Las comisiones de la Cámara de Dipu­tados de Asuntos Constitucionales, Legisla­ción y Codificación, Asun­tos Económicos y Financie­ros, Presupuesto, y Cuentas y Control continúan desde hoy el estudio del proyecto de ley de recorte de privile­gios y gastos superfluos que cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores. El proyecto de ley había sido postergado por tres semanas para un mejor estudio, que se cumple este miércoles 20 de mayo.

El diputado Derlis Maidana, quien preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, indicó que fueron convoca­dos los ministros del Inte­rior, Defensa y la ministra de la Función Pública, para cerrar la ronda de consultas con autoridades de las insti­tuciones afectadas por esta normativa. En tanto que estas comisiones podrían estar dando dictámenes mañana martes 21, a la par que las dis­tintas bancadas tomen una postura al respecto.

Mencionó además que estas cinco comisiones encargadas de dictaminar el proyecto legislativo han solicitado el parecer de tres connotados juristas nacionales, al doc­tor José Antonio Moreno Ruffinelli, al doctor Daniel Mendonca y al doctor Mar­celo Duarte Manzoni, quie­nes fueron consultados res­pecto de los recortes de las binacionales.

“Necesitamos esos dictáme­nes jurídicos; porque, por un lado tenemos los tratados internacionales, así también hay que tener en cuenta la pirámide de Kelsen, por eso necesitamos mayores estu­dios”, precisó.

Este conflictivo proyecto lleva más de tres semanas de estudio en la Cámara de Diputados, donde existe un fuerte lobby por el rechazo o la aprobación con importan­tes modificaciones. Si bien las bancadas no han tomado pos­tura definitiva, algunos dipu­tados manifestaron su pare­cer. Al respecto, el diputado Maidana, de la bancada de Honor Colorado, indicó que su bancada estaría tomando una decisión mañana. “Tiene aspectos positivos el proyecto de ley, por eso en forma perso­nal estaría por la aprobación con modificaciones. Pero es necesario tomar las precau­ciones necesarias, como por ejemplo incluir de vuelta la propaganda estatal, sobre todo las campañas contra la violencia contra la mujer, las campañas de promoción país que hace Senatur”, explicó.

En tanto que su colega de ban­cada Walter Harms, señaló que preferiría no opinar a pro­fundidad sobre esta ley, por­que es un proyecto muy con­flictivo, muy mediático, muy populista. “Tiene demasiados defectos jurídicos, riñe con lo que establece la Constitu­ción en cuanto a la prelación de las leyes. Prefiero nomás no opinar por el momento, pero objetivamente hablando este proyecto adolece de una serie de defectos jurídicos”, comentó.

“Creo que desde el punto de vista moral, el proyecto de Sergio Godoy es correcto. Estoy convencido de que el salario más alto en la Repú­blica del Paraguay tiene que ser el salario del Presidente; no existe responsabilidad mayor para un funcionario público que aquel que es responsa­ble de todo, tanto de la ges­tión, como la designación de todos los altos funcionarios”, expresó el diputado colorado Raúl Latorre. “No obstante, hay cuestiones que se tienen que revisar, como la situación de militares y policías que tie­nen una línea muy particular de trabajo. Nosotros estamos analizando el proyecto de ley como bancada; nos enrique­cemos con las distintas posi­ciones, convencidos de que debemos llegar a un norte, que sea más equitativa la dis­tribución de ingresos, pero a la vez cuidando de no come­ter injusticias o inconstitucio­nalidades dentro de ese pro­yecto”, acotó.

“Creo que este es un pro­yecto de ley realmente importante, principalmente porque es una propuesta legislativa que le da una patada a los privilegios que se fueron instalando a lo largo del tiempo. Eso es sustancial de alguna manera para comenzar el proceso de recuperación de la confianza de la ciudada­nía en su clase dirigente”, expresó el diputado Sebas­tián Villarejo (PPQ).

“Lo sustancial en una posi­ble reforma del Estado o de la administración pública es en realidad cambiar el paradigma de que el Estado es el que debe estar al servicio de la ciudadanía y no la ciu­dadanía al servicio del Estado. Lógicamente, este tipo de cambio no es fácil y muchas personas se van a resistir al mismo. Mucha gente quiere el cambio, pero poca gente quiere cambiar”, sostuvo.

El proyecto de ley de recorte de privilegios y gastos superfluos contempla tres ejes principales: topeo de salarios de altos fun­cionarios, eliminación de compras innecesarias y beneficios superfluos, y la limitación para la contratación de parientes en la función pública. Los cargos afectados por la ley se relacio­nan con rangos superiores y afectaría a unos 1.400 funcionarios públicos. Se estima un ahorro de US$ 40 a 300 millones al año.

Es decir, de aprobarse, la norma afectará al Presidente y vicepre­sidente de la República; ministros y viceministros del Ejecutivo; senadores, diputados, parlasurianos, gobernadores, miembros de las juntas departamentales e intendentes; autoridades de los entes autónomos y autárquicos; autoridades y consejeros de las entidades públicas, empresas públicas, entidades financieras; oficiales y generales de las Fuerzas Armadas y otros.

También afectará a rectores de universidades nacionales, minis­tros de la CSJ y Tribunales de Apelación; ministros del TSJE; fiscal general y adjuntos, contralor y subcontralor; defensor del Pue­blo; miembros del Consejo de la Magistratura y del JEM, y cual­quier otra entidad que disponga o reciba fondos públicos.