El intendente de Villa Elisa, Ricardo Esti­garribia (PLRA), está siendo actualmente investi­gado por el Ministerio Público por supuesto desacato judi­cial. Según refieren los docu­mentos, el municipio no dio cumplimiento a una orden judicial del Juzgado de Pri­mera Instancia en lo Laboral de Fernando de la Mora, que dispuso el levantamiento de la suspensión de actividades de la empresa arenera Villa Elisa, situada en la mencio­nada ciudad.

La causa en cuestión se ini­ció en agosto del año pasado (2018), cuando, a través de una resolución, desde la municipalidad se tomó la decisión de clausurar la men­cionada empresa, supuesta­mente por carecer de habilita­ción de la entonces Secretaría del Ambiente (Seam). Sin embargo, los propietarios indicaron que contaban con todos sus documentos en regla, incluso con la habili­tación de la Seam, pero que esta institución se les había retirado el permiso supues­tamente a pedido de la dipu­tada Kattya González.

Tras lo ocurrido, la Dirección General de Control de Cali­dad Ambiental y de los Recur­sos Naturales, del Ministe­rio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), llevó a cabo un sumario admi­nistrativo a la empresa y su conclusión fue que no había impedimentos para que esta siguiera operando con total normalidad. A pesar de que ya estaban al día con todas las documentaciones, la admi­nistración de Estigarribia se negó a levantar la suspensión emitida por el municipio.

Ante las constantes negati­vas y luego de varios procesos judiciales, el representante legal de la arenera, el abo­gado Diego Miltos, presentó un pedido de amparo en con­tra del municipio el 8 de enero de este año (2019). Dos meses después, el 8 de marzo, la jueza Fátima Carolina Acuña resolvió hacer lugar al pedido y dispuso el levantamiento de la suspensión en un plazo no mayor a los cinco días; esta disposición fue aparente­mente ignorada por Estiga­rribia y, a pesar de la orden, la empresa hasta la fecha conti­núa clausurada.

Luego de más de cuatro meses de haber emitido el fallo a favor de la arenera Villa Elisa, la jueza Acuña emitió el oficio Nº 66 de fecha 30 de julio del año en curso, en el que soli­cita al fiscal de turno que pro­vea los recaudos necesarios a fin de dar cumplimiento a la Ley 4.711/12, que sanciona el desacato a una orden judicial.

Este pedido fue a parar a la Unidad Penal Nº 3, a cargo de la fiscala Egidia Gómez Bap­tista. A pesar de que en la misma fecha su asistente fis­cal, la abogada Lourdes Lla­mosas, respondió al pedido de la jueza manifestando que por expresas instrucciones de la fiscala se daba por iniciada la investigación, pero hasta la fecha no hay ningún resul­tado al respecto. Por ende, la empresa sigue sin poder ope­rar. Intentamos hablar con la fiscala, pero se justificó diciendo que estaba en juicio y que devolvería la llamada, pero no hubo retorno.