La jueza Cynthia Gar­cete decidió ayer sobreseer de forma definitiva al senador colo­rado Javier Zacarías Irún, y a la ex intendenta de la capi­tal de Ciudad del Este, Sandra McLeod, de forma provisoria, por la causa de lesión de con­fianza en su gestión al frente de la municipalidad de la capi­tal del departamento del Alto Paraná.

“Se decretó esto teniendo en cuenta que hubo nulidades y exclusiones probatorias, porque se hicieron interven­ciones de comunicaciones sin intervención judicial, las pericias se hicieron sin la participación de la defensa, el 90% de las pruebas son foto­copias simples y de contenido vacío… eso no puede servir de fundamento. El fiscal que investigó la causa trajo esto ante el juez, quien solo debe controlar si es suficiente para ir a juicio y estuvo conforme a la ley”, argumentó la jueza Garcete.

Con la decisión de la magis­trada de Ciudad del Este, el senador colorado queda libre de todo tipo de inves­tigación por la misma causa desde la víspera, en tanto que en el caso de su esposa, Sandra McLeod, el Ministe­rio Público tiene un plazo de un año para la realización de nuevas diligencias. De no sur­gir un hecho nuevo, correrá la suerte del marido, es decir, será sobreseída de forma defi­nitiva.

De momento, la ex intendenta de Ciudad del Este seguirá siendo investigada debido a que fue desvinculada de forma parcial del proceso penal que soporta por pre­sunta lesión de confianza.

El senador y su esposa fue­ron investigados por supuesto daño patrimonial a la Muni­cipalidad de Ciudad del Este. Fue por un supuesto daño patrimonial a la comuna por valor de G. 1.200 millones. En su momento, el propio legisla­dor pidió a sus colegas que le quiten sus fueros para some­terse a la justicia.

El abogado Ricardo Preda, defensor del senador colo­rado y de su esposa, destacó que el coacusado en la causa, Juan Sanabria, desacreditó la acusación del Ministerio Público al momento de pres­tar declaración ante la jueza penal de Garantías Cinthia Garcete, durante el desarro­llo de la audiencia preliminar llevada a cabo en Ciudad del Este.

Para el profesional del dere­cho, los dos fiscales que fue­ron en representación del Ministerio Público no pudie­ron responder de manera sufi­ciente los incidentes presen­tados en la diligencia judicial.

Cabe recordar que fue­ron los fiscales René Fer­nández y Josefina Aghemo quienes habían imputado el año pasado a ambos por­que supuestamente hallaron inconsistencias en sus decla­raciones. La medida se tomó luego de allanamientos rea­lizados por parte del Minis­terio Público en la Munici­palidad de Ciudad Este, la Gobernación de Alto Paraná y empresas de la familia. La Fiscalía pidió medidas alter­nativas para ambos.

Ante esta imputación, Zaca­rías Irún presentó un recurso con el objetivo de anular la diligencia fiscal. El Tribunal de Apelación finalmente ter­minó confirmando la impu­tación presentada en contra de la pareja política esteña.

Zacarías Irún también fue imputado por lesión de con­fianza, en carácter de instiga­dor. Tras la apertura del pro­ceso por declaración falsa y lesión de confianza en con­tra de McLeod, la misma fue destituida de la Intendencia de Ciudad del Este.

Los fiscales Diego Arzamendia y Jorge Arce ratificaron ayer la acusación contra la ex intendenta de Ciudad del Este Sandra McLeod y el senador Javier Zacarias Irún por lesión de confianza y solicitaron que la causa se eleve a juicio oral. La acusación es por la utilización de dinero que debía estar destinado a pago de publicidad y comunicación institucional, sin embargo, era utili­zado para propaganda política e imagen política del senador, así como otros servicios no contemplados en el contrato. En esta causa existen dos acusaciones contra los mismos, en una misma investigación.

Esa postura de los fiscales fue dada a conocer tras la decisión de la jueza Cinthia Garcete, quien dispuso el sobreseimiento defi­nitivo señalando que el caso no era tan grave y que, además, la acusación no estaba bien formulada haciendo valoraciones que no corresponden en este estadio procesal. “La valoración debe ser realizada en el ámbito de un debate en juicio oral y público, por lo tanto dicha medida será apelada por la Fiscalía”, dijeron.