consen­suado entre los trabajadores estatales y el Gobierno. La propuesta será remitida a la Comisión Bicameral de Reor­denamiento de la Estructura del Estado, conformada en total por 11 diputados y sena­dores de diferentes partidos.

“La vía para encontrar el con­senso es con la paciencia de escucharnos entre todos. No existe otro secreto. Las sociedades que salieron ade­lante fueron las que supieron escuchar y hallar acuerdos en medio de diferencias”, dijo el segundo del Poder Ejecutivo.

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Entre las innovaciones que tendrá la ley del servicio civil se encuentra el artículo que señala la vía de acceso a la función pública, indicando que el único modo será el con­curso. El proyecto prevé ade­más la duplicación de años para adquirir la estabilidad (a 4 años), condicionado a que el ingreso sea por concurso y evaluaciones objetivas de desempeño en las cuales, nin­guna debe ser deficiente, ade­más de aprobar un examen de conocimientos específicos a la función realizada. Esta futura ley busca establecer también la carrera del servi­cio civil, dando previsibilidad laboral y evitando los aumen­tos discrecionales.

A QUÉ SE DEBE EL LLAMADO OFICIAL

La instalación oficial de la mesa de trabajo surge tras la manifestación que se rea­lizó días atrás en la Costa­nera de Asunción en con­tra del proceso de reforma estatal bajo el argumento de que tenía como finali­dad el entreguismo, mani­festando incluso la des­confianza hacia Velázquez, quién junto al ministro de Hacienda, Benigno López, fueron designados por el pre­sidente Mario Abdo Benítez, para impulsar el proceso.

Afirmaron que detrás del pro­yecto que pretende el Poder Ejecutivo subyace la inten­ción de “privatizaciones sobre los recursos estraté­gicos del Estado, que deben ser puestos a la ciudadanía y no rematarse en el afán de grandes negociados, detrás de los que nuevamente están conocidos grupos políticos y económicos”, puntualizaron.

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