El presidente del Par­tido Liberal Radi­cal Auténtico y ex senador, Efraín Alegre, lleva sobre sus espaldas una pesada mochila con denun­cias de corrupción y distin­tas irregularidades durante toda su carrera política, pero que están impunes por la sim­ple razón de que no pasaron del archivo del Ministerio Público.

Por citar solo algunos de los hechos que se le atribuyen y que habrían ocasionado millo­narios perjuicios, está el caso de la obra de la Ruta 13, más conocida como “La ruta de la mentira”; compras irregula­res para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC); anticipos no avala­dos por la legislación y hasta pagos para cuestiones perso­nales con dinero del PLRA y finalmente la quiebra de su partido. Estas son algunas de las tantas irregularidades no esclarecidas de su parte.

En el 2009, el ex candidato a presidente de la República aceleró el proceso de licitación para la realización de la Ruta 13, que uniría las ciudades de Caaguazú, Yhú y Vaque­ría. El primer tramo de 32 km fue adjudicado al consor­cio Cotafel y en diciembre de ese mismo año iniciaron los trabajos. Ya en el 2010 se licitó el segundo tramo y una vez más la oferta presentada por Cotafel fue la seleccionada. Representantes manifesta­ron que la obra se inició en el primer semestre de ese año, sin embargo, entre el 2010 y el 2011 los trabajos fueron aban­donados sin siquiera haber alcanzado el 30% del total.

El presupuesto total para la obra terminada fue de US$ 37 millones, de los cuales un anticipo de US$ 7 millo­nes fue entregado a Cota­fel por autorización de Ale­gre. Cecilio Pérez Bordón, el ministro sucesor del actual presidente del PLRA, rescin­dió el contrato con el mencio­nado consorcio y Alegre fue denunciado ante el Minis­terio Público por lesión de confianza, estafa y tráfico de influencias, pero nunca se for­muló imputación en su contra.

La “ruta de la mentira” es solo una de las tantas herencias de la gestión de Alegre. Una auditoría realizada tras apar­tarse del cargo develó varios hechos sospechosos, pero que tampoco fueron indagados a profundidad. Uno de ellos es la compra de resmas de papel por la exuberante suma de G. 1.100 millones, pero aun así el MOPC quedó desabastecido.

Además, fueron contratadas empresas para la reparación de equipos viales y se abonaron G. 26.000 millones, pero en las facturas no constaban los detalles de los trabajos hechos.

Los cuestionamientos más recientes ya corresponden a su gestión como presi­dente del PLRA. En el 2018 fue denunciado ante la Fis­calía sospechado de malver­sar fondos del partido, luego de hallarse facturas corres­pondientes a pagos particu­lares, como honorarios del abogado Guillermo Duarte Cacavelos, quien ejercía su defensa.

Esta situación se agravó aún más, cuando en diciembre pasado el titu­lar del Senado, Blas Llano, confirmó que el Partido Libe­ral estaba en quiebra. Dijo contar con docu­menta­ciones y no des­cartó una denuncia penal contra Ale­gre. Este último desequili­brio financiero en carpas azu­les es un drama que todavía generará mucha crispación. No es para menos, ya que la deuda asciende a aproxima­damente G. 34.000 millones.