La Cámara de Diputa­dos finalmente deci­dió dejar sin fueros al diputado por el departa­mento de Paraguarí, Miguel Cuevas, con 55 votos a favor. El legislador quedó a disposición de la Justicia para sobrellevar su caso con la Fiscalía General que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

El pedido fue enviado por el juez penal Tadeo Fernández y fue el mismo Cuevas quien solicitó su tratamiento, pero fue postergado en dos oca­siones por falta de quórum. Durante el tratamiento dijo: “Quiero ponerme a disposi­ción de la Justicia, creo que tarde o temprano todo esto se aclarará”.

Sin embargo, aseguró que nunca incurrió en actos ile­gales siendo administrador de una entidad del Estado. Igualmente, considera que la carpeta fiscal tiene algu­nos errores, pero espera que los encargados de liderar la investigación actúen de la mejor manera.

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En esta oportunidad, fue uno de los primeros puntos en ser tratados en la sesión extraor­dinaria de ayer en Diputa­dos luego de varios intentos; obtuvo los 55 votos a favor, sin ningún voto en contra y con 2 abstenciones.

El Ministerio Público imputó al legislador porque detectó una desproporción en sus ingresos que superan los G. 1.700 millones. El período de investigación patrimonial se basó entre el 2009 y el 2019, años en los que se desempeñó dentro de la función pública.

La investigación al ex gober­nador de Paraguarí es por los supuestos hechos de enri­quecimiento ilícito, lesión de confianza y cobro indebido de honorarios de la esposa del mismo. La Fiscalía detectó un total de 14 inmuebles que pertenecen al legislador tras acceder a su declaración jurada de bienes.

Hay sospechas de que Cue­vas podría salvarse de ir a la cárcel, considerando que sería blanqueada su situa­ción al lograr que su caso sea juzgado en Paraguarí. Su hijo Enzo presentó un recurso de excepción de incompetencia de jurisdicción. Cabe recordar que además del diputado, tam­bién fueron imputados su hijo Enzo por supuesto enriqueci­miento ilícito (en carácter de cómplice) y su esposa, Nancy Florentín, por sospechas de cobro indebido de honorarios y uso de certificado de méritos y servicios de contenido falso.

Los diputados también apro­baron la conformación de la comisión especial para estu­diar la solicitud de interven­ción de las municipalidades de Benjamín Aceval, Coro­nel Martínez y Colonia Inde­pendencia.

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