La Contraloría General de la República (CGR), encabezada por Camilo Benítez, inició ayer la publi­cación de las declaraciones juradas de los funcionarios y contratistas vinculados a las compras realizadas en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Esto se debe a que el juez Raúl Florentín, del Juz­gado Penal de Garantías Nº 4, hizo lugar ayer a un amparo constitucional que fue promo­vido por los abogados Natalia Gagliardone dos Santos y Fede­rico Legal Aguilar.

Las declaraciones juradas de bienes, activos y rentas ya comenzó a “colgarse” ayer (no todas) en la página web de la Contraloría General de la República. También la medida judicial estipula que sean publicados los datos de todos los proveedores que se encuentren vinculados indi­rectamente a los procesos de contrataciones públicas.

De esta manera, la ciudadanía en general tendrá acceso, vía web, de las declaraciones jura­das de los ministros y encarga­dos de las Unidades Operati­vas de Contrataciones (UOC) de los ministerios de Salud, del Interior, de Hacienda, de Jus­ticia, Agricultura, Defensa y de Desarrollo Social (Tekoporá), así como de las secretarías de Emergencia Nacional, Técnica de Planificación y Anticorrup­ción. Además, deben hacerse públicas las DDJJ de los respon­sables del IPS, Clínicas - FCM (UNA), Sanidad Policial, Sani­dad Militar, INDI, SENASA, ANDE y PETROPAR, que lidera Patricia Samudio, quien hoy es muy cuestionada por la compra innecesaria de agua tónica.

Ayer de tarde, mucha gente escudriñó en la web de la CGR. Al cierre de la edición, habían cargado las DDJJ de Julio Daniel Mazzoleni Insfrán, Joaquín Roa Burgos, Carlos Alberto Pereira Olmedo, René Milciades Fernández Bobadi­lla, Mario Alberto Varela Car­dozo, Bernardino Soto Esti­garribia, Euclides Acevedo, Benigno María López y Ceci­lia Pérez Rivas.

El juez Raúl Florentín emi­tió una resolución por la que ordena que todas las DDJJ de bienes, activos y rentas sean publicadas en la página web de la institución contralora, al igual que de los proveedores que estén directa o indirecta­mente involucrados en los pro­cesos de contrataciones públi­cas que vayan a desarrollarse en el marco de la vigencia de la Ley de Emergencia Sanitaria.