Los diputados integran­tes de la Comisión Especial de Compras Covid-19 presentarán esta mañana un informe ante el Ministerio Público para que evalúe las 32 licitaciones de compra de insumos médicos que fueron auditadas. Con­sideran oportuno ampliar la investigación fiscal e incluyan las licitaciones auditadas por dicha comisión.

De acuerdo a la nota presen­tada explican que las obser­vaciones encontradas “exce­den faltas administrativas y representan conductas penal­mente relevantes”. Además, proponen una audiencia con la Unidad Anticorrupción, a cargo de la fiscala adjunta Soledad Machuca.

En el informe se detallan las inconsistencias de las licita­ciones del Ministerio de Salud, como la designación con pos­terioridad a la intervención en los procesos de contrata­ción de la Comisión de Evalua­ción, así como la forma en que fueron designados, la falta de fundamentos para la fijación de los precios referenciales de los bienes y servicios que se requieren.

También cuestionan el hecho de que en los mismos procesos exista una vinculación entre proveedores socios, y que participen aquellos provee­dores que hayan incumplido o estén en mora contractual. Por otra parte, resaltan la falta de evidencia de aquellas ofer­tas adjudicadas que superaron el margen de los precios refe­renciales y la invitación infor­mal a los proveedores hecha desde correos electrónicos no oficiales.

Por otra parte, la Cámara de Diputados sesionará en forma extraordinaria mañana mar­tes 9 de junio a las 8:30, y sus­pende a la vez la ordinaria del miércoles 10, para tratar varios puntos de gran rele­vancia, como el proyecto de recorte de gastos superfluos y topeos salariales que ya fue postergado en varias oca­siones. Además, tienen pre­visto analizar el voto censura al ministro de Educación, Eduardo Petta, y un pedido de interpelación a la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo.

Al respecto, el diputado Raúl Latorre indicó que existe un debate constitucional res­pecto a los mecanismos habi­litados para plasmar este pensamiento. “Existe un con­senso de que determinados grupos de funcionarios con altos salarios, si pueden ser establecidos por ley. Así tam­bién existe un debate cons­titucional sobre cuál sería el mecanismo legal para imple­mentar lo mismo en las bina­cionales, ya sea a través de un acuerdo generado por las altas partes, o bien a través de una ley”, indicó.