El Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces María Fernanda García, presidenta del colegiado; Cynthia Lovera y Juan Carlos Zárate, absolvió de culpa y pena al senador liberal Enrique Salyn Buzarquis, quien fue acusado de lesión de confianza. En sus alegatos finales, la fiscala Victoria Acuña solicitó la condena de 5 años de pena privativa de libertad, pedido que fue rechazado por los jueces de Sentencia.
El colegiado concluyó que el Ministerio Público no pudo probar el hecho punible de lesión de confianza, por lo que corresponde absolver de culpa y pena al acusado Buzarquis, explicó la presidenta del colegiado.
Por su parte, el legislador indicó que se hizo justicia y que no ocasionó ningún perjuicio al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
En sus alegatos finales, la representante del Ministerio Público solicitó la pena de 5 años de cárcel con base en todos los elementos que se recolectaron durante la investigación fiscal.
ANTECEDENTES
Según la investigación realizada por la fiscala Victoria Acuña, Buzarquis comprometió US$ 600.000 de los recursos del Estado (en el 2012) sin autorización de la Presidencia de la República. La fiscala Victoria Acuña sostuvo en su acusación que Buzarquis, cuando ocupó la titularidad del MOPC durante el gobierno de Federico Franco, firmó un acuerdo entre la cartera estatal y la empresa italiana Anas SPA, además de celebrar dos convenios específicos para realizar estudios en el Chaco y en Ñeembucú.
A raíz de ello, el hoy acusado obligó al Estado paraguayo a abonar la suma de US$ 500.000 para la realización de trabajos en el Chaco, contraprestación a cargo del MOPC, y 100.000 dólares en el departamento de Ñeembucú, contraprestación a cargo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), a pesar de que dichos estudios ya fueron realizados con anterioridad, según un informe del departamento de Viabilidad del MOPC, explica el documento. Así, Buzarquis habría ocasionado un perjuicio al Estado de US$ 600 mil. El pago a la empresa italiana Anas no se realizó, pues la administración de Ramón Jiménez Gaona (anterior ministro de Obras Públicas) denegó el pago en el 2014.