Los abogados financiados por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), en el caso del asesinato de Rodrigo Quin­tana, solamente buscan un rédito político y no una repa­ración económica para la hija del desaparecido dirigente, aseguró el abogado Fabián Ramírez, quien es uno de los querellantes del supuesto res­ponsable del hecho.

“Los dos estiramos hacia la acusación de Florentín (Gus­tavo), pero pasa que tenemos finalidades distintas: yo estoy buscando una reparación eco­nómica y ellos buscan usar el proceso como campaña polí­tica. Ambos apuntamos a lle­gar al juicio oral, pero busca­mos finalidades distintas y yo no me presto a esa perse­cución política que ellos quie­ren hacer; ellos buscan usar el proceso mediáticamente para su campaña política”, expresó.

El profesional representa a un sector de los familiares de Quintana que busca la con­dena del suboficial de policía Gustavo Florentín, acusado de haber disparado en con­tra del joven político. El otro representante es Guillermo Duarte Cacavelos, quien lidera a un grupo de aboga­dos que responde a Alegre y que está muy ligado a la sena­dora Desirée Masi.

“Yo entiendo que esto es una manipulación política. La senadora Desirée Masi es una gran artífice de este caso por­que ella usó este caso en con junción con el Partido Liberal en su momento… Cacavelos está financiado por el Par­tido Liberal, es de público conocimiento, para inter­venir en representación de la mamá. No sé por qué no intervinieron como partido directamente y no a través de las víctimas, que es la fami­lia”, indicó Ramírez en otro momento.

Explicó también que Duarte Cacavelos pidió su sanción el mes pasado supuestamente porque estaba dilatando el caso al pedir que se resolviera un incidente anterior antes de dar continuidad al proceso. “A principios de febrero, Gui­llermo Cacavelos pide mi san­ción porque teóricamente yo estoy dilatando el caso. La Fiscalía, en una actitud total­mente extraña, toma y repite las palabras del mismo abo­gado en una suerte de compli­cidad. Hoy día, el juzgado me sanciona diciendo que estoy dilatando el proceso, cuando las circunstancias procesales son evidentes porque la reso­lución a la que pretenden dar cumplimiento está recurrida y no pueden llevarla adelante en estas condiciones”, manifestó. Alegó que no se considera atre­vido al pretender llevar adelante una diligencia contemplada en las leyes. “Yo estoy diciendo: no podemos hacer esto porque la resolución no está firme y dicen que yo estoy obstaculizando el proceso”, reiteró.­

La muerte del joven dirigente del PLRA Rodrigo Quintana ocurrió en la noche del 31 de marzo del 2017, durante un confuso episodio registrado en la sede de esa agrupación partidaria, ubicada en la calle Iturbe casi Teniente Fariña, de Asunción.

El líder de la Juventud Liberal del distrito de La Colmena (departamento de Paraguarí) recibió un balazo que acabó con su vida, que habría sido disparado por el suboficial Gustavo Florentín, quien con otros uniformados ingresaron al local en busca de una turba de afiliados al PLRA que habrían formado parte de la quema de la zona de acceso al Congreso Nacional.

Florentín fue acusado por la Fiscalía por homicidio doloso agravado. El 19 de febrero del 2020, el Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala, confirmó la prisión preventiva del policía Florentín, acusado de ser el autor de la muerte del joven Quintana.