• POR LOURDES PINTOS
• Periodista
• lourdes.pintos@gruponacion.com.py

Funcionarios contra­tados de la Dirección Nacional de Correos del Paraguay (Dinacopa) se comunicaron ayer con nuestra redacción para reclamar que hace más de dos meses la insti­tución en cuestión no les paga el salario correspondiente. Sostienen que la explicación dada por las autoridades es que no cuentan con recursos para finiquitar los pagos. Sin embargo, y a diferencia de la situación por la que atravie­san los colaboradores, ellos cuestionan que para otros sí tienen recursos, como es el caso del señor Ronald Díaz, esposo de la asesora jurídica Delia Noemí Guerrero, que percibe G. 100 millones men­suales.

Destaquemos que la Ley 1.626/2000 “De la Función Pública” prohíbe al funcio­nario público intervenir en la obtención de concesiones del Estado o de cualquier privile­gio para beneficio propio o de terceros. A pesar de esta prohi­bición, la pareja de la funciona­ria es proveedor de la Dinacopa y mes tras mes percibe en fecha más de G. 100 millones por el servicio de transporte de cau­dales que presta a la entidad.

Los afectados que no perci­ben sus sueldos son aproxi­madamente 140 personas, ya que solo cobraron hasta el mes de agosto. Todavía están pendientes los salarios de los meses de setiembre y de octu­bre. Según manifestaron nues­tras fuentes, las autoridades les prohíben que mencionen algo al respecto, caso contra­rio podrían sufrir algún tipo de represalias dentro del ente.

El incumplimiento en el abono de los salarios de los funcio­narios contratados no sería el único problema dentro de la Dirección Nacional de Correos. Además, tampoco estarían al día con el pago del seguro médico y las bonifi­caciones de los jefes, quienes deben cobrar un adicional por responsabilidad del cargo que ocupan.

En el caso del pago por el seguro médico, nuestra fuente comenta que como la Dinacopa no paga a ningún centro asis­tencial o aseguradora médica, cada funcionario recibe por mes la suma de G. 300 mil para que ellos mismos contraten el servicio que consideren el más adecuado para cada uno (sobre esto no hay ningún control, ya que no están obligados a ren­dir el importe recibido). Es con este abono con el que tampoco están cumpliendo.

Según las manifestaciones dadas a La Nación, recién el pasado viernes 1 de noviem­bre se pagó el correspondiente al mes de setiembre y todavía queda pendiente el pago por el mes de octubre. En cuanto a las bonificaciones por responsa­bilidad del cargo de los jefes, se habría pagado solo hasta julio; todavía se adeuda por los meses de agosto, setiem­bre y octubre.

Otro punto no menos impor­tante que cuestionan los propios funcionarios es que dentro de la institución hay una impor­tante cantidad de comisionados de otras instituciones públicas. No están en contra de esto, pero manifiestan que si realmente el ente está con problemas econó­micos, lo que deberían hacer es tomar medidas a modo de recor­tar algunos gastos prescindi­bles, como el caso de los comisio­nados, quienes cada mes reciben sus bonificaciones y remunera­ciones extraordinarias.

Víctor Agüero, asesor general de la Dinacopa, en un grupo de Whatsapp en el que están funcionarios del ente, intentó mini­mizar la publicación de ayer del diario La Nación, en la que se denuncia que Ronald Díaz, esposo de la asesora jurídica de Correos, Delia Guerrero, fue contratado de forma directa como proveedor de la institución a pesar de las prohibiciones legales. Agüero sostuvo que la prensa solo pretende crear divisiones y debilitarlos como institución.

Intentamos obtener su versión, pero no atendió la llamada, aunque sí respondió el mensaje de Whatsapp en el que dijo que hoy “probablemente” estarían lla­mando para “dar fecha de audiencia”. El director de la Dinacopa, Luis Servín, tampoco atendió la llamada ni respondió el mensaje (lo dejó en visto).