Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, prófugos de la Justicia paraguaya, se entregaron ano­che voluntariamente a la jueza penal número 34 de Montevi­deo, Uruguay, y se encuen­tran con prisión preventiva en la mencionada ciudad. Los mismos argumentaron ante la jueza número 34 de Montevi­deo que están con trámite de refugio político.

La fiscala general del Estado, Sandra Quinóñez, a través de su cuenta de Twitter, señaló que “la Fiscalía de Uruguay nos informó que los prófu­gos de la Justicia de Paraguay Arrom, Martí y Colmán ya están demorados en el Juzgado Penal de Montevideo”.

De esta manera la justi­cia uruguaya está obligada a solicitar informes a la Comi­sión de Refugiados en Uru­guay (CORE), que estaría pro­nunciándose sobre los datos actuales de los tres paragua­yos, y posteriormente estarían remitiendo un dictamen sobre la situación de la petición. La jueza competente en mate­ria penal en Uruguay deberá expedirse sobre la extradición y no la CORE, informó el fis­cal de Asuntos Internaciona­les, Manuel Doldán.

“El próximo miércoles, luego de la audiencia, vamos a tener conocimiento con certeza del estatus actual y del trámite de petición de refugio que ellos habían hecho el pasado 16 de junio, y si el juzgado penal de Uruguay confirma que está en curso el pedido de refugio; el pedido pasará a la jueza de com­petencia penal que entiende sobre la extradición; en caso de que decida el refugio, queda suspendida la extradición, y de no aceptarse el refugio político se dará la extradición”, explicó Doldán. Con esto se descarta la figura de la expulsión porque no solo se habla de un proceso judicial de extradición sino de una situación vinculada a una petición de refugio, mencionó el fiscal.

Por su parte, el ministro del Interior, Juan Ernesto Villa­mayor, informó que según los datos que maneja, Arrom, Martí y Colmán están dete­nidos en Montevideo. “Tene­mos constancia de que la docu­mentación para pedir refugio a Uruguay son datos falsifi­cados”, indicó. Aclaró tam­bién que Paraguay como Uru­guay pueden utilizar la vía de la extradición y la expulsión, y que es la Fiscalía General del Estado la que tiene que llevar adelante el rol peticionante de nuestro país.

Villamayor sostuvo que el pre­sidente de la República, Mario Abdo, estaba ya enterado de la noticia y que se mostró muy contento con el trabajo rea­lizado por las diferentes ins­tituciones del Paraguay y del Uruguay.

Sergio Coscia, procurador general de la República, declaró anoche a los medios que el Gobierno paraguayo contrató a un abogado uruguayo para dar cumplimiento a la extradición de los tres prófugos de la Justicia. Recordó que el fis­cal Federico Delfino estuvo en Uruguay gestionando la extra­dición. Adelantó que Paraguay peleará en todas las instancias para ponerlos a disposición de la Justicia.

“Lo que sí quiero dejar en claro es que, en esta situación pro­cesal, existiendo un pedido de extradición, quien decide el estatus de refugiado es el juz­gado, no la Comisión. Es el juz­gado que tiene que decidir si da el refugio o no. Pero se trata de prófugos de la Justicia. Todas las instituciones han arrimado las documentaciones perti­nentes. Ellos deberían seguir el proceso guardando prisión preventiva y mientras dure el proceso de extradición tiene que darse la prisión preven­tiva”, explicó.

El 16 de noviembre del 2001, María Edith Bordón de Debernardi fue secuestrada en Asunción, y fue liberada tras 64 días de cautiverio (19/01/02). Para la mayoría marcó el inicio de “la industria del secues­tro” por parte del EPP, brazo armado del movimiento Patria Libre de tendencia marxista liderado entonces por Juan Arrom y su “cama­rada” Anuncio Martí, entre otros. Desde un principio, fueron acusa­dos de ser los principales sospechosos de aquel secuestro.

El 30 de enero del 2002, Arrom y Martí aparecieron en las afueras de Asunción y llevados al sanatorio Migone por familiares. Un grupo de médicos de confianza encontraron supuestamente rastros de tortura y sangre. Se encontraban desaparecidos desde el pasado 17 de enero del mismo año. En sus declaraciones, dijeron que fueron torturados por agentes de la Policía. La Justicia dictó orden de captura por el secuestro de María Edith y en ese año ambos decidieron escapar al Brasil, donde obtuvieron el estatus de refugiados.

Estando como en Brasil, Arrom y Martí tramitaron una demanda con­tra el Estado paraguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) y reclamaron una indemnización de US$ 120 millones. Sin embargo, este año la Corte-IDEH concluyó que no había elementos para considerar que habían sido torturados por los orga­nismos de seguridad paraguayos, por lo que desestimó la indemni­zación “simbólica”. Posteriormente el Conare del Brasil les retiró el estatus de refugiados y decidieron huir hacia el Uruguay. Esto, ante la inminencia de un arresto por parte de la Iterpol, ya que Paraguay tramitó formalmente el pedido de captura internacional con fines de extradición para que rindan cuenta ante la justicia paraguaya.