El diputado colorado Carlos Núñez Salinas realizó un análisis sobre la situación del proyecto de ley del senador Sergio Godoy y otros sobre recortes de gastos superfluos, topeo salarial, entre otras normativas de austeridad. En ese sentido, señaló que lo toma en dos sentidos: uno desde el punto de vista normativo y otro desde el aspecto ético. “Estos cambios requieren mucho análisis, por lo cual creo que debemos ocuparnos de estos temas con mucha responsabilidad”, sostuvo.
Al respecto, señaló que desde el punto de vista normativo, la calificación de los funcionarios públicos en los principales espacios de decisión es fundamental para que el Estado sea eficiente, necesariamente se requiere de competitividad salarial. “Una seguridad para los profesionales que se han formado y todas las prestaciones sociales. Este es un tema que no debiéramos tomar a la ligera, por lo cual debemos estudiarlo detenidamente, pero en un contexto más amplio como el de la carrera civil, lo cual lo estamos haciendo en la Bicameral de Reordenamiento del Estado”, comentó el legislador a La Nación.
En este contexto, señaló Núñez Salinas que se debe analizar, por un lado, la carrera del funcionario público y garantizar la meritocracia para que el profesional pueda acceder a espacios técnicos con las calificaciones y capacitaciones del más alto nivel. “Por otro lado, deberíamos analizar todos y cada uno de los gastos que se denominan superfluos a fin de hacer eficientes los recursos del Estado. Mi propuesta es trabajar dos iniciativas separando estos temas para abarcarlos ampliamente, pero que a su vez sean complementarias”, acotó.
PROYECTO PERTINENTE
Por otra parte, el diputado colorado considera pertinente la aprobación del cuestionado proyecto de ley, atendiendo el aspecto ético de la situación del país, que es uno de los más desiguales en América Latina. Teniendo en cuenta que es el país cuyo 10% de la población concentra el 90% de la riqueza; que tiene un Estado con una institucionalidad débil, fragmentada y que a su vez, genera desigualdad al interior de su estructura al permitir diferencias salariales tan marcadas.
“Con un sistema que permite la baja eficiencia de sus recursos a través de gastos innecesarios en procesos que hasta pueden estar centralizados. Un ejemplo, existen cientos de llamados para las compras de un mismo tipo de papel; si tuviéramos un sistema de compras centralizado, el mismo proceso ahorraría millones de dólares al Estado. Definitivamente este proyecto de ley es muy pertinente”, sentenció.
Señaló que es necesario un nuevo orden administrativo dentro del Poder Ejecutivo, lo que podría contribuir a sumar esfuerzos y apuntar hacia un Estado eficaz y eficiente, con instituciones sólidas y especializadas. “Si no tenemos un proyecto país, donde claramente existan ejes de desarrollo, que ponga en el centro a las personas, garantizar sus derechos y que utilice a la economía como una herramienta para acceder al bienestar, probablemente esta oportunidad se convierta en una amenaza. Debemos tener claridad en qué clase de país queremos construir y trabajar en ese sentido”, acotó.