Con el tope que se estableció tras revi­sar el pago de boni­ficaciones a las entidades públicas se busca ahorrar cerca de US$ 25 millones al año que se podrán redes­tinar a otras necesidades para mejorar el funciona­miento estatal.

“Ese ahorro, con el topeo, se puede destinar a muchas inversiones”, expresó el viceministro de Tributa­ción, Óscar Orué.

“Lo que se buscará es un punto intermedio o un poco más de los topes al momento del cobro. No me quiero aventurar a decir si vamos a ceder o no porque esto se va analizar, pero el diálogo es lo más impor­tante para evitar perjudi­cados”, añadió en comuni­cación con radio 1080 AM.

En una mesa de trabajo con los sindicatos se prevé lle­gar a un acuerdo o algún resultado en común, adelantó el viceministro.

Por otra parte, el actual ministro sustituto de Hacienda comentó que el ahorro se verificará con los topes del salario mínimo a las instituciones para que no afecten a los trabaja­dores y a la ciudadanía. El aumento que podría darse podría ser en el orden del 1,5% del salario mínimo.

“No va a ser para todos, esto se va a analizar caso por caso, si amerita un aná­lisis profundo y si se puede financiar con los recursos”, expresó. Desde el Gobierno aseguran que no hay mar­cha atrás sobre la decisión de ajustar los beneficios de los contratos colectivos y darle un tope a aquellos que son considerados “descabe­llados”.

Desde el Ministerio de Hacienda, a través de una reunión con los sindicatos de funcionarios públicos, iniciaron una discusión en torno a los topes que impulsa el Gobierno por el cobro de los sobresueldos altos. Mientras que un plan a largo plazo prevé que los beneficios de los funciona­rios estén estipulados en la Ley de la Función Pública, donde se tendrá una rees­tructuración partiendo de una carrera administrativa, con salario acorde a la pre­paración.

A raíz de esto se realiza­ron movilizaciones por el centro de Asunción con la idea de defender los bene­ficios salariales. A partir de ahora tendrán un plazo de 15 días para llegar a resol­ver el tema.

En el caso de que las auto­ridades no logren concretar un consenso con los sindi­catos, el Gobierno anunció que no dará marcha atrás y continuará con las limita­ciones. Y los trabajadores tendrán la opción de llegar a instancias judiciales.

Los pagos de remuneraciones extraordinarias y adiciona­les del año 2020, en el Jurado de Enjuiciamiento de Magis­trados (JEM), fueron suspendidos por una determinación establecida mediante la Resolución Nº 7/2020 emitida por el presidente Enrique Bacchetta Chiriani.

“Buscamos adecuarnos a la realidad del país y así seguir fortaleciendo la credibilidad de esta prestigiosa institu­ción”, señaló Bacchetta.

Con esta resolución se dispone de una “medida concreta de la política de racionalización del gasto público” estable­cida en la legislación vigente. Además, se suma la determi­nación de que la jornada laboral sea de 8 horas diarias, lo que establece el Código del Trabajo. La disposición afecta a funcionarios permanentes, contratados y los trasladados temporales.