Directivos de la Fundación Kolping Paraguay se niegan a abandonar un inmueble ubicado en Fernando de la Mora, que ocupan desde hace cinco años, y tampoco pagan el alquiler, según denunció a La Nación Juan Manuel Casco. A consecuencia de la situación y la falta de definición del caso por parte de la Justicia, que permite la dilación del mismo, falleció hace días atrás el propietario del lugar, Nelson Aguilera, víctima de un ataque cardiaco, indicó el denunciante.
“Ellos tenían un contrato de alquiler que feneció el 27 de octubre del 2014. El dueño del inmueble le envió un colacionado a fin de comunicarle que ha vencido el contrato y le pidió que le devuelva su casa. En caso contrario, debería volver a firmar un nuevo contrato por una suma estipulada. Estamos casi a cinco años. Allí comenzó el calvario del señor Nelson Aguilera”, relató el denunciante.
Tras el colacionado, la Fundación Kolping se desentendió de la causa. Entonces, Aguilera acudió al juzgado de Fernando de la Mora porque ahí se encuentra el inmueble para iniciar un juicio de desalojo (2017). “Posteriormente, esta gente le recusa al juez porque le dicen que no es competente. El juez recurre al Tribunal de Apelación de San Lorenzo para que los magistrados superiores decidan si corresponde o no su competencia y el tribunal le dice que le corresponde el caso (juez José Fernandez). Ahí empiezan los incidentes”, mencionó Casco.
Agregó que los abogados de la mencionada organización, encabezados por Marcial Bordas, recurren permanentemente a chicanas para evitar el desalojo o el pago del alquiler correspondiente. En el grupo estarían influyentes profesionales del derecho, algunos de los cuales están ligados al Partido Democrático Progresista (PDP), como Guillermo Duarte Cacavelos.
“En el 2017 se inicia el juicio por cobro de alquileres para poder cobrar a Fundación Kolping y/o Olaf Christian Von Brandestein. Nuevamente le recusan a la jueza. Brandestein asegura que no le corresponde porque la responsable es la Fundación Kolping, mientras esta dice que Brandestein es el responsable. Son algunos de los argumentos a través de los cuales consiguen paralizar completamente el proceso”, expresó también Casco.
JUEZ AMENAZADO
Cabe mencionar que cuando ya estaba por salir el desalojo, el abogado de la institución (Bordas) recurre a la Corte Suprema de Justicia pidiendo la inconstitucionalidad. La Corte rechaza “in limine” la acción y le faculta al juez a ejecutar el desalojo, pero todo quedó ahí. “El juez José Fernández de Fernando de la Mora tiene en su despacho el caso, quien incluso fue amenazado, indicándosele para que se cuide de dictar una sentencia de desalojo”, aseguró el denunciante.