La Cámara de Diputados decidió ayer por mayo­ría postergar por tres semanas el tratamiento del proyecto de ley que establece recortes de gastos superfluos, limita la contratación de parientes en el Estado y topea los salarios de altos funciona­rios, sobre todo en las binacio­nales. El motivo principal es que las distintas comisiones asesoras encargadas de dicta­minar han realizado una serie de pedidos de informes a un número importante de insti­tuciones del Estado, las cuales aún no fueron respondidas.

Durante un breve debate, los legisladores de la multiban­cada solicitaron al pleno la aprobación en general del pro­yecto que fue presentado por el senador Sergio Godoy, de la bancada de Honor Colorado, que tiene media sanción de la Cámara Alta. En ese sentido, el senador de Patria Querida Sebastián Villarejo solicitó a sus colegas parlamenta­rios dar un mensaje claro a la ciudadanía aprobando en forma general y postergar por 15 días su estudio particular. No obstante, la mayoría deci­dió postergar por completo el proyecto de ley, dado que no contaba con dictamen de las respectivas comisiones aseso­ras que aguardan las respues­tas de los pedidos de informe.

La Cámara de Diputados aprobó por mayoría la crea­ción de comisiones especiales que analizarán los pedidos de intervención de los munici­pios de Pedro Juan Caballero, Tte. Esteban Martínez (Pre­sidente Hayes), así como Con­cepción, Azote’y y Arroyito (Concepción). Esto ocurrió pese a la oposición tenaz del diputado Roberto Acevedo, hermano del intendente de Pedro Juan, José Carlos Ace­vedo, que es investigado por mal uso de recursos de la comuna.

Acevedo alegó que no es momento de llevar adelante ninguna intervención de los municipios debido a la pan­demia del Covid-19. Destacó el rol que desempeñan los intendentes municipales en esta lucha y recordó, además, que recientemente fue apro­bada la redistribución de los royalties. Dijo que si se da la intervención esos recursos quedarían a cargo de inter­ventores y no de los jefes comunales electos.

Con el objetivo de mejorar las condiciones laborales del personal de blanco pertene­ciente a los consejos de salud, el plenario concedió ayer media sanción al proyecto de ley que establece la regu­larización laboral del perso­nal vinculado bajo régimen de contratos con fecha a tér­mino, que presta servicios en los consejos regionales y locales de salud, cuyos habe­res son pagados de los fondos de equidad del Ministerio de Salud Pública y Bienes­tar Social.

Al respecto, el diputado Basilio Núñez, uno de los principales proyectistas, fundamentó el documento alegando que esta propuesta va a dignificar al personal de blanco que presta servicios en los consejos de salud.

Asimismo, el pleno resolvió postergar por una semana el análisis de dos proyectos de ley que buscan la exone­ración de las cuotas de las instituciones subvencio­nadas y privadas, además de establecer un fondo de apoyo económico a estas instituciones. “General­mente son los que más tra­bajan y son los peor remu­nerados y, para rematar, a veces cobran cada tres o cuatro meses”, explicó.

Por otra parte, aprobaron que el MEC solo se dedique a la educación al aprobar el pro­yecto de ley que descentraliza las tareas de construcción de aulas y almuerzo escolar. Este documento busca que la car­tera educativa se dedique, de forma exclusiva, al desarrollo de políticas educativas y todo lo que estas conllevan, como capacitación docente, plan de contingencia ante jubilación masiva de educadores y otros.