“Queremos ver la trazabi­lidad y los tipos de informes que serán necesarios para establecer, de manera ágil, una línea de análisis e investigación; el tiempo establecido no signi­fica impunidad, sino que esos informes sean eficaces, resal­tando que en todos los casos se agotarán todas las líneas investigativas. Es un arduo trabajo, pero no vamos a dar impunidad a nadie”, declaró ayer Sandra Quiñónez, fis­cala general del Estado. Qui­ñónez lideró la primera mesa de trabajo que se instaló en la sede central de la Fiscalía General del Estado, que está integrada por la fiscala gene­ral, el contralor general de la República, Camilo Benítez Aldana; el viceministro de la Subsecretaría de Tribu­tación, Óscar Orué, y fisca­les de Delitos Económicos. El objetivo fue trazar accio­nes de trabajo en relación con los análisis y exámenes de las declaraciones juradas.

El contralor general de la República, Camilo Benítez Aldana, señaló que se deben establecer criterios objeti­vos a fin de establecer pará­metros y el universo de los primeros análisis a ser rea­lizados. Según explicó, esta mesa será determinante con los controles cruzados para establecer esos crite­rios unificados a la hora de valorar hechos como enri­quecimiento. “Lo que bus­camos es no cometer erro­res del pasado, como enviar dictámenes que luego sean rechazados por el Ministerio Público por no contener los datos necesarios o no estar basados sobre la misma línea de investigación penal, que sean informes eficaces”.

Sobre el tiempo estimado, el contralor explicó que “estos análisis serán sumados al planeamiento que tiene la Contraloría anualmente, más aquellos pedidos de otras investigaciones que lleva ade­lante el Ministerio Público de denuncias abiertas anterior­mente que están en curso y son como 40 causas. Ahora, sumado a la lista que enviará también la Subsecretaría de Tributación. Pero pondremos todos nuestros esfuerzos de luchar contra la impunidad, como dijo la fiscala general del Estado. Si nos ubicamos en nuestro planeamiento, en los cuales están insertos parte del universo de nombres ya publicados en los medios”. Así informó la Fiscalía en un comunicado.

Daniel Faría, director de Fiscalización Tributaria en la Subsecretaría de Estado de Tributación, resaltó que ellos también aportarán con un mecanismo de control cruzado a través de un plan de auditoría, donde tomarán a contribuyentes determi­nados y se analizarán para establecer el nivel de riesgo, creando diferentes perfiles de riesgos. Indicó que esto ayu­dará a seleccionar de la mejor manera e impulsar de forma inmediata los exámenes de declaración jurada.

“Cabe resaltar que todas las declaraciones serán cotejadas, solo que se van señalando indi­cadores de riesgos a cada uno como, por ejemplo, la capaci­dad de endeudamiento y el cre­cimiento patrimonial. Hasta el momento, utilizando este mecanismo, hemos tenido un 95% de efectividad. Confiamos en este tipo de criterio utilizado en la SET, porque es un tipo de comportamiento que se com­plementa con otros, pero al ana­lizar los ratios, uno espera que se mantengan los altos niveles de precisión. La agilidad depen­derá de la carga de una base de datos, porque esto se carga en una base de datos que se debe formalizar, partiendo por insti­tuciones y por cargos. Y depen­derá también de la capacidad operativa de trabajo”, acotó.

“Los hechos que serán investigados son hechos de corrupción en general y no se circunscribirá a un solo tipo”, reportó ayer de manera oficial la Fiscalía General del Estado, a través de su página oficial en internet. “Si bien el Ministerio Público debe actuar de oficio, se encuentra condicionado al Principio de Lega­lidad que significa que deben existir hechos concretos de la comisión de un hecho punible”, adelantó.

“Con relación a la oficiosidad, hay que entender que es un principio que rige para el Ministerio Público, pero se encuen­tra condicionado al Principio de Legalidad previsto en el Artí­culo 18 del CPP, el que establece básicamente que el Ministerio Público estará obligado a promover la acción penal pública de los hechos punibles que lleguen a su conocimiento, siempre que hayan suficientes indicios fácticos de la existencia de los mis­mos, en consonancia con el Art. 285 del Código Procesal Penal, que dice que la denuncia podrá presentarse en forma escrita o verbal”, agregó. Además, sostuvo: “Que la denuncia contendrá en lo posible el relato circunstanciado del hecho, con indicacio­nes de actores y partícipes, perjudicados, testigos y demás ele­mentos probatorios que puedan conducir a su comprobación y calificación legal”.