El interventor de la Municipalidad de Benjamín Aceval, Aldir Rojas, se refirió a los puntos más importantes del informe final de audi­toría, resaltó que una de las irregularidades encontra­das tiene que ver con dife­rentes informes contables que eran enviados a entida­des de control externo como el Ministerio de Hacienda y Contraloría General de la República, los conteni­dos que enviaba a la Junta Municipal eran distintos.

Luego de tres meses de pro­cedimiento, se arrojó como resultado once denuncias supuestamente compro­badas contra la gestión del intendente Óscar Duarte, intendente que está apar­tado del cargo mientras dure la intervención. Se tuvo que realizar un rele­vamiento de 5 ejercicios fis­cales, dentro de los aspec­tos jurídicos, financieros y fiscales. Se presentó un informe con 3.000 páginas de once puntos.

En contacto con la 970 AM, el interventor explicó que se proponía rubros y gas­tos distintos en los infor­mes, así también las asig­naciones no realizaban bajo la Ley de Contrata­ciones Públicas, y la falta de rendición transparente de las cuentas del Consejo de Salud, presidido tam­bién por el intendente. “No existen respaldos presu­puestarios de gastos que se estaban realizando”, indicó.

Así se lograron comprobar varios de los hechos denun­ciados como los reportes que se dieron en el primer cuatrimestre del 2019; podrían ser considerados como perjuicio patrimonial más de G. 1.000 millones. “Se realizó el corte admi­nistrativo y se finalizaron los procesos de gestión de administración”, añadió.

El daño patrimonial y las graves irregularidades en contra del municipio se die­ron por la erogación en con­cepto de supuesto traslado y disposición final de resi­duos al vertedero municipal, sin contar con presupuesto para su financiamiento e incumpliendo la Ley 2051 de Contrataciones Públi­cas, evadiendo la obligato­ria autorización de la Junta Municipal, todo esto exis­tiendo una empresa que cobra al usuario por la reco­lección de basura.

Ahora, el informe final del interventor fue remitido al Ministerio del Interior, el cual, a su vez, debe reen­viar el documento al Con­greso Nacional para some­ter a votación en Cámara de Diputados sobre la destitu­ción o permanencia de Óscar Duarte en el cargo.